Las irregularidades en procesos judiciales, en casos de personas acusadas de delitos por su participación en las protestas sociales en Nicaragua, “ponen en manifiesto la ausencia de las garantías esenciales de independencia e imparcialidad judicial”.
Así lo afirmó la Misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (Oacnudh) en su informe sobre la crisis en Nicaragua, emitido el miércoles 29 de agosto de 2018.
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Según el organismo, la violación al debido proceso inicia desde las detenciones ilegales de los manifestantes por policías y paramilitares, quienes con lujo de violencia los sacan de sus casas o los detienen en la vía pública, para subirlos a empujones en las tinas de las camionetas.
Los manifestantes capturados de forma selectiva pasan días desaparecidos, pues así como no dan razones para su detención tampoco informan a los familiares hacia dónde los llevan.
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La Oacnudh analizó algunas de las detenciones ocurridas entre el 18 de abril y el 2 de junio y encontró que de los 505 casos de detención, de los cuales tenía información (480 hombres y 25 mujeres), en 204 casos se había excedido la regla de las 48 horas. Es decir, las personas detenidas son frecuentemente llevadas ante un juez, después del período de las 48 horas establecido en la Constitución Política de Nicaragua.
Como ejemplo puso el caso de Brandon Lovo y Glen Slate, quienes fueron capturados el 2 y 5 de mayo y llevados a los tribunales hasta el 8 de mayo bajo hermetismo, no tuvieron defensa de su elección. Así mismo, fueron procesados y condenados sin la presencia de sus familiares.
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Otro aspecto que detalla el informe es que cuando los familiares de personas desaparecidas presentan un recurso de habeas corpus por detención ilegal, los tribunales asignan jueces ejecutores que ya están fallecidos. “Esto ha sido percibido como táctica para demorar la resolución de esas peticiones por juez competente, con pocas excepciones, los habeas no han prosperados”, se lee en el informe.
Apartheid judicial
Los capturados en el contexto de la protesta cívica en Nicaragua son llevados a los tribunales bajo sigilo, no informan a sus familiares y las audiencias las hacen a puerta cerrada.
Los jueces han permitido en las audiencias solo a empleados de medios oficialistas, que tildan a los procesados de “golpistas, criminales y terroristas”, violando la presunción universal de inocencia. “Esto contraviene normas y estándares internacionales, así como la legislación nacional”, reza el documento de la ONU.
Desigualdad total
El informe de la ONU también destaca la violación al derecho del reo de tener un defensor de su propia elección y a cambio se le impone defensor público, que le aconsejaba declararse culpable, prometiendo reducción de penas, según testimonios recibidos por el organismo. Esto sucede a pesar que abogados de organismos de derechos humanos están presentes en los juzgados a la espera de permisos para ejercer la defensa privada.
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Otro aspecto que recoge el informe y que colabora al detrimento de la defensa es que los abogados defensores están “siendo amenazados por personas cercanas al gobierno, esto ha llevado a repetidos cambios de defensa”. Además, no se les permite entrevista en privado con el acusado, lo que afecta la calidad de la defensa.
Asimismo, critica que el Ministerio Público ha aceptado testimonios de supuestos agentes encubiertos como la única prueba contra los manifestantes procesados. “Estos comparecen encapuchados para no ser identificados, en particular para el delito de terrorismo”, se lee en el informe.