Un nuevo plazo de 75 días se abre para darle una oportunidad de dialogar al régimen de Daniel Ortega.
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución sobre Nicaragua que ordena al Consejo Permanente crear una comisión para que realice gestiones al más alto nivel, con el objetivo de buscar una solución negociada a la crisis que vive este país y entregue un informe con los resultados en un plazo máximo de 75 días.
El proyecto inicial establecía noventa días de plazo, pero la oposición nicaragüense logró cabildear y modificar menos días.
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Estados Unidos es uno de los veinte países que votó a favor de esta resolución, sin embargo, la diplomacia norteamericana está clara que Ortega ha frustrado todos los intentos de negociar.
El embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, manifestó que se debe presionar para que la dictadura negocie en serio, pero si no lo hace, pidió a la OEA evaluar la suspensión de Nicaragua del sistema interamericano.
“Ha llegado el momento de reconocer que Nicaragua está violando todos los elementos esenciales de la democracia, desde las elecciones libres, la separación de poderes y el derecho, como establece el artículo tres de la Carta Democrática Americana. No hay duda de que hubo una alteración no constitucional que deteriora el orden democrático en este Estado miembro”, expresó Trujillo, luego que se aprobara la resolución de Nicaragua.
Trujillo se refirió a la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que implica la suspensión de un Estado miembro de la OEA cuando se “constate que se ha producido la ruptura del orden democrático” y “que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”.
No hay esperanza de salida negociada
El embajador manifestó que aunque todos esperan una salida a la crisis nicaragüense a través del diálogo, afirmó que el régimen de Ortega “lo ha obstruido en todo momento” y “no ha demostrado genuina buena fe y cínicamente ha jugado con el tiempo”.
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“Nosotros ofrecemos el diálogo, pero en algún momento necesitamos reconocer que la presión diplomática consistente es necesaria, para que el gobierno negocie en serio. Queremos que se restaure la democracia de Nicaragua y esta resolución nos avance un poco hacia esta meta”, dijo Trujillo.
Destacó, sin embargo, como positivo el hecho de que se logró acortar el plazo de 3 meses a 75 días. “En menos de 75 días o de 30 días es bien difícil que salga un buen informe”, justificó Trujillo, tras señalar que las demás delegaciones con las que se negoció adujeron que “ese era el mínimo tiempo que ellos necesitaban” para elaborar “un informe contundente”.
Trujillo indicó que la semana próxima se definirá qué países conformarán dicha comisión de alto nivel.
Para Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica y parte del grupo de nicaragüenses que llegó a Medellín a cabildear para que se aprobara la resolución, el resultado de la sesión fue “muy positivo”, porque la resolución deja ver los problemas de orden constitucional que hay en Nicaragua y la falta de cumplimiento de acuerdos del Gobierno.
“Para nosotros es importante (la resolución) porque se reafirma el camino de la lucha cívica, que es el que tomó el pueblo de Nicaragua, se retoma la demanda de la presencia de los organismos de derechos humanos y se plantea el camino para aplicar la Carta Democrática Interamericana”, señaló Solís.
Nicaragua mantiene su guión
El delegado de Nicaragua ante la OEA, el vicecanciller Valdrack Jaentschke, mantuvo el guión de la dictadura orteguista de que esta resolución sobre Nicaragua es una intromisión y una injerencia en los asuntos internos del país.
El diputado de Venezuela y delegado del gobierno interino de Juan Guaidó ante la Asamblea General, Julio Andrés Borges, aseveró que no se puede alegar injerencia a un país cuando se trata de la defensa de los derechos humanos. “Los derechos humanos no tienen fronteras. La libertad no tiene fronteras, la democracia no tiene frontera. Injerencia es lo que hizo el régimen de (Nicolás) Maduro y (del difunto Hugo) Chávez en toda América. En el caso de Nicaragua, casi diez mil millones de dólares que hoy deberían estar destinados a alimentar y a curar a los venezolanos, fueron dados a Nicaragua, y con tal nivel de corrupción que fueron dados casi de manera personal al señor Ortega. Eso sí es injerencia mezclada con corrupción y totalitarismo”, dijo Borges.
Borges se reunió con la delegación de Nicaragua conformada por presos políticos excarcelados, miembros de la opositora Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
El representante de Brasil ante la OEA, Fernando Simas Magalhães, lamentó que la resolución de Nicaragua no haya podido ser aprobada en consenso, aunque se trata de una situación tan grave en el continente.
Consideró que la falta de consenso de los Estados de la OEA “es un irrespeto a las centenas de víctimas inocentes en Nicaragua e irrespeto al sufrimiento del pueblo”.
Las delegaciones de Venezuela, Guyana, Estados Unidos, Chile, Colombia y Argentina hicieron eco de su respaldo a la resolución de la crisis en Nicaragua, misma que señala que las graves violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión y de prensa y la falta de avances en reformas electorales para celebrar elecciones adelantadas son “elementos que conducen a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático” en el país.
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Retorno de la CIDH
La resolución también establece la necesidad de que el Gobierno permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de otros mecanismos internacionales de derechos humanos.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA señaló que Ortega “tiene que dejar que pase la CIDH”, puesto que es un mandato a nivel de cancilleres. “Tienen que empezar a cooperar con sus compromisos hacia la democracia y los derechos humanos”, insistió Trujillo.
La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, reafirmó durante la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General la disposición de este organismo de regresar a Nicaragua y servir como garante del respeto a los derechos humanos en el país.
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La cuadragésima novena Asamblea General ordinaria de la OEA se llevó a cabo durante tres días en Medellín, Colombia, con la participación de todos los Estados miembros del sistema interamericano.