La dictadura de Nicaragua da por hecho la aprobación del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), un proyecto ambiental por el cual recibiría un capital de hasta 55 millones de dólares de parte del Fondo de Carbono del Banco Mundial, y lo que supondría un oxígeno a la economía del país que se mantiene en recesión como consecuencia de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018.
El programa busca detener la deforestación y conservar las áreas naturales de los Bosques en la Costa Caribe y en las Reservas de Biósfera de Bosawas y Biológica Indio Maíz, mismas que se han sufrido la negligencia e inoperancia del régimen orteguista.
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“Nicaragua presentó los buenos resultados del país para reducir las emisiones de la deforestación y degradación de los bosques, que fue aprobada por expertos independientes del Banco Mundial, donde se confirma que Nicaragua firmará un programa de hasta 55 millones de dólares para reducir las emisiones de Dióxido de Carbono, por detener la deforestación y degradación de los Bosques en la Costa Caribe y en las reservas de Biósfera de Bosawás e Indio Maíz”, reporta un medio oficialista.
Del 11 al 14 de noviembre se realiza la XII Asamblea de Participantes y la Vigésima Octava Reunión del Comité de Participantes del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), sin embargo, en la agenda publicada en el sitio web del Fondo, no se menciona alguna participación de Nicaragua.
Régimen usurpa enlace con grupos indígenas
El medio oficialista mencionó que los expertos del Banco Mundial “destacaron que Nicaragua aplicó adecuadamente el consentimiento previo, libre e informado con los Gobiernos Territoriales Indígenas de la Costa Caribe, logrando así, una sólida propuesta basada en estándares internacionales”.
Una vez que se apruebe el fondo del Banco Mundial, el dinero iría a los beneficiarios del acuerdo con un plan que incluye a las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como a los pequeños y medianos propietarios.
Ante esta situación, la Alianza de Pueblo Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN), denunció en semanas anteriores ante el Banco Mundial, que el régimen de Nicaragua como los gobierno regionales autónomos y locales en la Costa Caribe crearon conflictos al “usurpar” la representación de las autoridades tradicionales comunales y territoriales.
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Constantino Frechz, miembro de APIAN, expresó que de concretarse el fondo para el programa, la Alianza se pronunciaría ante el organismo internacional para que se reúnan con los “verdaderos actores” de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
“Nosotros consideramos que somos los representantes de los gobiernos territoriales legítimos por lo que las comunidades con su consentimiento eligen a sus autoridades para representarlos. Sin embargo, esta representación no es reconocido por los funcionarios del régimen en el Caribe Norte, y ellos crearon otra estructura con esa gente de su línea partidaria y están promocionando y captando fondos de los diferentes agentes internacionales a nombre de los pueblos indígenas, que año a año estamos conservando nuestros recursos naturales”, manifestó Frechz.
Frechz refirió que el problema no es que el Banco Mundial entregue fondos para conservar los bosques, sino que sean usados para beneficio del régimen de Nicaragua. “Si se aprueba, pero eso no asegura que va haber un resultado eficiente a favor de los territorios indígenas. Lo que instamos al Banco Mundial es que haga consentimientos, consultas previas a los territorios verdaderos”, agregó.
El líder indígena denunció que los mismos que están usurpando y captando fondos extranjeros, son los que están invadiendo y deforestando las zonas naturales. “Condenamos rotundamente todas esas iniciativas de captar fondos de cooperación sin consentimiento de las legítimas autoridades comunidades y territoriales”, puntualizó.
Pago por resultados
Pero para que el régimen pueda obtener dichos fondos, deberá demostrar que 2.4 millones de hectáreas de bosque se conservan en las tres áreas mencionadas, puesto que se trata de un pago por resultados.
“Primero, Nicaragua presenta resultados y le pagan, si no presenta resultados no le pagan. Segundo, contempla el 50 por ciento de las reservas. Es decir, el gobierno de Nicaragua ya sabe que va a perder el 50 por ciento de las reservas, solo se compromete a proteger el 50; tercero, el mayor porcentaje de recursos va a ir para la conversión ganadera, es decir para los que han deforestado Bosawas e Indio Maíz”, refirió Amaru Ruiz, de la Fundación del Río, confiscada por el régimen orteguista.
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Pero irónicamente, las actividades de agricultura y ganadería son las principales causas de la deforestación de los bosques, problema que se agudizó desde que Daniel Ortega regresó al poder en el 2007.
Según un informe publicado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), para el 2000 existía un 15.12 por ciento de actividades de agricultura y ganadería en Bosawas, pero en los últimos años este nivel se elevó a 30.71 por ciento del área de la reserva.