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CONTENIDO EXCLUSIVO.Nicaragua vive un terrible capítulo de su historia, según la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, una destacada feminista y abogada experta en derechos humanos, que le ha dado seguimiento a las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde abril del año pasado.
Guevara Rosas responde un cuestionario desde Ciudad de México, en el que advierte que “la situación es crítica”. En Nicaragua, que vive 324 días desde que iniciaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, Guevara estuvo a finales de mayo de 2018, cuando denunció la represión del Estado.
¿Qué es lo más grave en materia de DD.HH. que sigue ocurriendo en Nicaragua?
A casi un año desde el inicio de las protestas es evidente que la situación en Nicaragua sigue deteriorándose. Las autoridades no han tomado medidas significativas para resolver la crisis de derechos humanos en el país, ni para garantizar justicia, verdad y reparación por las gravísimas violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en ese contexto, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, ataques a civiles con armas de guerra, etc.
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La impunidad por estas graves violaciones a derechos humanos continúa y no parece existir ninguna voluntad estatal para que esta situación sea revertida. Las denuncias de detenciones arbitrarias y de tortura de personas privadas de libertad no han cesado, y el hostigamiento y persecución a periodistas y personas defensoras de derechos humanos sigue reportándose.
Además, reconocidas organizaciones de la sociedad civil, como el CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos), cuya personalidad jurídica fue cancelada de forma irregular por el gobierno siguen sin poder operar en el país. Es decir, la situación es crítica y no se observa ninguna mejora sustancial en materia de derechos humanos.
Algunas personas han descrito a Nicaragua como un volcán que estalló después de años de abusos a la institucionalidad y de ruptura con el Estado de derecho, ¿cómo explica lo que ocurrió?
La violación del derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica ha sido una acción reiterada de los gobiernos del presidente Daniel Ortega. Por ejemplo, la represión violenta de marchas y el hostigamiento sufrido por representantes, líderes y lideresas de las comunidades campesinas que se oponen al mega-proyecto del Gran Canal Interoceánico, fueron objeto de reiteradas denuncias de organizaciones nicaragüenses y de Amnistía Internacional.
Asimismo, las personas defensoras de derechos humanos desde hace varios años vienen denunciando ser sujetas de hostigamiento y ataques sistemáticos dirigidos a silenciar sus demandas. Amnistía Internacional en la víspera de las elecciones presidenciales del 2016 expresó su preocupación por los síntomas de deterioro de la situación de derechos humanos y manifestó que Nicaragua se estaba acercando peligrosamente a algunas de las épocas más oscuras vividas en el país en decenios. Por lo tanto, las protestas iniciadas en abril fueron el desenlace de una larga historia de abusos cometidos por parte de autoridades nicaragüenses.
Si hubiese un pronunciamiento de la ONU (Organización de Naciones Unidas) tras la presentación este martes del informe del GIEI en el Consejo de Derechos Humanos, ¿qué repercusiones inmediatas tendría?
Actualmente, el gobierno del presidente Ortega no ha mostrado un interés real de trabajar con los mecanismos regionales o internacionales de derechos humanos para resolver la crisis. Al contrario, ha intentado evadir el escrutinio internacional, prueba de ello es la expulsión la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un día después de la publicación de su reporte y el anuncio de la finalización de mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) previo a la emisión de su reporte final.
A este preocupante escenario debe sumarse la falta de opciones de las víctimas para tener acceso a la justicia y a un remedio efectivo a nivel nacional
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En ese contexto, consideramos que el rol de la comunidad internacional es fundamental, siendo importante que el Consejo de Derechos Humanos emprenda acciones adicionales para abordar la situación de los derechos humanos en Nicaragua y adopte una resolución que establezca con claridad las medidas correctivas que el gobierno nicaragüense debe tomar y ponga en marcha un mecanismo de observación y presentación de informes.
Una resolución del Consejo de Derechos Humanos coadyuvaría a evitar un mayor deterioro de la situación y enviaría un claro mensaje al gobierno del presidente Ortega al evidenciar que la comunidad internacional no está dispuesta a seguir tolerando el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Además, sería una muestra de acompañamiento de la comunidad internacional a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas en Nicaragua.
Según Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en el continente ven una tendencia común de respuesta represiva de algunos Estados frente al creciente descontento social. “El caso de Venezuela, como lo es el de Honduras, nos muestra ese patrón similar que hemos visto en Nicaragua, políticas claras de represión generalizada en contra de población, con el uso excesivo de la fuerza, el uso letal de la fuerza, las detenciones arbitrarias, y en casos extremos las ejecuciones extrajudiciales”, explicó la jurista.
Los expertos del GIEI han pedido que se tome en cuenta a las víctimas ante una nueva reanudación del diálogo, ¿creen ustedes– después de las investigaciones que han realizado– en la palabra de Daniel Ortega?
El gobierno del presidente Ortega tiene en sus manos una oportunidad de oro: revertir los meses de sufrimiento y terror que ha vivido la población nicaragüense y garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. No cabe dudas que las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser escuchadas en los procesos en que se tomen decisiones que puedan impactar el ejercicio de sus derechos y el disfrute de las medidas de reparación y garantías de no repetición.
Críticos señalan que Ortega podría estar buscando una amnistía, ¿cómo podría ayudar el tema de la justicia universal a las víctimas?
Ciertamente la jurisdicción universal es una avenida a explorar en la búsqueda por la justicia. Al respecto el informe del GIEI es bastante claro al recomendar a los Estados miembros de la OEA y de la ONU iniciar investigaciones y, en su caso, juzgar a los responsables en el marco de la jurisdicción universal. Amnistía Internacional y otras Organizaciones de derechos humanos han subrayado la imposibilidad de que las víctimas accedan a la justicia a nivel nacional. Por lo tanto, el ejercicio de la jurisdicción universal es una opción por la que seguramente muchas víctimas van a optar.
¿Puede escapar Ortega a la justicia internacional, aun cuando el país no haya suscrito el estatuto de la Corte Penal Internacional?
El ejercicio de la jurisdicción universal es independiente al estado de la ratificación del Estatuto de Roma por parte de Nicaragua. Por lo tanto, el hecho que Nicaragua no sea parte del Estatuto no obstaculiza el ejercicio de la jurisdicción universal.
En términos personales, ¿le ve usted alguna salida a la crisis?
La única forma de lograr una solución duradera y sostenible a la crisis es que las autoridades nicaragüenses garanticen la justicia a la que tienen derecho los miles de víctimas de violaciones a derechos humanos. Esperamos que el gobierno del presidente Ortega detenga este terrible capítulo de la historia de Nicaragua y garantice sin dilación el respeto de los derechos humanos.