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CONTENIDO EXCLUSIVO.Daniel Ortega tuvo múltiples razones para pedir el fin de semana reciente, a los congresistas estadounidenses, que “reflexionen un poco” en torno a la aprobación de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018. Entre esas razones, figura el demoledor impacto que tendría esa sanción en la estrategia país que aún no ha logrado concretar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y a través de la cual en el último quinquenio logró aprobaciones de préstamos anuales por 245.4 millones de dólares y desembolsos de 190 millones de dólares por año.
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Cada quinquenio Nicaragua debe diseñar junto al BID su estrategia país, donde se plasman las necesidades de financiamientos en sectores tan importantes como salud, transporte, energía e infraestructura, así como apoyo presupuestario. La última estrategia venció en 2017 y está pendiente la correspondiente al periodo 2018-2022. Una vez formulada esta debe ser aprobada por el Directorio del BID, donde están los países que han condenado la masacre ejecutada por Ortega.
LA PRENSA consultó al BID sobre la estrategia país para el periodo 2018-2022 y la entidad se limitó a responder que aún está en fase de formulación, pero no quiso dar más detalles. Además estimó que durante 2013-2017 Nicaragua obtuvo en aprobación un promedio de préstamos anuales por 245.4 millones de dólares y desembolsos anuales de 190 millones de dólares.
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La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018 contiene a la Nica Act y esta ordena limitar al gobierno de Ortega la aprobación de préstamos en organismos multilaterales, como el BID, solo para fines humanitarios y de promoción de la democracia.
De concretarse esa aprobación en el Congreso de Estados Unidos, economistas advierten que sería un nuevo golpe a la economía, al cambiar “las reglas del juego” de la nueva estrategia país con el BID y dejaría al régimen Ortega-Murillo sin financiamiento. Y en el caso de que las sanciones incluyan también los préstamos ya aprobados, sería “una estocada” que en el actual contexto económico haría retroceder el Producto Interno Bruto (PIB) “como diez años”, alertan.
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“La Nica Act cambia las reglas del juego completamente, porque si dice que solo se pueden financiar proyectos relacionados a educación y salud estoy fregado (como Gobierno) porque, por ejemplo, el BID apoya mucho al sector energético y da mucho apoyo presupuestario. Pero si la Nica Act dice que todos los préstamos del BID solo van a ser para temas de extrema pobreza relacionados con salud y educación”, entonces el país se queda sin financiamiento en el resto de sectores, explicó una fuente relacionada a organismos multilaterales que prefirió no ser citada.
El BID es la principal fuente de financiamiento externo de multilaterales del régimen de Ortega, señalado por la comunidad internacional como el principal responsable de la violencia en Nicaragua, que ha dejado más de quinientos asesinados. Antes de la crisis, el régimen había logrado pactar la estrategia país con el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero aún no concretaba con el BID.
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En la estrategia con el Banco Mundial para 2018-2022, se contemplan financiamientos para proyectos de educación, salud, transporte, agua y saneamiento, entre otros. Desde el inicio de la crisis, el BM no ha aprobado nuevos préstamos y se ha asegurado que sus fondos no se usen para otros fines, para los cuales no han sido pactados.
Por su parte, el BCIE aprobó en febrero de este año la estrategia país para Nicaragua 2018-2022, que contempla la aprobación de recursos por el orden de dos mil millones de dólares y desembolsos por 1,600 millones de dólares en el periodo.
Para el economista Pedro Belli, aunque el futuro de la ley aún es incierto, porque puede incluso sufrir cambios, de aprobarse tal como está planteada actualmente, Nicaragua seguiría recibiendo financiamiento para temas de apoyo a la democracia y la parte social.
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“De tal manera que no se acaba toda la plata, pero se acaba la que es para infraestructura y apoyo presupuestario, lo que significa que el Gobierno se quedaría únicamente con la plata que recauda de los impuestos”, dijo Belli.
Ante la falta de financiamiento que enfrentaría el régimen, algunos economistas han asegurado que podría buscar opciones entre sus aliados.
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Algunos consideran que el BCIE podría ser una de las instancias donde Ortega busque obtener los recursos que le suspendan otros organismos, sin embargo, el economista Alejandro Aráuz estima que la entidad regional no cuenta con los fondos necesarios para financiar todas las necesidades que enfrentaría Nicaragua, ya que serían entre cuatrocientos y seiscientos millones de dólares por año adicionales a lo ya pactado.
Otra opción que el régimen puede considerar para compensar la pérdida de financiamiento externo, según Aráuz, es la emisión monetaria y la deuda interna para neutralizar la recesión. Pero advierte que esto puede provocar inflación, que es al final uno de los peores cánceres para la economía.
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Al respecto, el economista Mario Arana consideró que el problema no es la falta de una estrategia país con el BID, pues se podría seguir trabajando con la anterior. Sin embargo, reconoce que de concretarse la aprobación de la ley y la aplicación de sanciones se afectará la construcción de obras de infraestructura, como hospitales y carreteras, que ha sido un área donde el BID ha tenido una participación bien activa y está contemplado en la estrategia país.
“Obviamente esto es un problema, especialmente en un contexto en el que el país venía atravesando un proceso de recuperación económica cada vez más relevante, en donde se estaban acumulando una serie de activos clave como la articulación con la Costa Caribe, por lo que tocaría esfuerzos y una serie de planes que no podrían seguir avanzando”, sostuvo Arana.
No obstante, Belli advierte que existe el riesgo de que la ley incluya también los préstamos que ya están aprobados: “No he visto que eso haya sucedido anteriormente, pero sí me han llegado rumores de que en este caso las instituciones internacionales han estado bloqueando desembolsos de préstamos ya aprobados. Eso sería el tercer tiro de gracia”.
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Según el economista, “el primer golpe de gracia fue la fuga de turistas que representa cerca de un 6 por ciento del PIB y eso no está regresando ahorita. El segundo, la Inversión Extranjera Directa que va a desaparecer porque nadie va a venir a invertir a Nicaragua, solo un loco lo haría en las actuales condiciones, con estos dos primeros se provocó un retroceso como de tres o cuatro años de retroceso del PIB, tal vez más, y si le quitan el dinero que viene de las instituciones internacionales y lo ya aprobado, el retroceso sería como de diez años”.
Solución política
Si finalmente se aprueba la ley conocida como Nica Act y se aplican sanciones que dejen sin financiamiento externo al régimen Ortega Murillo, según el economista Pedro Belli, la única opción que les quedará será permitir un proceso electoral libre y transparente lo más pronto posible.
“Si sigue como está ahorita esa ley y no hubiese forma de pararla, las consecuencias económicas van a ser devastadoras para Nicaragua”, advirtió Belli.
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Por su parte, el economista Mario Arana considera que las reuniones que han sostenido los miembros del Grupo de Trabajo integrado por doce países, el cual se formó en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), con altos representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial fue con el interés de incidir para que Nicaragua supere la crisis y retome la estabilidad.
“Lo que están haciendo desde sus ámbitos es discutiendo qué se puede hacer para contribuir a que se recupere el camino de la estabilidad y el progreso, y todos han acordado que esto pasa por una negociación política interna que garantice el cese de la violencia, la liberación de los presos políticos y el adelanto de elecciones. Esta es la agenda que la mayoría de países de América Latina ha aprobado y esos son los esfuerzos que se están realizando porque quieren estabilidad para la región”, explicó Arana.