Las cámaras empresariales agrupadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) introducirán en la Corte Suprema un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF) y su reglamento por considerar, entre otras cosas, que se le convierte en una entidad “suprapolicial” donde todos los ciudadanos son sujetos a ser investigados sin razón alguna, se viola el sigilo bancario y la privacidad de la información de las personas y las empresas.
Las acciones legales son preparadas por los equipos jurídicos del Cosep y de la banca privada para, en los próximos días, recurrir por inconstitucional contra la Ley de la UAF y su reglamento, así como contra el de la Ley contra el lavado y el financiamiento al terrorismo, informó el presidente del gremio José Adán Aguerri.
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El presidente del Cosep explicó a LA PRENSA que existe preocupación en el empresariado porque se “han extralimitado” las facultades de la UAF al tener acceso directo a los datos personales y de las empresas en ocho instituciones públicas, así como poder cerrar las operaciones de un negocio cuando ese órgano de manera discrecional lo señale de estar relacionado con el delito del lavado de dinero o el narcotráfico sin mayores pruebas.
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El dictador Daniel Ortega vía reglamento le permitió a la UAF violar el sigilo bancario al tener acceso directo a los datos de los usuarios de los bancos a través de la Central de Riesgo de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif).
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“Nosotros tenemos el derecho a que nuestra información privada sea respetada. Si alguien quiere conocerla tiene que haber un proceso legal y explicar el origen de ese interés”, dijo Aguerri.
El presidente del Cosep advirtió que al quedar vulnerado el sigilo bancario puede provocar un mayor retiro de los depósitos en los bancos. Más de novecientos millones de dólares de depósitos de los bancos han sido retirados desde abril que empezó la crisis sociopolítica.
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“Y todo esto no abona”, afirmó Aguerri. Insistió en que el sector privado no se opone a que hayan leyes para fortalecer la prevención del lavado y narcotráfico, pero rechazan las aprobadas porque extralimitan lo que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) le pidió a Nicaragua.
En 2012 el Cosep recurrió por inconstitucionalidad parcial contra la reforma a la anterior Ley de la UAF, que en sus artículos 4 y 9 establecían la discrecionalidad para solicitar información a cualquier persona natural o jurídica y a los sujetos obligados a informarle sin aducir reserva alguna. Pero al ser derogada esa ley el recurso legal no prosperó.
Entidad suprapolicial
Sin embargo la nueva Ley de la UAF propuesta por Ortega y aprobada por sus diputados en la Asamblea Nacional en julio pasado, recogió nuevamente esos elementos que rozan la Constitución.
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Aguerri dijo que el problema “se magnifica” porque “hoy de hecho la UAF se vuelve en una entidad suprapolicial” porque su ámbito de acción “va más allá de la Policía y del sistema judicial, donde los ciudadanos quedamos desprotegidos”.
Para Cosep también se convierte en un riesgo el hacer negocios en Nicaragua, pues “hay una situación de inseguridad jurídica”.
“Pone en riesgo tu información confidencial. Ya en el pasado hemos visto, cómo esta información que se maneja en el Estado es vendida a gente que está interesada en esas bases de datos que son usadas para vender servicio, productos (por otras compañías). Se ha visto (casos en) que han circulado las bases de datos de la gente (trabajadores y empleadores) registrada en el INSS, que aparecen compradas con fines de competencia comercial no leal”, afirmó Aguerri.
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Otros elementos que atentan contra la estabilidad de las empresas y la seguridad de los nicaragüenses es que, según Aguerri, estas leyes convierten a los ministerios y entes reguladores “en órganos de investigación y represión”.
En Cosep temen que el régimen orteguista pretenda usar a la UAF con un “trasfondo político” contra el empresariado, ya que las principales cámaras junto con movimientos sociales, estudiantes y campesino son parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, donde se demanda a Ortega cesar la represión y retomar el diálogo para definir la ruta democrática para salir pacíficamente de la crisis sociopolítica de seis meses.
Desde abril debido a la represión gubernamental a las protestas ciudadanas, se rompió el modelo de diálogo entre el sector empresarial y el régimen. Ortega ha pretendido con medidas económicas forzar a los empresarios a retomar el modelo, pero más bien ha profundizado el deterioro de la economía del país.
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En casi seis meses de crisis se han perdido más de 340 mil empleos entre formales e informales, y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional advirtieron que la economía nicaragüense caerá en promedio cuatro por ciento al final del año, y que vuelva a caer en 2019.
Se espera que hoy 11 de octubre, el Cosep junto con la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua y otras cámaras privadas emitan un comunicado expresando su rechazo por las consecuencias de la Ley de la UAF y su reglamento.