El régimen orteguista ha convocado a elecciones regionales en la Costa Caribe de Nicaragua, para el 3 de marzo del próximo año. En ese mismo mes se deberían realizar las elecciones nacionales anticipadas, que ha pedido la Iglesia católica con el respaldo de la ciudadanía y la comunidad internacional para resolver la crisis del país mediante la apertura democrática.
En los comicios del Caribe solo pueden participar los partidos políticos reconocidos por la dictadura. No tienen derecho de participación aquellos a los que se les ha quitado o negado su personería jurídica, pero a los cuales tampoco les interesa intervenir en esos comicios que a todas luces serán otra farsa electoral. Incluso el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), al que el régimen le concedió la personería jurídica el año pasado y participó en las elecciones municipales de noviembre, no ha tomado una decisión al respecto.
La función de los partidos políticos democráticos es participar en las elecciones para tomar el poder o ganar cuotas en los órganos de representación. En general estos partidos tienen por norma que deben participar en todas las elecciones aunque no tengan posibilidad de ganarlas, pero es necesario hacerlo para mejorar su posicionamiento y contribuir al debate político y la cultura democrática con la propagación de sus ideas y propuestas.
Sin embargo, la participación electoral es válida siempre y cuando las reglas sean justas y legítimas y se respeten los derechos de las minorías. Donde no existen esas reglas y derechos, como Nicaragua actualmente, la participación electoral viene a ser condicionada por los objetivos, lícitos o turbios, que se tengan o se quieran conseguir: prebendas políticas en el caso de los partidos zancudos; o ganar espacio y conservar un reconocimiento legal precariamente obtenido, en lo que se refiere a partidos democráticos no prebendarios.
En las circunstancias actuales de Nicaragua, donde ha habido una insurrección popular cívica que la dictadura no ha podido derrotar a pesar de la sanguinaria represión, los partidos democráticos que tienen valores éticos deben considerar cuidadosamente la decisión que van a tomar ante la convocatoria electoral regional.
En el país y en la comunidad internacional hay un gran consenso de que la solución de la grave crisis sociopolítica que sufre Nicaragua actualmente, tiene que pasar por la celebración anticipada de elecciones nacionales, pero comicios auténticos, inclusivos, transparentes, de conformidad con los estándares establecidos en la Carta Democrática Interamericana.
Los partidos que no son zancudos pero la dictadura les reconoce el derecho de participar en los comicios regionales del Caribe Norte y Sur, tienen que valorar seriamente si con su participación en la farsa electoral convocada por la dictadura coadyuvarían al cambio democrático, o, por el contrario, fortalecerían el poder despótico de Ortega y Murillo.
