Todos los entes reguladores de los diferentes actores económicos y servicios básicos así como el fisco y la Aduana quedarán obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre todo movimiento de dinero de los ciudadanos, asociaciones y empresas que consideren sospechosos de estar vinculados a negocios ilícitos. Ese es uno de los alcances de la propuesta de la nueva Ley de la UAF, cuyo dictamen quedó aprobado este jueves en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional. El dictamen de la ley fue presentado ayer mismo en la reunión de la junta directiva que lo incorporó a la agenda de debate de la próxima semana para que lo apruebe el plenario.
El dictamen fue firmado por unanimidad por los diputados sandinistas y sus colaboracionistas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del Partido Liberal Independiente (PLI) en la Comisión Económica.
Wálmaro Gutiérrez, diputado sandinista y presidente de la Comisión Económica, explicó que debido al aumento de la lista de sujetos todos los entes reguladores deberán proporcionar información de los usuarios a la UAF, bajo la figura de “órganos coadyuvante”.
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Mencionó que como “órgano coadyuvante de la función de análisis de la UAF serán el colegio de Contadores Públicos, el Poder Judicial por los abogados y notarios, la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).
“Tenemos a la DGI donde llegamos a hacer nuestro reporte del Impuesto sobre la Renta y si hay un incremento (patrimonial) no justificado la DGI tendrá la responsabildiad de trasladar esa información a la UAF”, dijo Gutiérrez.
Refirió que en el caso de la DGA le corresponderá reportar a la UAF cuando un ciudadano declare el ingreso o salida del país, “más de diez mil dólares en efectivo o en valores” de mercancías.
“Ese tipo de reportes se trasladan a la Unidad de Análisis Financieros (UAF) para su correspondiente análisis”, dijo Gutiérrez.
Más facultades
La UAF tendrá también la facultad de “supervisión a todos sujetos obligados que no cuenten con un órgano supervisor”, dijo el diputado sandinista.
“Hablamos que los bancos tienen a la Superintendencia, las microfinancieras tienen a la Conami, pero a todos los sujetos obligados que no tienen un ente regulador pasan a ser supervisados por la Unidad de Análisis Financiera (UAF)”, dijo Gutiérrez.
El presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, mandó el 4 de abril pasado a la Asamblea dos nuevas propuestas de la nueva Ley de la UAF y de la Ley antilavado.
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Juristas y organismos de la sociedad civil han criticado los excesos de las facultades que se le están dejando a la UAF porque se teme que el Gobierno la utilice como instrumento político.
Gutiérrez refirió que se le quitará a la UAF su facultad investigativa y solo tendrá capacidad “de análisis de indicios de un ilícito” conforme los reportes de actividades sospechosas que le hagan llegar los entes reguladores y supervisores de los sujetos obligados.
“Esos informes de análisis la UAF se los pasará a los órganos de investigación el Ministerio Público y a la Policía Nacional”, dijo el diputado.
PLC presentará mociones
La diputada designada del PLC, Azucena Castillo, explicó que aunque respaldaron en lo general la nueva Ley de la UAF, van a presentar mociones durante su debate porque no están de acuerdo en la discrecionalidad para actuar que se le pretende otorgar a esa entidad.
Mencionó Castillo que uno de los aspectos en desacuerdo es que “por esa discrecionalidad que tendrán los funcionarios podrán decidir qué una organización, negocio o ciudadano particular es sospechoso de un ilícito, aunque se haya reportado en sus informes el origen y uso del dinero obtenido.
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La bancada del PLC también pedirán se elimine en la propuesta de la Ley de la UAF y en la nueva Ley contra el lavado de activos que a las organizaciones sin fines de lucro y las mismas iglesias controlen el origen de las donaciones que reciben, porque consideran que no existe capacidad real para ejercer ese control.
