La Misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (Oacnudh) emitió un informe que desnudó la propaganda oficialista de justificar las atrocidades contra la población bajo el alegato de intento de golpe de Estado: lo que sí se comprobó es que desde abril el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató una feroz represión contra la población indefensa.
Más de cuatro meses de represión gubernamental y sistemáticas violaciones de derechos humanos en Nicaragua han dejado más de trescientas muertes, revela Oacnudh.
Violación de derechos internacionales
El informe Violaciones a los Derechos Humanos y Abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua concluye que “la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos”.
En lugar de reconocer cualquier responsabilidad por la catástrofe social, el Gobierno ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a defensores de los derechos humanos y medios de comunicación, por lo que ha denominado “violencia golpista”, así como por el impacto negativo de la crisis política en la economía nacional y por las 197 muertes que oficialmente reconoce, dice Oacnudh.
El coordinador de la Misión de Oacnudh en Nicaragua, Guillermo Fernández Maldonado, manifestó que “desde la primera reunión que estuvimos en Cancillería eso fue lo que se planteó, lo que nosotros le dijimos es que si esa es la visión (de golpe de Estado), que nos den acceso a la información y a los lugares que ratifiquen esa visión y si encontramos efectivamente los hechos que sostienen esa visión lo haríamos público”.
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Sin embargo, comentó Fernández, hasta ahora “no nos han respondido ninguna de las solicitudes de información, ni nos han permitido ir a ninguno de los lugares que propusimos”.
Y aunque indica Oacnudh algunas manifestaciones se tornaron violentas, la mayoría fueron pacíficas y en los casos en los que hubo actos de violencia por parte de los manifestantes y el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades no estuvo en correspondencia a las amenazas y la respuesta estuvo dirigida a reprimir sistemáticamente a la disidencia del Gobierno.
Rosario de violaciones
Las violaciones de derechos humanos documentadas incluyen el uso desproporcionado de la fuerza por parte la Policía, que en ocasiones se tradujo en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica; detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado; frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión.
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El Gobierno no ha reconocido ningún uso desproporcionado de la fuerza o acción ilegal por parte de los agentes de la Policía, destaca Oacnudh.
Paramilitares de Ortega
El uso de paramilitares es considerado como violatorio del derecho internacional de los derechos humanos y Oacnudh refiere que la información obtenida por esa misión aporta claros indicios que estos “grupo armados progubernamentales”, incluyendo aquellos conocidos como “fuerzas de choque o turbas”, han actuado con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, muchas veces de forma conjunta y coordinada.
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Al tiempo que establece que estos grupos participaron en redadas y ataques contra manifestantes y ejecutaron detenciones ilegales. “Si bien el Gobierno ya no niega la existencia de estos elementos armados progubernamentales, aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad”, apunta el informe.
Catástrofe continúa
En el informe, la Oacnudh aclara que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa y las autoridades siguen recurriendo a campañas de descrédito, amenazas de persecución penal, despidos arbitrarios de funcionarios públicos y otras formas de acoso e intimidación en contra de personas críticas al Gobierno.
Por ejemplo, menciona que los líderes del Movimiento Campesino y de las organizaciones estudiantiles “han sido blanco especial” de estas campañas.
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“Este patrón ha instaurado un clima de miedo y desconfianza en la población. El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes, o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, refiere Oacnudh. Y menciona que, según datos la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), unas 23,000 personas han solicitado asilo en Costa Rica.
La misión de Oacnudh recomendó al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional “monitorear la evolución de la situación en Nicaragua, considerando la adopción de medidas para prevenir un mayor deterioro de la situación de derechos humanos”, también alienta a la Asamblea General a actuar de la misma manera.
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“Estas medidas podrían incluir la creación de una comisión internacional de investigación o una Comisión de la Verdad híbrida (nacional-internacional) para asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”, recomienda la misión de Oacnudh .
Podría ir a consejo de seguridad
Fernández Maldonado refirió que el informe que refleja la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua puede servir “como orientador” a las discusiones que se puedan presentar en dos de los órganos más importantes de Naciones Unidas.
Uno de estos donde podría ser presentado es el Consejo de Seguridad previsto a celebrarse el 5 de septiembre y para lo cual es necesario nueve votos de sus miembros, así como en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que inicia también en septiembre próximo.
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Fernández Maldonado señala que el informe servirá como insumo para que los miembros del Consejo de Seguridad puedan evaluar la situación de Nicaragua.
Insisten en acceso a todo el país
Entre las 16 recomendaciones del informe 14 son para el Gobierno, entre las que están reanudar el Diálogo Nacional, poner fin de inmediato al acoso, intimidación, estigmatización y criminalización en relación con las protestas y desmantelar y desarmar de inmediato “a los elementos armados progubernamentales”. Así como investigaciones independientes, imparciales, efectivas, completas y transparentes, las que deben incluir a quienes perpetraron directa o indirectamente, ordenaron, apoyaron o toleraron dichos actos, incluyendo la cadena de mando de las autoridades implicadas, entre otros.
Y reitera su demanda de otorgar a Oacnudh acceso directo e irrestricto a todo el país, incluidos los lugares de detención, entre otros.
Esto porque dijo el jefe de la Misión de Oacnudh, Guillermo Fernández, no han recibido respuesta a solicitud de información que han realizado al Gobierno, no han tenido acceso a centros de detención salvo en una ocasión en junio, tampoco han podido realizar visitas al terreno fuera de Managua.
Pese a todo, dijo el informe “se cumplió con la debida diligencia respecto de las fuentes y respecto de la veracidad de lo que se recibía”. Y para redactarlo realizaron decenas de reuniones, centenares de entrevistas, revisaron documentos oficiales, documentos de ONU, y medios de comunicación.
Cumpla con obligaciones
Oacnudh insta al Consejo de Derechos Humanos que haga un llamado a Nicaragua para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, así como con sus compromisos y promesas incluidas aquellas en el contexto del mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos (EPU) y a cooperar plenamente con los órganos y mecanismos de derechos humanos. Es de destacar que el próximo año corresponde que Nicaragua sea evaluada en el tercer EPU.