Carlos Hernández, el hombre que estuvo esposado a la camilla de un hospital de Granada, se ha quedado sin abogado luego que Josué Duarte, quien lo representaba, abandonara el caso este domingo.
Según Mariela García, esposa de Hernández, el abogado abandonó el caso después que el 7 de septiembre el proceso fue trasladado de Granada hacia Managua. “El abogado me dijo que no se quería seguir metiendo a problemas con el caso y que yo fuera a la Defensoría Pública para que le asignaran (a Hernández) un defensor público”, dijo García.
García manifestó que el abogado de su esposo le aconsejó también ir a los organismos de derechos humanos para que le ayudaran a conseguir un defensor legal.
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Centralización
El traslado del juicio de Hernández a Managua corresponde a una medida de centralización de procesos judiciales que ha ordenado la Corte Suprema de Justicia, pues todos los jueces departamentales se están declarando incompetentes de llevar casos de autoconvocados y, por lo tanto, los expedientes se están enviando a Managua para ser procesados.
En los juzgados de Managua se están procesando a personas capturadas en Estelí, Juigalpa, Masaya, Carazo y León por hechos ocurridos en esos sitios.
Con el caso de Hernández, LA PRENSA contabiliza nueve casos que han sido trasladados de Granada hacia Managua, bajo el mismo concepto legal de incompetencia del juez.
Duarte era un abogado privado de la familia de Hernández.
“Duarte dice que esta semana nos iba a regresar el dinero que le habíamos dado, porque le habíamos pagado la mitad (de sus honorarios)”, confió García, esposa de Hernández.
Hernández fue capturado el 5 de julio, acusado del robo de un celular, una bicicleta y trescientos córdobas.
Según la acusación, Hernández habría disparado contra los oficiales durante la detención y es por eso que ellos le dispararon, desbaratándole el fémur, por el cual lo hospitalizaron.
Hernández tenía programado juicio oral y público el 21 de septiembre.
Otro de los casos trasladados es el del psicólogo Róger Alfredo Martínez, también de Granada, quien fue remitido a Managua por ser de “trascendencia nacional”.
Juicios interrumpidos
E l del psicólogo Róger Martínez fue otro de los casos traslados de Granada hacia Managua.
Martínez fue acusado de fabricación, tenencia, tráfico y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos, en perjuicio del Estado.
Sin embargo, Maynor Curtis, su abogado defensor, asegura que el Ministerio Público no ha aportado pruebas que sustenten esos supuestos delitos.
Según Curtis, esta medida de centralización violenta al menos dos derechos constitucionales de los procesados: la interrupción del plazo máximo y duración del proceso y la sustracción del proceso de un juez competente o juez natural.