El informe en el que se revela que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad, como resultado de las exhaustivas investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), fue presentado este martes en el cuarenta período del Consejo de Derechos Humanos, que se realiza en Ginebra, Suiza.
A cargo de la presentación estuvo Pablo Parenti y Claudia Paz y Paz, dos de los cuatro miembros que integraban el equipo del GIEI, que fue expulsado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en diciembre de 2018 para evitar que presentaran en el país el contundente informe, que también recomienda investigar al dictador Ortega y los principales jefes de la Policía Orteguista (PO).
Al final de la presentación, Parenti se refirió al diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y señaló que cualquier diálogo no puede dejar de contemplar a las víctimas, es decir, que no puede estar en juego ninguna negociación en que las víctimas se resignen su derecho a la justicia.
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Además señaló que durante los hechos violentos se confirmó el uso letal de armas de guerra contra la población civil. Dijo que la policía actuó en coordinación con grupos paraestatales, es decir, que la intervención de la PO no desplazó a los grupos de choque, que fueron actuando de una forma más violenta. “Fue una articulación muy clara”, expuso el experto.
Este informe se presenta en marco de una petición de resolución por parte del Consejo de Derechos Humanos, que han realizado varias organizaciones de derechos humanos, para que se pronuncie sobre la crisis de violaciones de la que son víctimas los nicaragüenses.
Por su parte, Paz y Paz se refirió a la falta de independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía, para aplicar justicia de forma imparcial, además de señalar que la mayoría de los asesinatos aún no se han investigado y los pocos judicializados, son achacados a manifestantes azul y blanco.
Solo entre el 18 de abril y 30 de mayo de 2018, fueron asesinadas 109 personas, la gran mayoría a balazos por parte de la PO y las fuerzas paramilitares organizadas por el dictador.
Al final, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cifró en 325 las muertes ocurridas durante la sangrienta jornada de represión de la dictadura Ortega-Murillo contra la población civil, que dejó miles de heridos, cientos de presos políticos y decenas de miles de exiliados
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