La criminalización de los presos políticos sin que aún sean declarados culpables, queda evidenciado en los tribunales cuando éstos son expuestos ante las cámaras de los medios oficialistas.
Lo anterior lo expresó la asesora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Leyla Prado, una de las panelistas en el foro sobre libertad de prensa en Nicaragua, con motivo del 37 aniversario de la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), y promovida por esta organización junto al Programa Onda Local.
De esta manera la abogada expuso el daño o la ayuda que pueden representar los medios de comunicación para una persona. Prado expresó: “he presenciado cómo los presos políticos son expuestos a los medios oficialistas para criminalizarlos de previo. Exponerlos como si tal ellos son culpables”.
Prado señaló que para ella “es muy duro”, observar como son humillados “porque son ciudadanos que nunca han cometido delitos, son ciudadanos que confiaron en la ley”.
Según Prado, en su mayoría los presos políticos ahora son procesados “por haber creído en ese derecho constitucional de la libertad de expresión y de movilización”.
Y señaló que hay muchos casos en los que los abogados defensores han intentado incorporar pruebas a través de información y fotografías publicadas en medios de comunicación, “pero es considerada prueba ilegal en los procesos porque no contamos con autorización de redactores o dueños de esas tomas”.
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Es por ello que Prado solicitó a los autores de trabajos periodística que consideren “pueden tener efecto en los procesos de estas personas den una apertura a las organizaciones de derechos humanos”, para que puedan hacer uso de los mismos.
Igualmente la defensora demandó a los medios de comunicación independiente continuar visibilizando estos casos, para que de manera positiva pueda favorecer a los presos políticos.
Mencionó que hay muchos casos de financiamiento al terrorismo, sobre todo personas procedentes del departamento de Carazo, donde dijo, hay una criminalización de quienes de alguna manera participaron en las protestas.
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Igualmente hay abusos con la ley de terrorismo y cualquier persona está expuesta a que le sea aplicada. Según dijo Prado, esto tiene que ver con que la Ley 977, que en su artículo 1, fue dejado muy amplia en cuanto a la conducta de terrorista, al referirse por ejemplo en una parte que dice al que facilite y pueden incluir a una persona dentro de las actuaciones de colaboración, como ha ocurrido con que apoyaron con alimentos y agua, con las personas que participaron en tranques y ahora están siendo imputados como terroristas.
Prado refirió el caso de una persona transgénero a quien le aplicaron el delito de financiamiento al terrorismo, “porque lamentablemente tenía muchos deudores de parte de la Policía y en vista del contexto de la protesta alguien se aprovechó de la situación de él y le atribuyeron que estaba financiando a los tranques en Carazo y no hay pruebas”.
Profesión de riesgo
Durante el foro de libertad de prensa también fue abordado el riesgo que ha representado para los periodistas independientes las coberturas durante los casi siete meses de crisis sociopolítica en el país.
Para ellos retomaron el reciente informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que señala que en seis meses registran 420 ataques en contra de periodistas y medios de comunicación en el país.
Guillermo Medrano, funcionario de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, indicó que en igual período el año pasado únicamente registraban 34 casos en contra de periodistas. Lo que más preocupa es que la actividad periodística se está representando bastante riesgo.