La resolución aprobada el pasado veintiuno de octubre en la 50 reunión ordinaria de cancilleres en la Organización de Estados Americanos (OEA), con el nombre de “El restablecimiento de las instituciones democráticas y respeto a los derechos humanos en Nicaragua por medio de elecciones imparciales y justas’’, ha desatado una cantidad de opiniones de todo tipo. Al momento de escribir este artículo, no hay un solo político, analista político, politólogo u opinólogo que no haya externado su opinión, las que van desde las que consideran a la OEA como cómplices del orteguismo, hasta los que les echan la culpa a nuestros políticos criollos por no haber sabido presionar lo suficiente a dicha organización.
La verdad es que todos hubiésemos querido que en la resolución se declarase ilegítimo al gobierno de Ortega, que le hubieran aplicado la Carta Democrática o inclusive que le hubiesen pedido a la ONU que enviasen a sus cascos azules, pero la verdad es que la política internacional no actúa de esa manera. De todas las opiniones vertidas al respecto, voy a compartirles un extracto de la externada por el exvicecanciller José Pallais, pues a mi juicio es una de las más ponderada. Pallais asegura que la fecha de mayo del 2021 para que estén implementadas todas las reformas, se debe a que los observadores internacionales necesitan un mínimo de seis meses para poder prepararse y observar las elecciones con eficiencia. Ya que de no ser así no se involucrarían, pues para poder hacerlo tienen que asegurarse que las condiciones de las elecciones se den bajo estrictos estándares democráticos. Lo que significaría que tanto la OEA como la Unión Europea y el gobierno norteamericano, entre otros, desconocerían dicha elección de no cumplir con esos estándares democráticos establecidos; así lo aseguró a la prensa nacional el embajador de EE. UU. en la OEA Carlos Trujillo. En pocas palabras, Daniel Ortega para mayo del 2021 tiene que haber hecho cambios generando las condiciones habilitantes, que restablezcan nuestras garantías ciudadanas y autorizado una observación electoral sin restricciones de ningún tipo, so pena de ser desconocido.
Ante esta realidad política, no valen lamentos ni lágrimas de cocodrilo, la tarea que tenemos por delante para lograr derrocar la dictadura va a requerir de honestidad y esfuerzo conjunto para construir la unidad que el pueblo nos está demandando. El que comience a poner obstáculos o pretextos para no unirse, desde ya debemos desenmascararlo y exponerlo ante la opinión pública nacional e internacional como cómplice de la dictadura. Para que esto funcione hace falta algo por lo que he venido abogando hace meses, pero desgraciadamente nuestros dirigentes, sin excepciones, se hacen los suecos y ponen oídos sordos. Me refiero a un decálogo en donde todas las organizaciones beligerantes de la sociedad civil y los partidos políticos se comprometan a cumplirlo. Este compromiso sería el de no participar en las elecciones del 2021, si no se han excarcelado a todos los presos políticos, si no se han restituido todos nuestros derechos civiles, entre ellos, el de manifestación y el de libre circulación, solo por nombrar algunos.
Si vemos hacia atrás podremos darnos cuenta que, en las elecciones de 1990, 1996 y del 2001, a pesar de no haberse logrado una unidad monolítica, el pueblo votó en una sola dirección, dejando de lado a los partidos zancudos cómplices del orteguismo. Si a partir de ahora —en vez de estarnos quejando— hacemos bien nuestra tarea, pueden estar seguros de que seguiremos contando con el total apoyo de la comunidad internacional en nuestro esfuerzo por sacudirnos la dictadura.
Para finalizar, quiero recordarles una frase de Platón, el filósofo griego que hace más de dos mil quinientos años dijo: el precio por no participar en política es ser gobernado por hombres inescrupulosos. A lo que yo le agrego, y que terminan convirtiéndose en dictadores.
El autor es comentarista político.
