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El pasado 31 de julio, el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, reveló que las citadas reformas tributarias en sus primeros cuatro meses han generado 4,442 millones de córdobas en ingresos adicionales. LA PRENSA/ ARCHIVO

Empresarios alertan que el 70% de los productos de la canasta básica aumentarán su precio por paquetazo fiscal

Según el análisis de los privados, los productos como detergentes, toallas sanitarias, papel higiénico, pasta de dientes, entre otros, que forman parte de la canasta familiar, empezarían a sufrir el impacto de la reforma fiscal con alzas en sus precios.

Aunque el régimen de Daniel Ortega ha casi jurado que la reforma fiscal que este viernes aprobará en la Asamblea Nacional protegerá a los más pobres, el sector privado alertó este martes de que el 70 por ciento de los productos de la canasta básica van a subir de precio más del 50 por ciento una vez que entre de lleno la aplicación del ajuste fiscal.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) desnudaron el discurso oficial con una exhaustiva revisión de letra por letra, inciso por inciso, de la propuesta de reforma fiscal.

“Es una reforma confiscatoria y consideramos promovería la descapitalización de las empresas, la fuga de capitales, la falta de inversiones y por último la iliquidez, insolvencia e inevitable quiebra de muchas empresas; aumentará la tasa de desempleo y provocará desplazamiento de las actividades económicas al mercado informal”, alertó el Cosep en un análisis que tituló como “Golpe de Estado a la economía”.

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Cadin advirtió también que la reforma a la seguridad social —aprobada por el consejo directivo del INSS, el mismo día que se envió la propuesta fiscal— tendrá un efecto demoledor en las futuras pensiones, así como en el poder adquisitivo de todos los nicaragüenses.

Según el análisis de los privados, los productos como detergentes, toallas sanitarias, papel higiénico, pasta de dientes, entre otros, que forman parte de la canasta familiar, empezarían a sufrir el impacto de la reforma fiscal con alzas en sus precios.

El problema es que la propuesta de reforma a la Ley de Concertación Tributaria (LCT), la cual el régimen pretende aprobar de forma relámpago, ajusta o deroga varios numerales del artículo 127 de dicha ley que evitaban que varios productos que integran la canasta básica se les aplicara el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, por ende, eran más accesibles a la ciudadanía.

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Para muestra un botón. En el proyecto de reforma fiscal se deroga el numeral 11 del artículo 127 de la LCT, que hasta hoy señalaba claramente que estaban exentos del IVA “la producción nacional de papel higiénico, jabones de lavar y baño, detergente, pasta y cepillo dental, desodorante, escoba, cerillos o fósforo y toalla sanitaria”.

De ese mismo artículo se deroga el numeral 13, que hasta ahora protegía a la producción nacional de “pantalones, faldas, camisas, calzoncillos, calcetines, zapatos, chinelas, botas de hule y de tipo militar con aparado de cuero y suela de hule para el campo, blusas, vestidos, calzones, sostenes, camisolas, camisolines, camisetas, corpiños, pañales de tela, y ropa de niños y niñas. La enajenación local de estos productos, realizados por empresas acogidas bajo el régimen de zona franca, estará sujeta al pago del IVA”.

Gutiérrez mintió al pueblo

La realidad de la reforma deja al descubierto que el discurso del régimen es falso. El presidente de la Comisión de Economía, Presupuesto y Producción de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, dijo el 28 de enero en un programa televisivo que “una segunda medida que también es importante destacar, es el tema de gravar con Impuesto al Valor Agregado algunos productos que están sometidos a transformación industrial. ¿Qué significa eso, para que la gente lo entienda en cristiano? Los elementos o productos fundamentales de consumo popular de la canasta básica de los nicaragüenses continuarán exentos. Esto es lo primero que debemos de dejarle claro al pueblo de Nicaragua”.

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El Consejo Superior de la Empresa Privada señaló que la situación empeora porque también se elimina las exenciones a maquinarias y equipos que son esenciales en la producción de alimentos básicos.

Asimismo, el régimen buscará obtener recursos aplicando impuestos a los insumos que se usan en el campo para producir.

Cadin enfatizó que el incremento de impuestos a los insumos y repuestos para la producción agrícola e industrial encarecerá “los costos directos de la producción, el precio de la canasta básica y desmejorará nuestras competitividad en los mercados internacionales”.

De las venideras alzas como consecuencia de la reforma fiscal, no se salvará el pinolillo ni el pan simple, luego que la dictadura decidiera clavar impuesto a las materias primas que se usan para elaborar esos productos.

Incluso comer pan dulce tradicional será más caro, porque ahora pagará IVA.

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Según un análisis realizado por el despacho Báez Cortés, en el artículo 127 de la LCT se reformaron o derogaron los numerales 4, 5, 6, 10, 11, 14-18, 20 y 25, que afectan a una gran cantidad de productos.

El Cosep señaló que el Ejecutivo busca aplicar IVA ahora a la ropa usada, así como a carro y muebles de segunda.

El despacho Báez Cortés indica que la sed recaudatoria del régimen abarcará el pollo entero, la carne de res —con excepción de la posta y las vísceras—, una situación similar que ocurriría con la carne de cerdo.

Mano de obra más cara y se extrae liquidez a las empresas

Paralelo a estas alzas, tanto la reforma fiscal como la de la seguridad social, que ayer fue publicada en La Gaceta, impactarán al empleo en un mercado laboral que ya ha perdido a más de cuatrocientas mil personas, que producto de la crisis política fueron suspendidas o despedidas, según un análisis de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

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El problema, según Cadin, es que el costo de la mano de obra como consecuencia de ambas reformas se incrementará 15.8 por ciento, provocando una reducción adicional del empleo.

Más represión a privados

El régimen también busca estrangular financieramente a las empresas al no solo obligarlas a aumentar de 1 a 2 y 3 por ciento el pago mensual por adelantado del Impuesto sobre la Renta, sino que también ordena adelantar la fecha de declaración de los distintos impuestos, lo que implica que las empresas deben desembolsar más temprano recursos para cumplir con sus obligaciones fiscales.

En la reforma fiscal la dictadura ordena que a partir de ahora el plazo de declaración del IR ya no será a finales de marzo, sino al término de febrero. Los anticipos del IR, IVA e ISC ya no se hará cada 15 del mes, sino el 5 de cada mes, señala el Cosep.

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“El incremento del anticipo ‘Pago mínimo definitivo’ del IR representa una reducción de hasta un 300 por ciento del flujo efectivo mensual que las empresas requieren para su operación rutinaria (pago de planilla, compra de materia prima, entre otros), lo que derivará en el cierre de empresas y aumento del desempleo”, lamentó Cadin.

Exportaciones no salen ilesas

Tampoco escapan al golpe fiscal las exportaciones tradicionales, que durante años le han aportado más de dos mil millones de dólares a la economía nacional y han sido fundamentales para el crecimiento económico.

Al respecto, el análisis de Báez Cortés explica que ahora las exportadoras no podrán deducirse el 1.5 por ciento del crédito tributario en el pago por adelantado del IR que hacen cada mes, sino que deberán esperar el cierre fiscal anual.

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Esto ocasionará, según el Cosep, que las empresas exportadoras no podrán transferir la recuperación de esa liquidez producida por el crédito tributario a los productores o fabricantes de dichos bienes, quienes verán sustancialmente reducido su capital de trabajo, afectando con ello la productividad y competitividad exportadora del país.

“Reiteramos nuestro rechazo a ambas medidas en forma categórica, ya que las mismas solamente generarán más incertidumbre y desconfianzas en los sectores económicos y un mayor deterioro en la situación económica de la población en general al provocar más desempleo y encarecer el costo de vida de los nicaragüenses”, señaló el Cosep.

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Tanto el Cosep como Cadin instaron al diálogo para salir de la crisis y sacar a flote la economía nacional, y por ende, las finanzas públicas. El régimen busca extraer con la reforma fiscal unos 317 millones de dólares.

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