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CONTENIDO EXCLUSIVO.Tras casi tres meses de estragos de la pandemia en la economía y ante fuertes críticas ante la falta de acciones gubernamentales, las autoridades monetarias y financieras emitieron ayer un paquete de medidas económicas, que dejó entre diversos sectores un sabor agridulce al considerar que las mismas son insuficientes porque no están apegadas a la realidad del país.
A primera hora, el Banco Central de Nicaragua (BCN) emitió una resolución del Consejo Directivo en la cual anunció que liberaba a la banca comercial de la obligación del encaje legal requerido por un monto máximo de 4,000 millones de córdobas para que esta los use para entregar préstamos a las actividades económicas.
También rebajó la tasa de interés de sus operaciones de reporto de 5.25 a 4.5 por ciento, que son préstamos de corto plazo que el BCN hace a los bancos.
Siboif emite normativas
Casi en paralelo, la Superintendencia Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) emitió dos normativas. La primera estaba relacionada con una serie de medidas temporales para que los bancos puedan modificar los contratos de los deudores para extender plazos de pagos, cambiar las condiciones ya establecidas en los contratos crediticios o bien otorgarles un periodo de gracia de hasta seis meses.
Pero a este alivio solo podrán acceder los que hasta el 31 de marzo de este año eran clasificados como clientes A y B.
Si una persona optó por un préstamo después de esa fecha y ahora no puede pagar no podrá acogerse al alivio y menos los que son clientes que se encuentren en el rango clasificatorio entre C y E, aunque hayan contratado el préstamos antes del 31 de marzo de este año.
A esta normativa pueden acogerse no solo los deudores de préstamos de vehículos, personales, hipotecarios para vivienda, microcréditos, pymes, agrícolas, ganaderos, industriales y comerciales, sino también los tarjetahabientes, a los que se le rebajó la tasa que se usa para fijar el pago mínimo, la que pasó de 3 por ciento vigente desde enero de este año a 2 por ciento.
Medidas no se ajustan a realidad de los deudores
Tras conocerse estas medidas, analistas señalaron que las mismas no se ajustan a la verdadera respuestas que requieren los deudores y señalaron que en este momento lo que menos existe es un apetito por el crédito, por lo que dudan de la efectividad de las medidas del BCN de liberar hasta 4,000 millones de córdobas a través del encaje legal requerido.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri dijo que las medidas anunciadas apuntan a ser poco efectivas y van contra lo que están haciendo otros países, particularmente las promulgadas por el Banco Central de Nicaragua.
La principal “medida que han tomado todos los países durante la pandemia es diseñar o modificar normas prudenciales para permitirle a las instituciones financieras poder dar a todos los afectados de forma directa o indirecta por la pandemia, facilidades para aliviar sus pagos de forma transitoria, mediante prórrogas, refinanciamientos, reestructuraciones, periodos de gracia, etc”.
Acciones que un banco deberá adoptar
Al respecto, en la normativa de la Siboif, se establecieron una serie de acciones que un banco deberá adoptar para brindar un alivio a un deudor, porque la medida no implicaba para “las instituciones financieras una disminución o liberalización de las provisiones ya constituidas a la fecha de formalización de la modificación del crédito”, sino que más bien estas son obligadas a crear un fondo de reserva por cada cliente que beneficien con la política de alivio, conocido como fondo de reserva patrimonial por “Renegociación de Adeudos”, con las utilidades acumuladas auditadas al 31 de diciembre de 2019.
A criterio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), con solo esa medida pocos bancos podrían optar por dar ese alivio por la obligación de crear ese fondo de reserva, lo que desanimaría a la banca y por tanto el alcance de la misma puede ser limitado.
Esto podría explicar por qué, entonces, la Siboif dejó a criterio de los bancos si otorgar o no el periodo de gracia a un cliente o beneficiarlo con la modificación del contrato crediticio, “porque aquí a diferencia de otros países, es que la moratoria queda en manos de la institución financiera”.
“El problema que hay (al momento de otorgar un alivio) es una serie de elementos que encarecen el acoger a un deudor particular, el principal es la construcción de la reserva patrimonial, esto básicamente lo que dice es que el banco tiene que constituir por cada uno de los créditos una reserva d entre 20 y 30 por ciento de la cartera que está siendo beneficiada, es decir que si acogés un cliente (en) este programa tenés que constituir una reserva patrimonial, es un monto alto”, explica un técnico de Funides.
Otra política fuera de lugar
Pero además, Aguerri explica que otro elemento que resta efectividad a las políticas del BCN, que se complementan con la de la Siboif, es que mientras en otros países las medidas de alivio a los deudores se complementan con rebajas en el encaje legal, en Nicaragua la autoridad monetaria ordenó elevar el encaje legal en moneda nacional de 13 por ciento al 15 por ciento, “lo que constituye una medida restrictiva, al contrario de lo que todos los países del mundo están haciendo de reducir o liberar el encaje para las instituciones financieras”.
Además cambió la forma de medición del encaje legal, que pasó de semanal a catorcenal, lo que implica más presión para los bancos, según analistas.
De hecho el economista Néstor Avendaño, que también considera que las medidas anunciadas por el BCN tendrán un efecto limitado, reconoció que al cambiar la medición del encaje legal en moneda nacional tendrá un efecto adverso en el programa del BCN.
“Mientras más largo es el plazo del encaje, más asfixiante es para el banquero porque si tenés un encaje controlado semanalmente, pues resolvés rápidamente con los depósitos de los depositantes más grandes que tenés, pero en este caso la preocupación del banquero es cumplir que se elevó del 13 al 15, dos puntos más, ya los acostumbraste a 13 puntos. Tiene que buscar más depósitos en córdobas para ir a dejarlos al BCN y cumplir la nueva exigencia. Entonces esto te restringe el uso del córdoba dentro del banco comercial”, explica.
Aguerri cuestiona otro elemento. El BCN pretende obtener esos 4,000 millones de córdobas a través del aumento del encaje, cuyo dinero luego lo prestará a las entidades financieras, según las condiciones que el mismo BCN ya estableció.
Aguerri: “Actúan como si fuera un problema de cartera”
“Es decir, actúan como si esto fuera un problema de cartera (que sabemos que el crédito se ha reducido pero no por falta de liquidez, si no porque las empresas están golpeadas por la crisis sociopolítica, la destructiva reforma tributaria, y la crisis Covid 19), no de necesidades de los prestatarios que han vistos sus ingresos afectados por la situación de pandemia”, explica Aguerri.
Un elemento en el que coincide Funides, que señala que no comprenden la intención que tiene la autoridad de inyectar más de 4,000 millones de córdobas a la banca comercial, si el problema ahorita no es de liquidez, sino de a quién prestarle y que cumpla las condiciones crediticias requeridas.
“Lo que más tiene la banca en este momento es liquidez, tiene abundancia de liquidez y por lo tanto agregar liquidez explícitamente por parte de esta liberación del encaje pues realmente no tiene sentido porque es inyectar liquidez a un sistema bancario que goza de liquidez”, explica.
De hecho, Avendaño señala que este tipo de política de facilitación de liquidez a la banca se debe aplicar una vez que el impacto de la pandemia ya ha tocado fondo y empieza el proceso de reactivación de la economía.
El problema es que en Nicaragua la curva de contagio apenas está acelerándose lo que aumenta la incertidumbre entre los agentes económicos, que dudarán en prestar dinero porque desconocen si luego podrán honrar sus deudas a medida que se deprima aún más el consumo interno y se deteriore la economía.
Lo que sospecha Avendaño es que debido a que el BCN estableció que estos 4,000 millones serán para la actividad económica y el sector público se considera como parte de esta clasificación, el BCN esté buscando cómo la banca use ese dinero para comprar papeles a Hacienda y así financiar el gasto público, cuyo déficit se verá comprometido por la caída de la recaudación.
Peor es nada…
Pero los sectores tratan de ver el vaso medio lleno y no medio vacío.
Al igual que Aguerri, las presidentas de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN) y la Cámara Nacional de Turismo, creen que al menos para los deudores se está abriendo una esperanza para modificar las condiciones de los contratos, aunque habrá que espera el alcance de la misma.
Carmen Hilleprandt, presidenta de CCSN, dijo: “creo honestamente que es un paso positivo porque si bien al 31 de marzo tenés la categorización A y B, te dice que puede haber periodo de gracia de hasta 6 meses, al final, creo yo que también deja un margen para que cada deudor pueda negociar directamente con el banco sin que te afecte tu récord crediticio, creo que le da a los bancos un mecanismo de accionar sin perjudicarle el récord a los clientes que han tenido buen récord”.
Lucy Valenti, de Canatur, quien aclaró que consultarán a especialistas para que aclare el contenido de las medidas, dijo que la primera impresión que tienen es que “es paso positivo porque finalmente hay una respuesta a la solicitud que desde hace varios meses venimos haciendo de que se flexibilizaran las normas de los bancos”.
Aguerri asegura que muchas de las medidas que se adoptaron en la normativa de la Siboif ya se venían aplicando y que esta ahora solo crea las condiciones para que la política se mantenga.
“En ese sentido es un paso correcto, pero se puede alcanzar un mayor impacto haciendo las modificaciones correspondientes tomando en cuenta a todos los clientes”, indica Aguerri.
“En resumen, en lo positivo hay avances para los clientes en las clasificaciones A y B y los tarjetahabientes y en lo negativo se retrocede con el incremento del encaje y no promover alivios masivos para todos los clientes”, dijo.
Medidas llegan tarde
El economista Enrique Sáenz, cuestionó por qué las políticas gubernamentales económicas llegan hasta ahorita cuando varios negocios pequeños y medianos han quebrado en los meses pasados, esperando un salvavidas gubernamental.
“¿Por qué hasta ahora? Para todos los pequeños, micros y medianos empresarios que quebraron en estos meses, y los trabajadores que como resultado quedaron sin empleo, la medida llega demasiado tarde. Hace meses que planteaba esta demanda: ¿Retardaron la medida por castigo, por arrogancia, por politiquería o por incompetencia?”, cuestiona.
Además dijo que “en estos meses los deudores que se quedaron asfixiados, sean empresarios o consumidores, seguramente pasaron a la categoría de deudor C. En estas condiciones, ¿de qué les sirve el alivio si no los abarca?”, agregó.
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“¿Quién paga la cuenta por todas las empresas que quebraron durante este tiempo? ¿Por qué no reducen el agobio de las empresas y consumidores aliviando la carga tributaria, los precios del combustible, las tarifas eléctricas?”, continuó.
Sáenz recordó que esta medida solo beneficia a los que están en la formalidad y qué pasará con más del 80 por ciento de la fuerza laboral que está en la informalidad y que urgen de políticas de alivio.
