Este viernes se cumplen 73 días desde que Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), sancionada por los Estados Unidos a finales del 2019, anunció el cierre temporal de 15 estaciones de servicios, pero hasta ahora no hay señales de que estas vayan a reabrir y tampoco que estén en mantenimiento como informó la empresa el pasado 23 de marzo en una circular.
Las dificultades que el régimen de Daniel Ortega está afrontando para reabrir las estaciones reflejan, según el excontralor Agustín Jarquín Anaya, que las sanciones de Estados Unidos contra la empresa tuvo un efecto severo sobre uno de los principales negocios de la familia presidencial.
“Evidentemente no fue mantenimiento, el asunto es que DNP y su subsidiaria (Inversiones Zanzíbar) están inhibidas de operar debido a las sanciones y posiblemente no han encontrado una figura jurídica- administrativa viable, para que los activos que tenía DNP se puedan recuperar”, explica Jarquín.
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El excontralor hizo hincapié que si bien es cierto que la red de gasolineras le pertenece a la estatal Petronic, DNP amplió la red de estaciones y muchas de estas operaban bajo el control de su subsidiaria Zanzíbar y de Yadira Leets, exesposa de Rafael Ortega, hijo de Rosario Murillo y Daniel Ortega.
DNP se había apoderado del mercado de hidrocarburos en Nicaragua desde 2009, convirtiéndose en la principal importadora de derivados de petróleo y la que contaba con más clientes directos, sobre todo instituciones públicas, como el Minsa, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional, entre otras.
DNP y Zanzíbar no pudieron esquivar las sanciones
DNP y Zanzíbar, que tenían en su poder a 69 estaciones de servicios en todo el país, fueron sancionadas por los Estados Unidos el 12 de diciembre del 2019.
Y pese a que antes de las sanciones, esta red de gasolinera había escondido su marca, adoptando el nombre del barrio o sector donde estaban ubicadas, no pudieron escapar del castigo de Estados Unidos, que sacó a la luz la existencia de Inversiones Zanzíbar, manejada por un hijo de Ortega.
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De las 15 estaciones que cerraron el pasado 23 de marzo, 10 pertenecían a Zanzíbar, tres estaban a cargo de Yadira Leets, otra estaba a cargo de Latcom, donde figuraba como gerente Carlos Zarruk, director de Minas del Ministerio de Energías y Minas (MEM) y una era aparentemente de una persona independiente.
El analista político, José Pallais Arana, coincide con Jarquín, que el cierre de estas 15 estaciones se dio producto de las sanciones y la empresa debe estar buscando una estrategia para inhibir las sanciones.
“Probablemente estén buscando cómo inhibir o hacer transferencias que permitan escapar de los efectos de las sanciones, que les impide operar cuentas bancarias y hacer transacciones con empresas de los Estados Unidos, y como no han encontrado la fórmula que les garantice que quién asuma el negocio no va ser sancionado, entonces posiblemente eso ha ocasionado que estas estaciones se mantengan cerradas”, dijo Pallais.
Al respecto el analista político Eliseo Núñez considera que las sanciones impuestas por los Estados Unidos arruinaron el negocio que tenía la familia presidencial.
“Cuando el auxilio estatal está comprometido por el tema de las sanciones, evidentemente ya no se pudo seguir adelante y lo que principalmente no ayudó, es que ellos ya no tenían mercado minoritas, la gente no les estaba comprando, ellos tenían un mercado cautivo que era el abastecimiento industrial de combustibles, que son minas y otros sectores, pero las minas que tienen conexión con los Estados Unidos cortaron relación con ellos”, dijo Núñez.
Controloría debería actuar
El excontralor Agustín Jarquín, manifestó que estas estaciones no pueden estar cerradas sin mantenimiento, porque deterioran más rápido, por lo que urgió a las autoridades que velan por los bienes del Estado a asegurarse que estas estaciones queden inservibles.
“Estas estaciones requieren estar en una operación continúa, el estar detenidas sin movimiento se daña cualquier máquina. Yo creo que la Contraloría, Hacienda y la Asamblea Nacional deberían de poner atención a esta situación para que esos activos no se pierdan, no se deterioren, porque tienen un valor grande”, advirtió Jarquín.
Expresó se le debería de dar mantenimiento mientras se dispone que va a ocurrir con esos activos, los que hace tiempo debió asumir la estatal Petronic.
DNP fue creada en 1999 por el consorcio de origen suizo-británico Glencore. Originalmente, este consorcio estuvo arrendando los bienes de la estatal Petronic, desde ese mismo año.
Durante el Gobierno de Arnoldo Alemán la transnacional ganó una concesión para la distribución de combustible por diez años (1999-2009), sin embargo, en 2009 ya con la administración de Daniel Ortega, se decidió no renovar el acuerdo y toda la inversión de Glencore pasó a manos de la familia presidencial.
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Tras las sanciones de Estados Unidos, en un intento por recuperar el dinero atrapado en los inventarios de combustibles en los almacenes de DNP, el régimen de Ortega ordenó nacionalizar ese combustible para que el Estado asumiera la administración y la responsabilidad de vender los carburantes, cuyo destino del dinero no está claro si se reembolsó a la familia presidencial.
La ventas minoristas de DNP venían cayendo
La última actualización del Ministerio de Energía y Minas (MEM) hasta septiembre del año pasado, reflejaba que DNP Petronic estaba registrando caída en sus ventas a través de estaciones de servicios de -5.75 por ciento en la súper; -2.11 por ciento en la regular; y una merma del 12.85 por ciento en diesel, el combustible de mayor consumo a nivel nacional.
Con ello, en términos globales hasta septiembre DNP acumulaba una reducción en la demanda a través de estaciones de servicios de 9.7 por ciento, situación que provocó que la empresa ligada al orteguismo perdiera terreno en el negocio al menudeo, cuyo espacio fue ganado por Puma Energy.
