El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha solicitado una nueva reunión del Consejo Permanente, que se realizará este miércoles 24 de junio, para examinar la situación del país a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta democrática. La primera vez que lo hizo fue el 11 de enero de 2019, dando inicio al procedimiento que podría culminar con la suspensión de Nicaragua del organismo regional.
La labor diplomática de la OEA sobre Nicaragua ha sido tan voluminosa como poco eficaz. A excepción de la presencia de la CIDH (que incluye el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua, MESENI) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos informes han sido valientes y exhaustivos, así como la presencia discreta de un representante de la Secretaría en el último diálogo fracasado entre gobierno y oposición, la organización no ha logrado diseñar los instrumentos de presión adecuados para llevar a Ortega a la mesa de negociación.
Desde el estallido de la crisis de abril de 2018, el Consejo ha aprobado cuatro resoluciones y otras dos la Asamblea General. Por ellas, el Consejo creó primeramente un Grupo de Trabajo que le ha presentado cuatro informes y, con posterioridad, por mandato de la Asamblea, una Comisión de alto nivel, cuyo informe y recomendaciones se encuentra pendiente de examen.
La Comisión de alto nivel, impedida de entrar al territorio nacional, determinó que el país vive una crítica situación en materia de derechos humanos, que Nicaragua es un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho, y que la grave y continua violación de derechos humanos y el abuso de poder han dado lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático. Entre sus recomendaciones, destaca la dirigida al Consejo para que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática, haga suyas las conclusiones del informe, declare que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua y convoque un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar esta cuestión.
Ante informe semejante, el Consejo no tiene otra alternativa que convocar al período extraordinario de la Asamblea General. Lo que no sabemos es si reunirá los votos necesarios y qué decisiones, llegado el caso, tomará la Asamblea, ante una situación que tiende a empeorarse, a la vista de la negligencia criminal del gobierno de Ortega en el manejo de la pandemia y las continuas violaciones a los derechos humanos. En vista del rechazo de Ortega a todo lo actuado por la OEA sería inútil aprobar nuevas gestiones diplomáticas, a no ser que vayan respaldadas por severas sanciones.
La credibilidad del organismo interamericano exige un ultimátum.
El autor es jurista y diplomático retirado.