A partir de mayo en Nicaragua se comenzó a observar la participación de grupos paramilitares como arma para reprimir violentamente las protestas ciudadanas que estallaron en abril; aunque “su actuación más notoria se verificó en los meses siguientes”.
El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirma la existencia de estos “grupos paraestatales”, a los que dedica todo un capítulo.
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De acuerdo con el informe del GIEI, “durante los hechos de violencia sucedidos a partir de la crisis de 2018 pudo verse la actuación de grupos con un alto poder de fuego y organización que salieron a las calles utilizando armas de guerra”.
Estos grupos paramilitares mostraron “un nivel de organización y preparación muy superior al de los tradicionales ‘grupos de choque’ o ‘turbas’”, que el orteguismo había venido empleando a lo largo de once años, destacaron los expertos del GIEI, seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua.
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Asimismo, dice el informe, “se los vio utilizando camisas de algún color como distintivo”.
estructuras paralelas
Cuando habla de “grupos paraestatales”, el GIEI se refiere a “los diversos grupos de personas que asumen funciones represivas sin identificarse como funcionarios policiales o estatales, pero que actúan de manera coordinada con la Policía Nacional”. Y en esa clasificación también entran las turbas y los grupos de choque. Estos últimos se conformaron a finales del 2007 e inicios del 2008. Y “una de las primeras ocasiones en las que se tiene registro (de su participación) fue en las elecciones municipales del 2008, cuando se enfrentaron y agredieron a simpatizantes de la oposición que reclamaban por los resultados electorales”, señala el contundente informe.
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En el caso de los paramilitares, según la información reunida por el GIEI, “cuando el Gobierno reorganizó su estrategia de represión frente a la sostenida movilización y protesta social, un grupo de militantes históricos cercanos a Ortega se dedicaron a visitar varias ciudades del país a fin de reclutar exmilitares, desmovilizados del Servicio Militar Patriótico, oficiales retirados del Ministerio del Interior y militantes históricos, para integrarlos a los grupos paraestatales. Algunos de los reclutadores eran altos oficiales del Ejército en condición de retiro”.
El informe también denuncia la violencia estatal ejercida contra los ciudadanos, las investigaciones sesgadas y los procesos judiciales irregulares en el marco de la crisis que atraviesa Nicaragua.
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