El Gobierno minimizó las cifras de presos políticos que albergan en el Sistema Penitenciario Nacional, tras los procesos arbitrarios ejecutados después de las manifestaciones del 18 de abril a la fecha, al reconocer 204 privados de libertad.
El viceministro de Gobernación, Luis Roberto Cañas Novoa, aseguró que en las cárceles del país hay siete condenados y 197 detenidos en proceso judicial.
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Pese a las abundantes denuncias de tortura, el funcionario gubernamental rechazó que violen los derechos humanos de los reos.
Cañas, durante su comparecencia en el oficialista Canal 4 de televisión, propiedad de la familia Ortega Murillo, intentó crear otra realidad diferente a las denuncias de los familiares de los detenidos.
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El funcionario orteguista dijo que en todo centro penitenciario el privado de libertad es recibido “por un comité de recepción que evalúa a presos o presas por individual” y que desde la entrada “se hace un chequeo médico, está nuestro Cuerpo Médico revisándolos, y está revisando también su expediente como tal, para conocer el nivel de peligrosidad que ese preso tiene y así ubicarlo”.
Igualmente Cañas habló de “cumplimiento de calendario de visita”, de “promoción de actividades deportivas” a los internos y “atención médica de rutina a los enfermos crónicos”.
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Según Cañas, a estos aspectos “no le pusieron mucha atención” las misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas.
“Ni querían escuchar las explicaciones de cómo funcionaba el Sistema Penitenciario en nuestro país. No les importaba. Es más, cuando llegó por primera vez la CIDH llegó con tres horas de retraso y así por encima, superficialmente, pidiendo información muy puntual”, se quejó Cañas.
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Según el funcionario de gobierno, las misiones de los organismos de derechos humanos “no quisieron conocer, por una cuestión, no sé, de educación, escuchar a la jefatura de un Sistema Penitenciario de un país a ver cómo funciona.
Como cuando alguien llega a una fábrica el gerente le recibe y le explica el funcionamiento. Ellos adoptaron una posición bastante grosera, iban solo a lo que les interesaba”.
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En contraposición de lo que señala Cañas, el comisionado Joel Hernández, relator para los derechos de las personas privadas de libertad, dijo que desconoce el sentido de esas declaraciones y anunció estar listo para una visita de inmediato al Sistema Penitenciario. Además destacó que hace una semana aproximadamente la CIDH informó a la cancillería nicaragüense de su visita al país en su carácter de relator.
“En esa solicitud se le presentó un programa de trabajo, solicitando la anuencia para poder reunirnos con autoridades del Gobierno, incluyendo al Sistema Penitenciario, incluyendo la Policía Nacional, la Fiscalía y la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos”, explicó Hernández.
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“Desafortunadamente no hubo respuesta a nuestras solicitudes de reunión”, refirió Hernández.
“Desde el Ministerio de Gobernación nosotros hemos venido escuchando a distintas personas, representantes de organizaciones, hablando de este tema tal y como si ellos estuvieran administrando la actividad penitenciaria en nuestro país. Y lo hemos oído inclusive en foros internacionales, avalando cifras, certificando cifras que en ningún momento se acercan a la realidad”, se quejó el funcionario.
Refutan a Cañas
En un intento por desvirtuar las denuncias de los familiares de los detenidos, Cañas puso de ejemplo el caso del líder campesino Medardo Mairena, a quien muestra en una fotografía cuando es revisado superficialmente por un doctora.
Para Alfredo Mairena, hermano del dirigente campesino, “esa es una burla más a los familiares de los presos políticos (…) porque quién nos asegura que en realidad, en el caso de Medardo, esa persona que sale sea médico”.
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Alfredo Mairena insistió en su demanda de que su pariente sea visto por un médico de su confianza, para tener garantías de su salud.
El hermano de Mairena también refutó las declaraciones de Cañas que asegura que los familiares de los detenidos tienen el calendario de visita y que no acudieron a la cita en agosto pasado, asegurando que al contrario, no les dan información precisa cuando realizan consultas sobre sus reos.
Organismos ven otra realidad
El secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez y Juan Carlos Arce, del Cenidh, disienten de las afirmaciones de Cañas. “Definitivamente lo que este señor dice se aleja de lo que dicen los familiares”, dijo Arce, tras considerar que ocurre lo contrario. “Lo que sucede rebasa totalmente todo lo que habíamos visto” porque a los privados de libertad antes se les permitía ver a sus familias y hablar con sus abogados, ahora “están completamente aislados”. Leiva consideró que a los presos políticos se les ha violentado sus derechos humanos desde que fueron encarcelados por razones políticas y criminalizando su derecho a la protesta cívica. Leiva dijo que estas personas son sometidas a violación de sus derechos desde que fueron sometidas a un proceso judicial sin un fundamento legal y tras haber sido objeto de secuestros.
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“Cuál detención ilegal”
El viceministro de Gobernación, Luis Roberto Cañas Novoa, asegura que todos los privados de libertad que albergan los penales del SPN, tras las manifestaciones de la población autoconvocada en todo el país, “están a la orden de la autoridad judicial competente”. Y según sus afirmaciones “no hay ningún preso de manera ilegal”.