Por ostentar el cargo de presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega es constantemente cuestionado por sus largas ausencias públicas, la última de casi 40 días. Pero los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), que representan otro poder del Estado, también han estado ausentes de la vista pública este año.
La última vez que fueron vistos fue el pasado 9 de enero, en la apertura de la XXXVI Legislatura de la Asamblea Nacional, una actividad protocolaria para comenzar el año 2020. Desde entonces no han aparecido públicamente, aunque el tema electoral es el pan de cada día para los adversarios políticos de Daniel Ortega.
Todos los días los opositores denuncian lo mal que está este poder del Estado: totalmente controlado por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); sin credibilidad alguna, promotor de fraudes electorales y un sinnúmero de irregularidades administrativas. Sin embargo, los magistrados electorales no salen para defenderse, aclarar, explicar o al menos responder.
Siete son los cargos de magistrados electorales propietarios y tres suplentes. Actualmente hay un cargo vacante desde la renuncia de Roberto Rivas en mayo de 2018, después de que fuera sancionado por Estados Unidos en diciembre de 2017.
Para los críticos, la ausencia de los magistrados electorales es un reflejo de la concentración de poder del régimen de Ortega. Los magistrados del CSE no actúan con autonomía como lo manda la Ley, sino que están supeditados a los intereses del orteguismo. No es casualidad que cinco de los seis magistrados propietarios son militantes sandinistas: Lumberto Campbell Hooker, Emmett Lang Salmerón, Judith del Socorro Silva Jaen, Norma Moreno Silva y Mayra Antonia Salinas Uriarte.
“Ellos están a la expectativa de las decisiones políticas que tomen desde El Carmen (casa de Ortega), para recibir instrucciones de como proceder, cuando debería ser un proceder totalmente independiente y apegado a las normas y a los procedimientos”, expresó Guillermo Incer Medina, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Incer manifestó que antes de las próximas elecciones de autoridades nacionales, el 7 de noviembre de 2021, los actuales magistrados del CSE deben ser removidos y sustituidos por personas honradas, honestas, con experiencia en la materia electoral y que gocen de la confianza de la ciudadanía para dirigir las próximas elecciones. Y lo mismo debe ocurrir con todos los funcionarios de la estructura departamental, municipal y regional.
“Habría que depurar toda la estructura del CSE actual, porque está plegada al partido de gobierno y eso no da ninguna garantía de procesos electorales competitivos. La remoción de los cargos tiene que ser total: en los magistrados y en los consejos departamentales y municipales, para que pueda retornar poco a poco la confianza en el CSE”, agregó Incer.
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Ausencia premeditada
El politólogo José Antonio Peraza dijo que la ausencia de los magistrados es premeditada, para no rendir cuentas sobre sus actuaciones, aunque el país esté a las puertas de las elecciones nacionales.
“El órgano electoral no es para aparecer solo el día de las elecciones. El órgano electoral tiene que estar informando, tiene que estar haciendo publicaciones, tiene que comunicarse permanentemente con los partidos políticos y con la ciudadanía. Tiene que rendir cuentas de cómo gasta el dinero, cómo va a invertir el dinero, cuánto le dio el Presupuesto General de la República…”, dijo el politólogo.
Peraza agregó que esa situación convierte al CSE en una “oficina del Ejecutivo” y “por tanto sus determinaciones no obedecen a la Ley Electoral, sino a satisfacer las necesidades y caprichos del Ejecutivo”, que encabeza Ortega y su esposa Rosario Murillo.
“Como el Ejecutivo no tiene seguro lo que va a hacer; cuáles son las reformas electorales que va a hacer; cuándo va a llamar a hacer reformas electorales o cuándo va a llamar a iniciar un proceso de negociación para transformar ese poder del Estado, entonces ellos están de brazos cruzados, porque ellos se van a empezar a mover cuando Daniel Ortega les diga que ya va a iniciar el proceso”, dijo el politólogo.
En cuarentena
Luisa Molina, enlace de la Cordinadora Civil e integrante de una corriente opositora denominada Retorno al Grito de Abril —que no cree en elecciones con Ortega en el poder—, dijo que los magistrados además de no dar la cara porque saben que las elecciones no dependen de ellos, tampoco salen porque los altos funcionarios del régimen sí están en cuarentena.
Molina además dijo que a todos los funcionarios del régimen orteguista ya ni siquiera les interesa guardar las apariencias, por eso no les importa tener abandonadas sus funciones.
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La esperanza de la oposición nicaragüense es que Ortega ceda una reforma electoral, que logre cambiar los vicios que aquejan al sistema electoral y por los cuales la ciudadanía no sale a votar, pero para Molina eso no será posible si Ortega se mantiene en el poder.