El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, advirtió este viernes durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente que si continúa la represión en Nicaragua esto obligará a ese organismo a recurrir al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
Almagro dijo que cuando en un país hay violaciones a los derechos humanos y muertes al por mayor “estamos ante la caída del estado de derecho”, mientras lamentó la sangre derramada desde abril cuando iniciaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
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“Digamos las cosas como son. Por estas horas en Nicaragua todo se ha desbordado. Cuando en un país hay violaciones de derechos humanos, uso de la violencia por parte del gobierno y grupos afines al gobierno, y muertes al por mayor, ya no se está ante hechos coyunturales pasibles de ser interpretados de manera diversa. Cuando se produce este cóctel criminal estamos ante la caída del estado de derecho”, afirmó Almagro durante su intervención que fue rechazada inmediatamente por el representante del orteguismo quien lo criticó diciendo que, con sus declaraciones, era fiel al “imperio”.
Reclamamos y denunciamos no x la OEA, sino x la gente q representa esta Organización, la gente de a pie, el ciudadano q aspira a q el Derecho Internacional sirva como instrumento d justicia. Aquí mi discurso hoy en Consejo Permanente sobre situación en #Nicaragua #OEAenNicaragua pic.twitter.com/APfFj85FVc
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 19, 2018
El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana el instrumento jurídico creado por los Estados miembros de la OEA para preservar la institucionalidad democrática, establece su aplicación cuando en un Estado miembro se produce una alteración al orden Constitucional que afecte gravemente su orden democrático.
En ese sentido, la CDI indica que cualquier Estado Miembro o el Secretario General (en este caso Almagro) podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.
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El exdiplomático nicaragüense, Manuel Salvador Abaunza, explicó que la aplicación del artículo 20 es la invocación de la Carta Democrática. Eso significa pasar de la diplomacia preventiva a la acción, es buscar la suspensión del régimen de Nicaragua del seno de la OEA.
“Para eso se tiene que pasar por un procedimiento que es convocar a la reunión de cancilleres y buscar 24 votos para la aprobación de ese artículo, ya lo dijo el secretario general de la OEA, y es pasar de la democracia preventiva a los hechos”, aseveró Abaunza.
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La situación de Nicaragua ha sido abordada en distintas resoluciones, en las cuales se ha condenado la violencia del Estado contra las ciudadanos. Las votaciones han oscilado entre 19 y 21 miembros a favor de los pronunciamientos. De éstos países, 12 forman parte del Grupo de Trabajo que fue creado en agosto pasado para tratar de ayudar a buscar una solución a la crisis nicaragüense que cumple seis meses.
Normalización de la institucionalidad
El artículo 20 de la Carta democrática Interamericana también establece que “el Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.
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“Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”, expresa el documento.
En la sesión de este viernes del Consejo Permanente, la que fue convocada por la Misión de Canadá, que junto a Chile coordina el Grupo de Trabajo para Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe actualizado que revela distintas fases de la represión del Estado de Nicaragua.
Igualmente, el Grupo de Trabajo para Nicaragua presentó su segundo informe desde que fue creado ese organismo el pasado 2 de agosto.
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El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, explicó las distintas fases de la represión que ha adoptado el régimen de Daniel Ortega desde abril pasado, las cuales el funcionario del organismo define de “diferentes intensidades”.
En general, al menos 325 personas fueron asesinadas desde abril, entre ellas 21 agentes de la Policía Orteguista, pero el secretario del organismo también hizo énfasis en el número de menores de edad: 24. E hizo las diferencias cuando la represión ocurre en el interior del país.
#Nicaragua: Impacto diferenciado de represión en interior, diferente que en Managua. Se intensificaron tensiones intracomunitarias, hay listas de personas contrarias al gobierno. Personas se han desplazado a la montaña o pasado a la clandestinidad, dice @PauloAbrao en @CP_OEA pic.twitter.com/JUYyuvmYCZ
— CIDH (@CIDH) October 19, 2018
“Completamos seis meses de una dramática situación que afecta la vida de los nicaragüenses”, sostuvo Abrao. El funcionario describió cada una de las fases de represión, iniciando por la que ocurrió cuando iniciaron las protestas pacíficas, marcadas por las violaciones a los derechos humanos y contra la vida de las personas, asesinadas con disparos letales en órganos vitales como la cabeza, el cuello, ojos, el pecho y la espalda.
Uno de los casos señalados por la embajadora de Argentina, María Bertol, fue el de Álvaro Conrado, el niño que un francotirador mató cuando llevaba agua para los manifestantes. Ella recordó que las últimas palabras del pequeño fueron “me duele respirar”.
En #Nicaragua las personas que sufren y mueren tienen nombre y apellido. Quiero recordar hoy a Alvarito Conrado, joven de 16 años que antes de morir dijo una frase que muchos nicaragüenses hoy sienten “Me cuesta respirar”. #OAS_official
— Argentina en la OEA (@ARGenOEA) October 19, 2018
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La negación de atención médica para asistir a las personas en el marco de la violencia fue recordada también por Abrao, así como la campaña de estigmatización de personas que apoyaron y participaron en las protestas
La segunda fase represiva consistió en la denominada “Operación limpieza” y desmovilización de tranques. La tercera fase, que es la actual, consiste en la criminalización contra manifestantes y opositores, a través de juicios sin el debido proceso, profundización de las restricciones a la libertad de prensa, robo, ruptura de equipos y agresiones a periodistas.
La respuesta de la dictadura de Ortega fue dada por el embajador del país, Luis Alvarado, quien acusó a la CIDH de presentar un informe “falaz y tendencioso” y se dedicó a atacar a los países que criticaban al régimen, entre ellos Colombia, Costa Rica y el propio Almagro.
En un momento dado fue tanta la vulgaridad de Alvarado que quiso hacer un discurso político para denunciar “la conspiración internacional” contra Ortega, cuando tomó la palabra usando el procedimiento técnico de “los puntos de orden”, permitidos para abordar temas de procedimiento. El presidente del Consejo Permanente del organismo le hizo ver esto, pero el embajador orteguista alzó la voz ignorándolo, lo que provocó que le fuese apagado el micrófono.