Ondea a media asta la Bandera Nacional y un lazo negro cubre el escudo municipal ubicado en la fachada de la Alcaldía de Wiwilí, en Jinotega. Dos funcionarios de esa entidad han sido asesinados y un empleado de la comuna asegura que las señales de luto seguirán porque, en este municipio “siguen matando a la gente”.
“Nunca se sabe quién mata”, agrega el funcionario un jueves caluroso de abril. La Alcaldía de Wiwilí está llena de pobladores que han llegado de distintos lugares a realizar diversos trámites. En el corredor frontal Jasmina García Rodríguez, acompañada por su hijo de 4 años, espera que la atiendan. Viste una camiseta blanca que tiene impresa una foto de ella y su esposo Néstor Uriel Aráuz Moncada y en cuya parte superior se lee la frase “Amor mío, te extrañaré muchísimo”.
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Aráuz, un líder comunitario opositor al régimen de Daniel Ortega, era el director de Servicios Municipales de la Alcaldía y lo mataron a balazos la noche del 21 de febrero cuando iba hacia su casa en la comunidad Maleconcito, a unos diez kilómetros de Wiwilí.
Jarquín y su hijo lo esperaban en casa, pero a ella le avisaron que Aráuz, supuestamente, se había accidentado en la moto que tenía asignada cerca de una pequeña laguna en el sector llamado El Jicote, unos cinco kilómetros antes de llegar con su familia.
“Cuando llegué a recogerlo, sentí que él tenía pulso, la ambulancia (del Ministerio de Salud) iba llegando, pedí auxilio, les supliqué que me lo trajeran al hospital, pero no quisieron… entonces me vine (a Wiwilí) a buscar una camioneta y cuando regresé ya la Policía estaba en el punto de los hechos, me lo habían desnudado…”, recuerda Jarquín, mientras el niño escucha y se abraza a las piernas de ella.
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Mientras tanto, en la comunidad Arenales del vecino municipio El Cuá, a más de 50 kilómetros de Wiwilí, Marcia Moncada Blandón todavía llora la muerte de Aráuz, su hijo, de quien asegura “no tenía enemistades”.
Casi 10 crímenes por mes
Aráuz es una de las 27 personas asesinadas en solo el primer trimestre de 2019, el más violento de los últimos años en el departamento de Jinotega, ya que duplica la media mensual acumulada entre 2014 y 2017 en ese territorio, donde hace dos años, según los anuarios de la Policía, había cinco crímenes de etiología homicida por mes y solo cuatro policías por cada cien kilómetros cuadrados.
Las estadísticas oficiales de 2019 excluyen casos ocurridos en circunstancias distintas como la muerte del soldado William Alfredo Aguilar Gómez, un supuesto delincuente llamado Juan López Guillén y una mujer sin identificar abatidos durante un “enfrentamiento” el 11 de febrero en el municipio de San José de Bocay. Tampoco reflejan hallazgos de cuerpos que presentaban golpes y que preliminarmente la Policía calificó como “muertes accidentales” por supuestas caídas.
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Ejerciendo los derechos consignados en la Ley de Acceso a la Información Pública y otras leyes, LA PRENSA intentó conocer datos policiales; sin embargo, la jefa de la Secretaría Ejecutiva de la Policía en Jinotega, capitán Graciela Flores, sigue sin responder a la solicitud realizada por correo el 3 de abril.
De los casos registrados este año en el departamento, el 85 por ciento ha ocurrido en Wiwilí Jinotega, El Cuá y San José de Bocay, territorios que formaron parte del llamado “Corredor de la Contra” como escenarios importantes en la guerra de los años 80 y que en la categoría de municipios son de los más jóvenes del país, los dos primeros creados en 1989 y el último en 2002.
De geografía accidentada y grandes áreas montañosas, los tres municipios destacan por sus riquezas naturales y vocación productiva. En los tres hubo cambios de gobierno local después de las elecciones municipales de 2017: El Cuá y Wiwilí, que gobernaba el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pasaron a ser dirigidos por Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) respectivamente.
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En tanto, San José de Bocay, que gobernaba CxL, ahora está en manos del oficialismo. En los tres municipios, pobladores y autoridades locales expresan su preocupación porque las muertes de etiología homicida van en ascenso, mientras la Policía —enfocada en labores que la población califica como “represivas”— poco hace por la prevención del delito y, además, va en picada la efectividad para resolver los crímenes, elevando la impunidad.
Ineficacia en investigaciones
Para el catedrático Uriel Pineda, experto en derechos humanos, “la débil presencia institucional (en el territorio jinotegano) y la ineficacia de los procesos investigativos, son las principales causas del incremento del índice delictivo y son factores que la Policía debería atender”.
La muerte de Aráuz no ha sido esclarecida. “Nadie sabe quién lo mató, cómo fue y por qué lo mataron”, sostiene la viuda. Igual ocurre con al menos 22 de los crímenes de este año en el departamento, donde solo cinco casos han sido esclarecidos y judicializados, lo que deja una efectividad policial de apenas 19 por ciento; aunque en dos casos existían sospechosos que huyeron.
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García demanda aplicación de justicia por el crimen contra Aráuz, quien además era dirigente local de las ligas de béisbol; en las elecciones de 2016 fue primer miembro del Consejo Electoral Municipal y después estuvo en la campaña municipal del PLC. “Si fuese otro, de otro lado (orteguista), quizá se hubieran traído (presos) a todo el mundo, porque cuando mataron a un jefe de paramilitares de aquí (Wiwilí), a todo el mundo se traían preso de Malecón, de donde sea”, afirma la mujer.
El caso mencionado por García ocurrió en El Jicote, el mismo sitio donde meses después fue asesinado su marido. En la nota de prensa 111-2018 del 15 de septiembre 2018, la Policía aseguró que un “grupo (de) terroristas golpistas que se dedicaban a cometer crímenes en tranque de Wiwilí”, habría asesinado “con armas de fuego y armas blancas al trabajador y policía voluntario Héctor Noel Moreno Centeno”.
Aráuz estuvo preso ocho días, investigado por el asesinato de Moreno, “lo golpearon, le inflamaron los testículos, le reventaron los oídos y, cuando él salió, sus oídos echaban sangre”, relata García, al tiempo que, a pocos metros de la Alcaldía, las campanas de la Parroquia Inmaculada Concepción de María invitan a la misa en la que habría oraciones por la paz en Nicaragua.
Empeoró con estallido de la crisis
José Andrés Mairena, gerente municipal en Wiwilí, considera que las muertes violentas en el territorio incrementaron “a raíz del estallido social del 18 de abril (de 2018) para acá… pero es difícil dar una opinión acertada, debido a que no hay un esclarecimiento de los casos”.
En este poblado a 240 kilómetros de Managua, recuerdan que el asesor legal de la Alcaldía, Óscar Noel Herrera, fue asesinado a balazos el 8 de octubre de 2018 y el caso sigue impune y sin esclarecer. Mientras tanto, al terminar la misa, el sacerdote Cristóbal Gadea se encamina al atrio para despedir con abrazos a los feligreses. Para este religioso, el incremento de las muertes homicidas obedece a que hay pobladores que “han dejado que crezca en ellos un revanchismo político, más bien partidario”.
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Por su parte, en El Cuá, el alcalde liberal Isidro Irías, en un despacho improvisado —porque el suyo lo quemaron encapuchados, presuntamente orteguistas, en junio de 2018— enumera varios crímenes ocurridos desde entonces en ese municipio y “uno ni cuenta se da sobre quiénes son (los asesinos), porque no he escuchado información de la Policía sobre si han esclarecido esas muertes, creo que ninguno ha sido esclarecido”.
Encapuchados vistos en comunidades
Irías comenta que “me enviaron unas fotos de un grupo de policías y paramilitares juntos con una bandera roja y negra… No puedo confirmar que son grupos del Frente los que andan robando y matando, pero los encapuchados aquí aparecieron a raíz de los tranques”.
“Aquí en el casco urbano (de El Cuá) se ha controlado lo de encapuchados, gente del Frente (Sandinista) que andaba en movimiento… donde dicen que todavía se mueve gente armada es para el lado de (las comunidades) Corral de Piedra, Los Caños, Los Condega, Las Brisas, para esa zona se mueve gente armada, civiles”, agregó Irías.
La tarde del 23 de enero, el productor de café, Oliver José Montenegro Centeno fue acribillado a balazos y luego sus asesinos lo machetearon en la finca que él tenía en Caño La Cruz, 30 kilómetros al norte de El Cuá. En esa ocasión, un pariente de él afirmó que fue emboscado por “un grupo de paramilitares revueltos con la Policía…”, y que esta última ni siquiera llegó a investigar.
Pobladores de El Cuá coinciden al señalar el presunto contubernio entre policías y civiles orteguistas desde el año pasado y muestran un video de julio de 2018 en el que estos, en el polideportivo local, bailan supuestamente al ritmo de “El comandante se queda”, aunque en la versión que tienen disponible cambiaron el audio original por el tema “Estoy saliendo con un chavón”. En otro video, en un camino rural aparecen policías empuñando fusiles y bailando. En este último reconocen a “Enoc” y “Adonis”, policías de El Cuá.
Contaminación política y desconfianza
Según el sacerdote Gadea, debido a la inefectividad policial, los pobladores de Wiwilí “van perdiendo la confianza en las autoridades, que se supone que deben ayudarnos a esclarecer estos casos, y va creciendo la desconfianza en la Policía o en el Ejército, porque algunas personas no se sienten protegidas por ellos, algunas, por el contrario, se sienten amenazadas”.
El catedrático Pineda explica que “la contaminación política que tienen, tanto la Policía como el Poder Judicial y el Ministerio Público, hace que el acceso a la justicia de las personas opositoras, que no forman parte de este círculo corporativista del régimen orteguista, no tienen acceso a la justicia y es un tema sensible y es una consecuencia directa de la partidización que tienen las instituciones del Estado”.
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“En la medida que hay impunidad, la tendencia de la presencia de ese tipo de delitos es en alza”, sostiene el experto en derechos humanos. Mientras tanto, allá en Arenales, donde debe caminar sobre el tronco de un árbol para pasar el río y llegar a su casa, Marcia Moncada, la madre de Aráuz, enfatiza: “les voy a decir la verdad de lo que siento: si hubiera otro régimen, hubiera justicia. Mi hijo no estaría muerto”.
“Efectivos” persiguiendo a “tranqueros”
En el kilómetro 221 de la ruta adoquinada hacia San José de Bocay, a 11 kilómetros de El Cuá, está la casa de Maribel Dávila Zamora, en la comunidad Frank Tijerino. Al esposo de ella, José Esteban Pauth Rugama lo mataron de un balazo la noche del 17 de enero.
Pauth era un comerciante de café y estaba viendo televisión en la sala cuando unos encapuchados llegaron y le dispararon por la espalda. Le robaron 40,000 córdobas y a una de sus hijas la despojaron de un celular. La Policía llegó tres horas después para investigar, refiere Dávila, mientras unos niños hacen tareas escolares en el corredor frontal.
Días después, dice Dávila, “vinieron como dos veces, pero después ya no volvieron… yo fui a El Cuá a preguntar y me dijeron que no sabían nada”.
El luto en esta familia creció porque, dos semanas después, el 4 de febrero, desconocidos mataron “ensartándole” un machete a Leonel Dávila García, cuñado de Pauth, cuando la víctima andaba sembrando café en su pequeña parcela.
“Mi cuñado no tenía qué le robaran, él solo trabajaba para ganarse sus cien pesos (córdobas) y llevar para la comida de sus (cinco) hijos, tres mujeres y dos varones”, afirma Leonor Pauth Rugama, cuñada del pequeño agricultor y hermana del comerciante de café asesinados.
“Se descompuso la (comunidad) Frank Tijerino, porque antes era bien calmo y ahora nos da miedo ir al monte… la Policía solo viene y se va, ni los sigue (a asesinos) porque quizá les tiene miedo también… los policías no vienen, esos andan en otras cosas, como detrás de los tranqueros”, sostiene Leonor.
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En El Cuá y Wiwilí, hubo pobladores que, sumándose a las protestas surgidas en el país desde abril de 2018, realizaron tranques sobre las vías.
Además de la “cacería” contra quienes estuvieron en esas protestas, desde hace meses pobladores de El Cuá y Wiwilí han denunciado que la Policía allana casas para decomisar armas a los productores, aunque estos las tengan debidamente legalizadas y con autorización para portarlas.
El alcalde liberal de El Cuá, Isidro Irías, cree que el incremento en la criminalidad, incluyendo las muertes violentas, obedece a que “desarmaron a los productores y (estos) quedaron indefensos”.
Para el experto en derechos humanos, Uriel Pineda “la Policía hoy está centrada en mantener al régimen (de Daniel Ortega) en el ejercicio del gobierno, está centrada en evitar que la población proteste y eso ha desviado su atención de su labor principal que es la prevención e investigación”.
Por su parte, el sacerdote Cristóbal Gadea, considera que la población espera de las autoridades “que se note que nos están cuidando, que se vea en acciones concretas. Algunos pobladores no ven eso, porque no es así, no se manifiesta, algunos en cambio tienen que esconderse, no se sienten protegidos, no se sienten cuidados…”.
“Estado de sitio” obligatorio en El Galope
El temor de los pobladores para salir de sus casas es también generalizado en la vecina comunidad El Galope, a 13 kilómetros al este de El Cuá. Incluso, algunos habitantes prefieren omitir sus identidades, porque temen por su seguridad.
“Aquí está bien horrible, ya después de las cinco de la tarde ya uno mejor se encierra y, si se oye algo, ya uno ni se asoma”, refiere un joven agricultor acompañado por varios familiares en la sala de su casa.
El 9 de marzo, una patrulla policial llegó de El Cuá porque un hombre, identificado inicialmente como Elmer Casco Centeno, ejercía actos de violencia contra su pareja Flor de María Rivera Centeno, dueña de una propiedad con una manzana de cafetales, a 200 metros al norte del llamado Empalme Santa Martha, en El Galope.
Casco recibió a balazos a los uniformados, mató al investigador Roberto José Padilla Ardón y huyó entre cafetales y bosques con dirección a la comunidad Frank Tijerino donde, según una acusación de la Fiscalía, pidió ayuda a su amigo Samuel de Jesús Mercado Aráuz y este último logró que le prestaran una moto y llevó al prófugo a la comunidad El Cedro.
Sin embargo, Casco fue asesinado a balazos por desconocidos, la noche del 29 de marzo, a pocos metros de donde él había matado al policía, confirmó el vecino Leonel Blandón Sequeira. Mientras tanto, Mercado, de 30 años, está siendo procesado en Jinotega por “encubrimiento agravado” y la juez especializada en violencia de género, Engracia Inés Flores, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
Una habitante de El Galope, reservándose su nombre, afirma que desde el año pasado empeoraron las cosas y, además de muertes violentas, “también ha habido mucha robadera y la gente tiene miedo”.
– ¿A quién le temen?
-A todo
-¿A quiénes, a delincuentes o a la Policía?
-Ya hablamos
Recuperar confianza
Celestino Miranda Báez, pastor evangélico de la Iglesia de Dios en la comunidad Frank Tijerino de El Cuá, señala que a raíz de los crímenes en ese sector “hay una zozobra tremenda, ya a las seis de la tarde estamos encerrados, nadie sale… por los mismos hechos que ha habido”. “Yo diría que con un puesto policial se podría mejorar”, dice Miranda, agregando que la Policía poco llega “tal vez por precaución”, temiendo posibles emboscadas.
Sin embargo, el alcalde de El Cuá, Isidro Irías, considera que la Policía realiza patrullajes y tiene puestos policiales en las comunidades El Bote, La Pita, San Miguel, Abisinia, entre otras, pero, “no podría decir si están haciendo las tareas de prevención al delito”.
“La Policía debería de devolver las armas legales a los productores y eso ayudaría a que el delincuente no ande libremente en las comunidades”, apunta Irías, además de reorganizar a la población en los denominados Comité de Prevención del Delito.
El experto en derechos humanos, Uriel Pineda, considera que “la Policía ha sido contaminada políticamente y ya no es tan fácil que la gente colabore y le de apertura a la Policía, sobre todo después de lo ocurrido desde el 18 de abril del 2018. Hay una desconfianza muy grande y eso afecta sensiblemente la labor de prevención del delito de la Policía”.
“La confianza no va a mejorar en la medida en que persista la directriz represiva”, advierte Pineda.
Sin embargo, para el alcalde Irías, “dependerá de la jefatura nacional de la Policía que ordene y que empiecen a ejercer su trabajo con profesionalismo y la población, estoy seguro, aceptaría que la Policía trabaje con profesionalismo… pero, por todos lados, lo que se ve es a los policías bailando el comandante se queda”.