El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, urgió este viernes el fin de la represión policial y paramilitar en Nicaragua, la cual ha cobrado más de trescientas vidas, y afirmó que el dictador Daniel Ortega no quiere reformas electorales.
“El señor Ortega es muy difícil de trabajar y no quiere implementar ninguna reforma electoral”, afirmó.
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Las declaraciones de Almagro fueron divulgadas este viernes por Cristiana Chamorro, presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, quien tuvo la oportunidad de preguntar personalmente al secretario general de la OEA sobre lo que está haciendo para ayudar a resolver la crisis de Nicaragua, en el foro “Poder y política” realizado en Estados Unidos.
“Nuestra urgencia es parar la represión y la tortura. Estamos trabajando con la comunidad internacional para resolver la situación de Derechos Humanos y recrear un momento para un nuevo dialogo que facilite la democratización de Nicaragua”. Almagro en Harvard pic.twitter.com/WuNrKIjzao
— Cristiana Chamorro (@chamorrocris) October 26, 2018
La actividad fue organizada por la Escuela Kennedy, en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Chamorro preguntó sobre el Memorándum de Entendimiento firmado por la OEA y el gobierno de Daniel Ortega en febrero de 2017, el cual se usó como marco de una próxima reforma electoral.
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La respuesta de Almagro fue que ese Memorándum “ya no está en juego”, “que caducó”, porque el “señor Ortega es muy difícil de trabajar y no quiere implementar ninguna reforma electoral”.
Propuesta era adelantar elecciones
Dentro del marco de esos acuerdos, el pasado 22 de junio, en medio de los días más cruentos de la crisis, Almagro propuso ante el Consejo Permanente de la OEA (con sede en Washington) adelantar los comicios nacionales y parlamentarios en Nicaragua para marzo de 2019, aunque también dejaba abierta la posibilidad de que fueran en agosto de ese año. El régimen orteguista no tomó en cuenta ninguna de las sugerencias y más bien las relaciones entre Ortega y Almagro se fueron deteriorando los próximos meses.
Ortega endureció su discurso contra la OEA. El 17 de septiembre, el dictador pidió la renuncia de Almagro al cargo de secretario general de la OEA, por considerarlo una “amenaza a la paz y seguridad internacional”.
Lo primero es resolver la crisis de derechos humanos
La directora de la Fundación Violeta Barrios también le preguntó a Almagro: ¿Qué podemos hacer ante un gobierno ciego que no ve los más de trescientos muertos que lleva en seis meses y más de quinientos prisioneros en las cárceles; sordo que no escucha el clamor de un pueblo que clama por democracia y justicia y además mudo porque no habla con nadie en un aislamiento absoluto?
El secretario general contestó, según Chamorro, que la “prioridad urgente es resolver pronto el tema de los derechos humanos en Nicaragua”, y “en paralelo está trabajando con la comunidad internacional, para recrear un momento que permita facilitar un nuevo diálogo en el que se puedan retomar las urgentes reformas que Nicaragua necesita para su democratización plena”.
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Hace una semana Almagro advirtió que si continúa la represión en Nicaragua esto obligará a ese organismo a recurrir al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana es el instrumento jurídico creado por los Estados miembros de la OEA para preservar la institucionalidad democrática.
El artículo 20 establece su aplicación cuando en un Estado miembro se produce una alteración al orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático.
Nicaragua es uno de los países miembros del organismo y está comprometido con el contenido de la misma.
Crisis de Nicaragua
El país vive en crisis desde el pasado 18 de abril, cuando el régimen desató la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la salida de Daniel Ortega del poder.
Entre 325 y 528 personas han muerto por la represión, sin embargo, la dictadura orteguista solo reconoce 199 fallecidos que identifica como policías y simpatizantes de su gobierno.
El reciente 28 de septiembre la Policía Orteguista declaró ilegales las protestas ciudadanas contra Ortega, por medio de un comunicado en el que aseguró que “responderá ante la ley la organización o persona que convoque manifestaciones ilegales”, lo que ha sido interpretado como una criminalización de la protesta.
Más de trescientas personas están presas por participar en la protestas contra Ortega, la mayoría jóvenes, pero también militares en retiro que colaboraron con el sandinismo para derrocar a la dictadura somocista y luego lucharon contra la Contrarrevolución.