La decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar a la Misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH), evidencia su interés en ocultar los brutales abusos a los derechos humanos cometidos por ese régimen durante las protestas antigubernamentales, afirmó el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
El director de HRW, sugirió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas efectuar una reunión con carácter de urgencia para abordar la crisis en Nicaragua, condenar los abusos y presionar al régimen de Ortega para que coopere con los organismos de derechos humanos.
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Ortega expulsó a la misión de OACNUDH tras la publicación de un informe que revela las graves violaciones a los derechos humanos contra manifestantes que protestan contra el régimen. Desde que iniciaron las protestas desde abril pasado la represión gubernamental ha dejado entre 322 y 448 muertos, más de dos mil heridos, más de 300 personas han sido detenidas, y un número no determinado se encuentran desaparecidos, según los últimos informes de organismos locales e internacionales.
“OACNUDH informó que al menos 300 personas estaban enfrentando procesos penales por su participación en las protestas. En comparación, ningún funcionario público implicado en abusos ha sido perseguido penalmente”, afirmó Vivanco.
Gobierno obstruye trabajo
“Las autoridades de Nicaragua han obstruido continuamente el trabajo de OACNUDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a lo largo de los últimos dos meses al negarles información oficial e impedir que ingresen a audiencias judiciales y sitios de detención”.
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Añadió que la policía y grupos paramilitares del gobierno de Ortega han secuestrado y detenido arbitrariamente a cientos de personas a lo largo del país. Según testimonios recabados por Human Rights Watch, muchos detenidos han sido sometidos a malos tratos y torturas, incluyendo golpizas, simulación de ahogamiento, choques eléctricos y violaciones sexuales.
Denuncias recopiladas por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH, en Estados Unidos), también indican que los presos políticos son sometidos a graves abusos a sus derechos humanos, como amenazas de muerte, violaciones sexuales, sodomizados con la punta de un fusil, extracción de uñas, azotes con madera en las plantas de los pies.
Ortega premia a represores
Vivanco se refirió al premio otorgado por Ortega a los principales responsables de dirigir la represión en conjunto con paramilitares, que lograron desmantelar los tranques a sangre y fuego. Unos de los premiados es Francisco Díaz, el consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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“Ortega ha premiado a altos mandos de la Policía Nacional que tuvieron un rol de liderazgo en la brutal represión. El 23 de agosto, Ortega nombró al comisionado Francisco Díaz, director de la Policía Nacional pocos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionara de conformidad con la Ley Magnitsky, argumentando que bajo su mando la Policía Nacional de Nicaragua ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”.
Para el director de HRW, El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe exigir al gobierno de Ortega, cesar la represión y considerar la posibilidad de imponer sanciones a los altos mandos que tengan responsabilidad por los abusos. “La crisis de derechos humanos en Nicaragua requiere una supervisión estricta”, enfatizó Vivanco.
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