Mientras Daniel Ortega detente el poder y perdure la dictadura, es imposible que se haga justicia por los horrendos crímenes, incluso de lesa humanidad, que se han cometido en Nicaragua.
Esto lo dijimos el viernes pasado, al comentar la Declaración de las Madres de Abril en la que demandan justicia y reparación por los asesinatos de sus hijos y todos los crímenes perpetrados por la dictadura.
Después conocimos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ha enviado al régimen de Daniel Ortega sus comentarios a la propuesta oficialista de “Política de Estado para una Cultura de Paz y Reconciliación”, que pronto será hecha ley.
El GIEI fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para investigar la violencia política y social ocurrida en Nicaragua y deslindar las responsabilidades correspondientes, a fin de que se haga justicia. La creación del GIEI fue aprobada por el régimen de Ortega, pero en la realidad les ha puesto toda clase de obstáculos para impedir el cumplimiento de su trabajo.
A pesar de todo, los expertos del GIEI ha enviado al régimen orteguista sus consideraciones sobre el plan de supuesta reconciliación y paz. En sus recomendaciones le dicen a Ortega y Murillo que antes de cualquier política estatal encaminada a buscar un proceso de reconciliación, hay que establecer la verdad, reconocer las responsabilidades, sancionar a los responsables, dar reparación de las víctimas y hacer las reformas necesarias para restituir la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
Por supuesto que todo eso es imposible hacerlo sin un previo cambio de gobierno por medio de mecanismos democráticos y constitucionales, como sería la anticipación de las elecciones y que sean libres y limpias.
Con esto no queremos decir que los terribles crímenes contra los derechos humanos que ha cometido la dictadura de Nicaragua, tendrán que quedar impunes para siempre. Se suele decir que justicia tardía no es justicia, pero aunque pase el tiempo lo más importante es que se castigue a los criminales y que se repare moral y materialmente a las víctimas.
El jueves de la semana pasada, los dos últimos dirigentes de la horrorosa dictadura comunista de los jemeres rojos, en Camboya, fueron declarados culpables de genocidio y condenados a una segunda cadena perpetua, pues ya cumplían otra desde 2014 por crímenes de lesa humanidad.
Ellos cometieron sus horrorosos crímenes entre 1975 y 1979. Han pasado casi cuarenta años desde que cayó la dictadura comunista de los jemeres rojos y los antiguos líderes ahora condenados son ya ancianos. Pero aunque tarde les alcanzó el rigor de la justicia.
Esto debería hacer reflexionar a quienes aquí y ahora creen que sus crímenes contra la humanidad quedarán impunes. Deberían estar claros de que tarde o temprano también ellos serán alcanzados y castigados por la justicia.
