La junta directiva parlamentaria dio trámite a la formación de la Ley Especial del Ciberdelito al enviarla a consulta, proceso del que se encargarán tres comisiones; la de Justicia, Educación y Medios de Comunicación y la de Infraestructura.
Con esta iniciativa, el régimen de Daniel Ortega pretende instaurar la censura para que los ciudadanos dejen de expresarse en contra del sistema totalitario en las redes sociales, pero también supone una amenaza a la libertad de prensa en contra de los medios de comunicación independientes.
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La propuesta de ley fue ideada por la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en la que se penalizarán las «noticias falsas» y todas las publicaciones, que ha consideración de la dictadura, causen «zozobra» y generen «violencia» en el país. Las condenas, por los diferentes delitos, serán de uno a 10 años de cárcel, que podrán aumentarse hasta dos veces según el anteproyecto.
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Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, informó este 30 de septiembre, que si bien la consulta del anteproyecto será en «conjunto» entre tres comisiones parlamentarias, «está claro que la responsable de presentar el dictamen» ante el plenario para que la aprueba es la de Justicia.
Porras está sancionado por Estados Unidos y Canadá por violaciones a los derechos humanos, al ser señalado de participar en la represión en contra de las protestas sociales desde abril del 2018.
Las tres comisiones que «analizarán» la propuesta de ciberdelitos son controladas por los orteguistas, quienes son los los impulsores de bloquear el derechos constitucional de la población a expresarse en las redes sociales así como de instaurar la censura a los periodistas. La Comisión de Justicia la preside María Auxiliadora Martínez, aunque el control real lo ejerce el jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro quien ocupa la primera vicepresidencia de esa comisión.
Igual dominio tienen los sandinistas en la Comisión de Educación donde es presidente José Antonio Zepeda, y en la de Infraestructura y Servicios Públicos, es Jenny Martínez.
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Asociación de Radiodifusión: Ley viola principios de libertad de expresión
La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) denunció que con la penalización del ciberdelito, la dictadura de Daniel Ortega «desconoce la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos» (CIDH), en cuanto establece que: «condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales».
En el pronunciamiento, la AIR expresó «su profunda preocupación» ante las dos leyes del régimen, la de ciberdelitos y la de Regulación a Agentes Extranjeros que se conoce como «Ley Putin», la que instaurará el espionaje financiero a cualquier persona, asociación, fundación, organización y medios de comunicación que reciban fondos de gobiernos o agencias extranjeras.
De aprobarse ambas leyes, según AIR, «tendrían graves efectos adversos sobre el ejercicio de la libertad de expresión» en Nicaragua.
«La AIR advierte que de aprobarse estos dos proyectos de ley, se constituirán en nuevos instrumentos del régimen de Daniel Ortega para perseguir a ciudadanos, periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua», denunció.
