María Esperanza Sánchez García nunca se imaginó que a sus 51 años estaría tras las rejas y acusada de un delito que nunca cometió. Lo único que ella hizo fue defender a su país desde una trinchera, marcha, plantones o desde un espacio donde se denunciara las violaciones cometidas por la dictadura de Daniel Ortega.
Ella fue una de las primeras personas que se unió a la lucha cívica en Matagalpa. Cada vez que hablaban de alimentar a los jóvenes de tranques u organizar cualquier evento cívico, ella era la primera en hacerlo. “No había marcha que se perdiera, pero la policía la perseguía al extremo como si ella era asesina, solo por pensar diferentes a ellos (dictadura)”, compartió una compañera de lucha de Sánchez García, quien prefirió omitir su nombre por miedo a represalias.
Sánchez García es ahora la única presa política del régimen orteguista. En el 2019 fue María Ruiz Briceño, una joven de 22 años. La autoconvocada fue detenida el 26 de enero de este año y acusada de supuesto tráfico de drogas. Actualmente se encuentra en la cárcel de mujeres La Esperanza.
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“Mi madre es amorosa, luchadora, trabajadora, nos ha sacado (a sus hijos) adelante, humilde, lo más honesta, no pueden hablar de delitos que ni al caso”, declaró Sherly Sánchez, hija de la presa política, quien rechazó la acusación.
Sánchez García es madre soltera, tiene una hija de 33 años de edad, y unos mellizos de 23. En la casa de Matagalpa habitan los tres hermanos y desde la detención de su madre buscan mantener un perfil bajo por temor a represalias. “Aquí constantemente pasan los paramilitares, nos mantienen vigilados pero es como si estuviéramos acostumbrados”, declaró.
Una vida de lucha
Sánchez García viene de una familia de luchas cívicas. Desde joven tenía claro lo que significaba una dictadura, pues su padre fue encarcelado dos veces, una por la guardia somocista y después por los sandinistas, lo que definió a la autoconvocada a ser parte de la rebelión de abril de 2018.
Antes de que estallara las protestas sociales, la ahora presa política vivió durante diez años en Guatemala, salió del país en el 2001 en busca de una vida mejor, y regresó en el 2011 cuando su madre falleció. Desde entonces se estableció en una editorial hasta que en el 2018, la crisis repercutió en la empresa y cerró.
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Por su compromiso con la lucha cívica, conseguir un trabajo se volvió difícil: era asediada y perseguida por parapolicías. Su casa fue blanco de las turbas sandinistas y se la mancharon con la palabra “Plomo”. Luego de un año en el desempleo, a finales de 2019, obtuvo un trabajo donde solo duró tres meses: los parapolicías investigaron sobre ella en la empresa donde laboraba.
“Cada vez que se quedaba sin empleo y a veces no teníamos qué comer en la casa, ella entraba como en depresión, se ponía a llorar porque no podía moverse a ningún lado”, contó su hija.
“María Esperanza estuvo presa en su propia casa, ella se encerró porque la policía no la dejaba en paz. Doña Esperanza tuvo tiempo que no tenía ni qué comer dentro de su casa porque la policía no la dejaba salir. Yo la tuve en mi casa pero investigaron que éramos compañera de lucha y me avisaron que (los agentes) ya sabían que Esperanza estaba aquí, entonces le dije que se fuera a Managua porque ya aquí no tenía paz”, relata la compañera de lucha de Sánchez García.
Pruebas inválidas
La acusación de la Fiscalía sitúa la detención de Sánchez García, junto al ciudadano Víctor Manuel Soza Herrera, en el kilómetro 10.2 de Carretera a Masaya, de un 27 de enero, y donde según dijeron, les encontraron a cada uno más de 1,200 gramos de marihuana. Sin embargo, Soza Herrera fue detenido por la mañana del domingo 26 de enero en Matagalpa, y a Sánchez García por la noche, de ese mismo día, en Managua.
“Hay una violación al debido proceso, hay una situación de lo que hemos venido denunciando de pruebas falsas porque no puede ser que ellos lo ubiquen un día 27 en el punto 10.2 (Carretera a Masaya), puesto que don Víctor Soza estaba en Matagalpa en el parque Morazán a las 2:45 de la tarde del domingo 26, y María Esperanza estaba en Managua a las 7:40 (de la noche), ese día 26, y no ese día 27 que ellos dicen, de acuerdo a la acusación. De ahí comienza una situación irregular, el proceso sería un proceso nulo, aun así hubo una admisión por parte del juez”, dijo Julio Montenegro, su abogado defensor.
Para el 23 de marzo está previsto el inicio del juicio contra la presa política. Montenegro explicó que están en el proceso de intercambio de información y prueba.
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La presa política presenta una serie de problemas de salud en la circulación, presión arterial y asma cardíaca. En la cárcel, ha sufrido de ataque de asma producto de las pastillas que le dan para tratar la presión. Asimismo, su hija denunció que las custodias le prohíben a las reas comunes entablar cualquier comunicación con su mamá.
“Ella se siente triste por el encierro pero sigue firme en la lucha, ella siente emoción cuando las otras presas le dicen que sale en las noticias, que la gente está pidiendo su liberación, entonces eso le da un poco de fortaleza”, señaló Sherly Sánchez.
La dictadura orteguista mantiene al menos a 61 presos políticos en las distintas cárceles del país, entre ellas a Sánchez García, quien confía en la lucha de los autoconvocados para su pronta liberación.