El Gobierno de Nicaragua nombró este jueves como director de la Policía Nacional al comisionado general Francisco Díaz, jefe de facto de la Policía y hasta ahora en el cargo de subdirector. Díaz, consuegro del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, fue nombrado en reemplazo de la comisionada Aminta Granera, quien pasa a retiro. Asumirá el cargo el próximo 5 de septiembre.
En el diario oficial de Nicaragua, La Gaceta, además son designados como subdirectores generales de la Policía Nacional el comisionado general Adolfo Noel Marenco y el comisionado general Ramón Avellán, quien lideró los ataques a los manifestantes en Masaya.
RT: El Comisionado Avellán fue “premiado” por dirigir la brutal represión en Masaya y adular a Ortega a través de bailes en redes sociales. El régimen lo nombró subdirector de la Policía Nacional >> https://t.co/gZC9mmLgax #SOSNicaragua pic.twitter.com/vCkehxfw48
— La Prensa Nicaragua (@laprensa) 23 de agosto de 2018
Díaz, sancionado por la Ley Magnistky por corrupción y abusos de derechos humanos, fue uno de los tres oficiales ascendidos por Ortega el 5 de septiembre del 2008, ampliando de esa forma la jerarquía de mando de la Policía, al pasar de cuatro comisionados generales a siete, quedando de esta forma habilitado para suceder a Granera como jefe de la Policía.
La organización Human Rights Watch reaccionó este jueves a la decisión del designado presidente por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, de ascender oficialmente como director a su consuegro Francisco Díaz y confirmar como subdirector al comisionado general Ramón Avellán, cuestionado por la represión desatada en Monimbó en contra de la población autoconvocada.
Human Rights Watch señala que nombramientos ponen en evidencia brutalidad del gobierno de Ortega
“Estas promociones demuestran que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para frenar la represión del régimen de Ortega, incluyendo a través de una sesión especial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, señala Human Rights Watch, que destaca ambos oficiales “tuvieron roles de liderazgo en la brutal represión de las protestas en Nicaragua”.
“La decisión de Ortega de ascender a estos dos oficiales es otra evidencia de la brutalidad de su gobierno”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Desde que comenzaron las protestas en abril, la Policía Nacional ha participado en abusos graves, incluyendo uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y torturas”, destaca Human Rights Watch, que refiere que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el número de abusos sugiere, de manera evidente, una “acción coordinada” para reprimir el disenso a través de violaciones de derechos humanos que tienen “características de sistematicidad”.
Human Rights apunta que existían numerosas fuentes creíbles que señalaban que Díaz ya ejercía un liderazgo de facto en la Policía Nacional como su subdirector.
El 5 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Díaz de conformidad con la Ley Magnitsky, argumentando que bajo su mando “la Policía Nacional de Nicaragua ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”. Díaz también es el suegro del hijo del presidente Ortega.
Este jueves Human Rights Watch le envió una carta a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos solicitándoles que convoquen una sesión especial sobre Nicaragua.
“Los gobiernos que han condenado el baño de sangre en Nicaragua ahora deberían solicitarle al presidente del Consejo de Derechos Humanos que de forma urgente convoque una sesión especial para tratar los aberrantes abusos en Nicaragua”, sostuvo Vivanco.
Nombramiento no corresponde a la Ley
El nombramiento de Díaz llega un mes y medio después de la fecha establecida por la Ley 872, que reforma por decisión del mismo gobierno la Ley 228, Ley Orgánica de la Policía Nacional, que establece el 5 de julio como fecha de nombramiento del director de esa institución.
“El presidente de la República en su carácter de jefe supremo de la Policía Nacional nombrará Director o Directora General de la Policía Nacional por un período de cinco años, entre los miembros de la Jefatura Nacional que tengan el grado de comisionado o comisionada general. El nombramiento se efectuará los días cinco de julio del año en que corresponda y tomará posesión el cinco de septiembre del mismo año”, dice parte del artículo 47 de la Ley 872.
De acuerdo a la Ley, el 5 de septiembre, aniversario de la Policía Nacional, Díaz debe recibir el bastón de mando de parte de su antecesora primera comisionada Aminta Granera, que desde 2011 fungió como jefa de facto cuando debió entregar el cargo y Ortega ordenó su continuidad en el mismo, pese a las críticas de la sociedad.
De esta manera, Ortega oficializa también la salida de Granera, cuya renuncia al cargo fue conocida de forma extraoficial desde el 27 de abril, pero que ahora Ortega la publica como retiro en La Gaceta.
Pasa por alto sanciones contra Díaz
Con el nombramiento, Ortega pasa por alto las sanciones establecidas justamente el mismo 5 de julio pasado por el Gobierno de Estados Unidos, que incluyó a Díaz entre los allegados al régimen sancionados con la Ley Magnitsky, que castiga a personas señaladas de incurrir en actos de corrupción o involucradas en violaciones a los derechos humanos.
El nuevo director de la Policía fue señalado de que bajo su mando se han cometido graves violaciones a los derechos humanos contra los nicaragüenses que se han manifestado en contra del Gobierno de Nicaragua desde el 18 de abril.