En claro desafío a la Ley Magnitsky y a la comunidad internacional, el presidente designado por el poder electoral Daniel Ortega, nombró este jueves de manera oficial como director de la Policía a su consuegro comisionado Francisco Díaz, quien este año fue sancionado por Estados Unidos con dicha ley por violentar los derechos humanos, por lo que Díaz está “muerto financieramente”.
Además Ortega este jueves ratificó como subdirector de la Policía Nacional al cuestionado comisionado Ramón Avellán, quien es señalado por la población de Masaya de liderar los ataques armados contra civiles y que dejaron más de 35 muertos en esa ciudad.
RT: El Comisionado Avellán fue “premiado” por dirigir la brutal represión en Masaya y adular a Ortega a través de bailes en redes sociales. El régimen lo nombró subdirector de la Policía Nacional >> https://t.co/gZC9mmLgax #SOSNicaragua pic.twitter.com/vCkehxfw48
— La Prensa Nicaragua (@laprensa) 23 de agosto de 2018
La organización Human Rights Watch reaccionó este jueves a la decisión de Ortega de ascender oficialmente como director a Díaz y confirmar como subdirector al comisionado Avellán. “La decisión de Ortega de ascender a estos dos oficiales es otra evidencia de la brutalidad de su gobierno”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de dicha organización.
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“Estas promociones demuestran que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para frenar la represión del régimen de Ortega, incluyendo a través de una sesión especial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, señala Human Rights Watch, quien recuerda que ambos oficiales “tuvieron roles de liderazgo en la brutal represión de las protestas en Nicaragua”.
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De hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha cuestionado el papel de Díaz en la violenta represión de Daniel Ortega, que ha dejado más de cuatrocientos muertos y miles de heridos y desaparecidos desde el 18 de abril, cuando estalló la crisis.
“En efecto, la información recibida da cuenta de un patrón a través del cual agentes estatales, principalmente agentes de la Policía Nacional de Nicaragua y de sus fuerzas antimotines, grupos parapoliciales, también llamados fuerzas de choque o turbas actuando en aquiescencia con la Policía, han puesto en marcha una respuesta represiva dirigida a disuadir la participación social en las manifestaciones”, indicó la CIDH en su informe final.
El especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, considera que con estos nombramientos “Ortega selló el futuro de la Policía Nacional”. Demuestra además, un desinterés de parte del régimen “en las sanciones y señalamientos que puedan hacer la comunidad internacional o los organismos internacionales de Derechos Humanos, es una actuación desafiante incluso”, dijo,
“Si bien en la última década la Policía Nacional ha presentado un grave deterioro en su institucionalidad, la reforma legal que sufrió esta institución y la promoción de Francisco Díaz y Ramón Avellán significa que esta institución funcionará principalmente para defender los intereses del régimen”, sostuvo Pineda.
“A nosotros nos preocupa esta situación dado que para nosotros se está dando una señal peligrosa sobre la institución policial, porque nosotros siempre apostamos que haya una policía profesional, no una policía partidaria”, dijo el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona.
Para Carmona, es un mensaje negativo para los policías de base, pues pareciera que para lograr un ascenso deben violentar los derechos humanos y además promueve la impunidad.
Pineda considera que este tipo de nombramientos “brinda insumos a la comunidad internacional para adoptar futuras sanciones contra el régimen“.
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Todo lo malo que han hecho es premiado por el régimen “porque la Policía se apartó del orden constitucional”, considera el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, a quien no le extraña que esto haya ocurrido, pues el Gobierno lo hace en la lógica de las graves violaciones de derechos humanos. Además que “es una estructura que está en función del poder”, es un instrumento que le sirve a la familia en el poder, y demuestra, dice Carrión, que la Policía está bien deslegitimada ante el pueblo.
Ratificación fuera de tiempo
Díaz es ratificado en su cargo un mes y medio después de lo establecido por la ley, basado en el artículo 47, de la Ley 872, Ortega debió nombrar a Díaz el 5 de julio pasado.
De esta manera, el 5 de septiembre próximo Díaz deberá recibir el bastón de mando de manos de la primera comisionada Aminta Granera, quien según un acuerdo presidencial publicado en el diario oficial La Gaceta fue pasada a retiro.
Aunque desde el pasado 27 de abril se conoció su renuncia, sobre la cual el Gobierno guardó silencio, con el nombramiento oficial de Díaz en el cargo concluyó un período de siete años de que Granera dirigió de facto y a medias la Policía Nacional durante el cual avaló muchos abusos policiales.
Pero la especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra señala que “su salida silenciosa no evade la responsabilidad que tiene sobre las actuaciones de la institución durante su mandato”.
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En el diario oficial de Nicaragua, La Gaceta, además son confirmados en los cargos como subdirectores los comisionados generales Adolfo Noel Marenco y el comisionado general Ramón Avellán, este último lideró los ataques a los manifestantes en Masaya, acompañado de paramilitares. Uno de los departamentos más reprimidos a sangre y fuego durante las protestas de autoconvocados.
Otro confirmado fue el inspector general de la institución, comisionado general Jaime Vanegas, quien durante su período desde 2017 ha hecho muy poco por evitar los abusos de las fuerzas policiales contra la población.
Ninguna novedad
La especialista en el tema de seguridad, Elvira Cuadra, considera que lo que hizo el Gobierno con estos nombramientos, sobre todo el del comisionado general Francisco Díaz, como titular de la Policía “es únicamente la formalización de un hecho que ya existía de facto”. Tras referir que “por todos era conocido que al menos durante los últimos dos años, quien estaba ejerciendo la jefatura de la Policía era Francisco Díaz y no Aminta Granera”.
Responden a la lealtad
La promoción de mandos policiales involucrados directamente en graves violaciones a los Derechos Humanos debe ser objeto de preocupación, en primer lugar porque simboliza que el accionar institucional será la represión, asegura el especialista en Derechos Humanos, Uriel Pineda.
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A su criterio el hecho de que estos nombramientos sean consecuencia de una lealtad personal con Ortega, representa que estos funcionarios cuentan con licencia para cometer cualquier tipo de abuso, porque los controles institucionales simplemente dejan de existir.
“En una transición democrática será más viable para el país desaparecer a la Policía Nacional que tratar de sanearla, tal y como ocurrió con la extinta Guardia Nacional de Somoza”, expresó Pineda, quien recordó que esa institución en Nicaragua ha sido desnaturalizada y por tanto, lo más seguro es que no tenga cabida en la construcción de un nuevo modelo de país.