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Las exigencias de reformas electorales y los plazos para ejecutarlas, establecidas al régimen de Daniel Ortega por parte de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) son posibles de cumplirse antes de las elecciones nacionales previstas en noviembre del 2021, aseguraron expertos en temas electorales, y aseguran que las mismas puedan ser desarrolladas para dichos comicios.
Es urgente que los cambios al sistema estén listos cuando se convoque a las elecciones o a más tardar en mayo del próximo año, es decir cinco meses antes de la celebración de las elecciones del 7 de noviembre.
El gran obstáculo—afirmaron los analistas José Antonio Peraza y Eliseo Núñez—, es que dependerá de la voluntad política del dictador Ortega si se somete a las reglas impuestas por la OEA, o si decide ignorarlas y más bien refuerza el control político partidario del Consejo Supremo Electoral (CSE) y de todas sus estructuras, para asegurarse un nuevo fraude y así retener el poder en Nicaragua, aún cuando eso le cueste que los resultados no sean reconocidos por la comunidad internacional y termine declarándolo un presidente sin legitimidad.
La resolución de la OEA no establece consecuencias para el régimen si ignora el plazo, como ha hecho antes.
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La Asamblea General de la OEA en su resolución plantea la necesidad de cambios profundos al sistema electoral nicaragüense, «significativos y coherentes con las normas internacionales aplicables», que permitan elecciones libres y justas, que restauren la confianza de los ciudadanos en que su voto será respetado.
Dependen de la voluntad política del dictador
Entre los cambios «esenciales» para la OEA está la reestructuración del CSE, y aunque no se especifica que sean nombrados nuevos magistrados, para los analistas el lineamiento es precisamente que haya nuevos árbitros, porque los actuales son funcionarios que han perpetrado fraudes electorales en anteriores comicios para mantener al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el poder.
José Antonio Peraza, miembro del Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE) y cuyas propuestas de reformas electorales fueron retomadas en la resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA, valoró que mayo del 2021 «es un tiempo demasiado largo», si se quiere la transformación total del aparato electoral como se ha demandado. Sin embargo, Peraza cree que es posible tener listas las reformas en el plazo establecido, para que el proceso electoral de noviembre 2021 sea conforme las nuevas reglas, pero si empiezan «a negociarse ya».

Reformas deben empezar a discutirse en noviembre
«El tema electoral se comenzará a tocar en noviembre y estamos tarde. Un tema complejo, quizás el más complejo, es sustituir a los magistrados, porque depende de que Ortega quiera. Las reformas se hacen en 15 días si hay voluntad, y ser operativas para cuando se convoque a las elecciones. Pero de nada servirían unas reformas en las condiciones en que estamos en Nicaragua, donde cada vez se restringen más derechos políticos y libertades», aseguró Peraza.
La resolución sobre Nicaragua fue respaldada por 20 de los 34 representantes de los Estados miembros de la OEA, que participaron en la reunión anual, que este año fue virtual debido a la pandemia del Covid-19.
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Los puntos esenciales del documento son «instar» a que el régimen de Ortega «acepte el despliegue amplio y efectivo de misiones de observación electoral» integradas por observadores independientes y acreditados; que la Secretaría General de la OEA «apoye negociaciones incluyentes y oportunas» entre la dictadura y «los actores nacionales, que representan a la oposición nicaragüense», sobre una «reforma electoral significativa y coherente con las normas internacionales aplicables». Además, la OEA debe prestar asistencia técnica para implementar esas reformas.
Los mecanismos establecidos por la OEA corresponden a las propuestas hechas por el GPRE, respaldadas por la mayoría de movimientos y partidos opositores en la Coalición Nacional, Alianza Cívica y respaldadas por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), además de importantes actores de la sociedad civil.

La clave es el Padrón Electoral
Los cambios «críticos» que deben suceder en el sistema electoral nicaragüense son «la modernización y reestructuración» del CSE para que «funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable».
Es fundamental además que haya un «examen técnico independiente» para efectuar «la actualización de los registros de votación y una auditoría independiente de las listas de votantes». Y que ese registro de votantes «sea transparente y efectivo», que incluya la entrega de las cédulas de identidad; que se garantice el recuento transparente de los resultados, y su publicación en tiempo real, entre otros aspectos.
Todo eso implica la depuración del Padrón Electoral, que es una de las demandas históricas de los organismos y opositores, además de organismos de observación electoral nacionales como internacionales, para quitarle la posibilidad al Frente Sandinista de seguir manejándolo a su conveniencia.
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Un ejemplo de estas irregularidades son los cambios discrecionales de circunscripción a ciudadanos que apoyan a los partidos opositores para impedir que voten, o manteniendo en los listados a personas que han muerto para, posteriormente hacer que aparezcan como votantes activos a favor del orteguismo.
Eliseo Núñez, exjefe de la campaña presidencial de Fabio Gadea en 2011, ve posible que, aunque son complejas, esas reformas estén listas en mayo y puedan ejecutarse para las elecciones de noviembre del 2021, siendo el tiempo justo para que el proceso de los comicios pueda ser transparente. «El problema del sistema es que es altamente discrecional, donde los procedimientos dependen de la voluntad de los magistrados, quienes sabemos hacen lo que Ortega les manda», dijo Núñez.
No se puede apurar depuración del Padrón Electoral
La depuración del Padrón Electoral no puede hacerse antes de abril, porque sería demasiado temprano para que se registren los ciudadanos que en el 2021 cumplirán los 16 años, que es la edad para votar de acuerdo con la Constitución y la Ley Electoral. Pero tampoco, según el analista, puede hacerse hasta en agosto porque sería muy tarde para que empiecen los ciudadanos a verificarse y validar su participación en las elecciones.
«La depuración del Padrón Electoral no puede ser ni tan tarde en agosto, ni tan temprano en abril, por una razón sencilla y es que el Calendario Electoral cierra la emisión del Padrón 90 días antes de las elecciones, lo que significa que el próximo año ese plazo se cumpliría el 6 de agosto, por lo que arriesgás que quien no esté inscrito no pueda votar. Por eso no podés hacer la verificación antes, porque el Padrón no se entrega en mayo, porque aún no incluirían a los nuevos votantes ya inscritos, ni la proyección de votantes de noviembre», explicó el especialista Núñez.
Difícil que la dictadura acepte
Sin embargo, Núñez no cree que el dictador Ortega acepte las condiciones de la OEA, «porque su estrategia está centrada en fracturar completamente a la oposición debido a los problemas que estamos teniendo para unificar una alianza para enfrentar al FSLN en los comicios del 2021».
«El objetivo de Ortega es escoger a sus contrincantes y siente que la oposición se va a desgastar en estos meses, sobre todo cuando deban seleccionar a los candidatos. Ahí buscará pulverizar el liderazgo opositor, desprestigiando a la figura que tenga mayor aceptación, echando preso o inhibiendo con la ‘Ley Putin’ (de Agentes Extranjeros) a la persona que logre captar el apoyo de la mayoría de los ciudadanos que quieren un cambio en este país», aseguró Núñez.
Por tanto, lograr que las reformas electorales que la OEA ha planteado suponen también un reto para la oposición, en unirse «en una coalición, alianza o como se llame», pero a la vez aumentando la capacidad de presión interna, sabiendo aprovechar la debilidad presupuestaria que enfrenta Ortega para mantener el clientelismo político, así como las fisuras internas en el FSLN, aseguró Núñez.
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