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CONTENIDO EXCLUSIVO.El embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, dijo que las violaciones a los derechos humanos, cometidas por el régimen de Daniel Ortega no tienen precedentes en Centroamérica.
Trujillo anunció que su país trabaja en función de que los responsables de abusos a los derechos humanos enfrenten la justicia en cortes internacionales. Entre 322 y 513 personas murieron por la represión del Estado según organismos de derechos humanos.
La violencia la han ejercido de manera directa la Policía Orteguista, pero también los grupos de paramilitares que han atacado a la población de manera coordinada en distintos momentos.
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Este fin de semana, la Policía Orteguista detuvo al menos a 38 personas que protestaban pacíficamente en los alrededores de Camino de Oriente en Managua. Se trata de otro intento de las autoridades por impedir que la población vuelva a marchar.
Castigo en el exterior
Trujillo lamentó lo que ocurre en el país e insistió en el castigo a los responsables. “Cualquier persona que viole los derechos humanos puede ser juzgada por esas violaciones, estamos evaluando todas las posibilidades de personas que hayan violado los derechos humanos directa o indirectamente (para que) sean juzgados en las cortes internacionales”, puntualizó el diplomático.
“La cantidad de violaciones a los derechos humanos que hemos observado en Nicaragua es algo que no se ha visto en la historia reciente en Centroamérica”, reiteró.
Las sanciones aplicadas
Estados Unidos ha sancionado hasta ahora a cuatro funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega, con la Ley Global Magnitsky Act, que castiga precisamente a personas involucradas en corrupción o violaciones a derechos humanos.
Entre los sancionados está el jefe de la Policía y consuegro de Ortega, el primer comisionado Francisco Díaz. Los otros sancionados son Francisco López, vicepresidente de Albanisa, la subsidiaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA); Fidel Moreno, secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y Roberto Rivas Reyes, expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE).
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Igualmente, altos funcionarios del régimen han sido sancionados con la revocación de visas, la medida incluye a familiares.
Pide otra reunión en OEA
“Estados Unidos está sumamente preocupado por la situación y las violaciones de derechos humanos que siguen ocurriendo hoy en día en Nicaragua, pensamos que se debe convocar a una reunión en el Consejo Permanente de la OEA para abordar el tema de este último fin de semana y las violaciones de derechos humanos ocurridas en las últimas semanas”, expresó.
El Consejo Permanente de la OEA se ha reunido en cinco ocasiones para abordar la crisis en Nicaragua y ha emitido dos resoluciones en las que condena los actos de represión contra la población y el clero nicaragüense.
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A través de resolución se ha creado el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para contribuir al diálogo entre las partes, pero también para investigar los hechos de violencia. Ambos grupos permanecen en el país, pero el régimen obstaculiza su trabajo.
Más presión a Ortega
Para el diplomático estadounidense, las acciones represivas de Ortega dan impulso a la aprobación del proyecto de Ley de sanciones contra el régimen sandinista. Se trata de la fusión de los proyectos Nica Act y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, que se encuentra en el Senado actualmente.
La Ley contempla restricciones al régimen de Ortega en la aprobación de créditos ante los organismos financieros multilaterales, y sanciones individuales. La última incluye bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, de propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas.
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Aunque en un inicio Ortega se mostró desafiante sobre el avance de la propuesta legislativa, su discurso cambió radicalmente, tras ser aprobada en el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado.
Ortega pidió a los senadores “reflexionar” sobre la aprobación del proyecto legislativo que actualmente se encuentra a un paso de ser aprobada en el pleno de la Cámara Alta, para luego entrar a debate y votación en el Congreso.
“Hemos visto las condiciones políticas aquí en los Estados Unidos, estamos comprometidos con el pueblo nicaragüense y me imagino que el Nica Act va a pasar en el Senado y tomará más impulso después de todas las violaciones a los derechos humanos que hemos visto en las últimas semanas y últimos meses”, afirmó el embajador.
Añadió que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está tomando acciones independientes a las que realiza el Congreso. En ese sentido, Trujillo dijo que la administración estudia “todas las opciones posibles sobre el tema de Nicaragua”.
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Aunque el diplomático no especificó qué acciones concretas están evaluando. Una de las acciones adoptadas por la administración Trump es la alerta emitida por la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), el pasado 4 de octubre, dirigida a las instituciones financieras de los Estados Unidos ante el creciente riesgo que fondos procedentes de la corrupción política en Nicaragua puedan ingresar o transitar en el sistema financiero estadounidense.
El jurista y exasesor del Congreso, Jason Poblete, explicó en su momento que la medida obedece a la continuidad de la política de sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra la dictadura de Ortega, precisamente por violaciones a los derechos humanos y corrupción, una medida que trasciende a la banca internacional que está vinculada con el sistema financiero de Estados Unidos.
Grupo de Trabajo OEA
El Grupo de Trabajo para Nicaragua, creado en agosto pasado, mediante resolución del Consejo Permanente de la OEA, continúa trabajando pese a que no es reconocido por el gobierno de Ortega, que impide a los miembros de ese organismo, integrado por 12 naciones, ingresar a Nicaragua.
El embajador Trujillo informó que el Grupo de Trabajo se ha reunido con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con varios grupos de la sociedad civil (nicaragüense) y con muchos otros actores que están preocupados también por la situación de Nicaragua.
Explicó que el objetivo de los encuentros con representantes de las instituciones financieras internacionales es evitar que Ortega desvíe los fondos aprobados para acciones represivas. “Estamos preocupados que los fondos que han sido aprobados para la administración de Daniel Ortega sean destinados para financiar los actos de violaciones a los derechos humanos. Es algo que nadie va a apoyar”, sostuvo.
La propuesta del Grupo de Trabajo a las instituciones financieras internacionales es que tomen en cuenta y se verifiquen que el dinero que estén enviando a Nicaragua no sea utilizado para cometer acciones violatorias a los derechos humanos, “si no lo pueden garantizar, no deben realizar los desembolsos”, precisó el representante de Estados Unidos.
Nada que hablar
Trujillo reiteró que mientras el Gobierno de Nicaragua “siga violando los derechos humanos, continúen los secuestros, y lo que hemos visto este fin de semana, no hay las condiciones para llevar a efecto un diálogo de buena fe”.
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Afirmó que EE.UU. tiene el compromiso con el pueblo nicaragüense de apoyar y hacer todo lo posible para contribuir a la restauración de la democracia en Nicaragua.
EE.UU. nombra a Breier
La diplomática estadounidense Kimberly Breier fue nombrada en el cargo de subsecretaria de Estado para el hemisferio Occidental.
Breier sucede en el cargo a Francisco Palmieri. En sus primeras palabras, publicadas en Twitter, la funcionaria tuvo palabras para la grave crisis que vive Nicaragua y Venezuela.
“Continuaremos: profundizando la amplitud de nuestra cooperación de seguridad y asociación económica con Canada y México; presionar a los corruptos regímenes de Maduro y Ortega para restaurar la democracia en Venezuela y Nicaragua; y colaborar con Centroamérica para frenar la migración irregular”, sostuvo en su cuenta de Twitter.
La versión de Ortega
En distintos foros internacionales, el régimen ha negado una masacre contra ciudadanos, tal como han reflejado los informes de organismos de derechos humanos. La dictadura, a través de su canciller Denis Moncada, ha intentado vender la idea en el mundo que fueron víctimas de un “golpe de Estado”, una historia poco convincente dada la cantidad de evidencias y testimonios de pobladores sobre la represión a sangre y fuego, en que participaron oficiales de la Policía Nacional, cuyo jefe supremo es el mismo Daniel Ortega.