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Familiares de los jóvenes Kevin Rodrigo Espinoza Rodríguez, Marlon José Fonseca Ramón y Hansel Manuel Vásquez Ruiz, líderes estudiantiles detenidos en Masaya, afirman que se encuentran en El Chipote. LA PRENSA/E.VEGA

Cacería de ciudadanos desmiente “normalidad” del Gobierno orteguista

Solo la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) contabiliza en cuatro meses más de 1,600 denuncias por diferentes causas.

Las amenazas, detenciones y torturas son las principales causas por las que recurre la población a las organizaciones defensoras de derechos humanos en Nicaragua después del 18 de abril.

Solo la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) contabiliza en cuatro meses más de 1,600 denuncias por diferentes causas.

Las denuncias son una de las formas que les permite a los defensores de derechos humanos asegurar que la represión gubernamental continúa en Nicaragua, lo que desmiente el discurso oficial de que todo ha vuelto a la “normalidad”.

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El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, mencionó que las más de 1,600 denuncias recibidas durante este período han representado cinco veces más que las que recibían normalmente antes del 18 de abril.

“Todavía estamos recibiendo denuncias de persecución de detenciones, amenazas, para los derechos humanos”, dijo Carmona, para quien inicia el trabajo de seguimiento con el fin de lograr que las víctimas sean resarcidas de los daños y que se haga justicia.

Por ejemplo, en el caso de los asesinados, la CPDH documenta en el terreno los hechos, para brindar el acompañamiento a sus familiares en el proceso judicial.

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Una de las preocupaciones externadas por Carmona es el hecho que persista la persecución, sobre todo en las zonas rurales.

Es cacería de brujas

“La cacería de brujas continúa no solo en Managua, tenemos reporte en los municipios, en los departamentos, donde los grupos paramilitares todavía tienen acto de presencia”, afirmó Carmona.

Además, la CPDH tiene conocimiento que en barrios de Managua, como los orientales, persiste el asedio contra los jóvenes, así como cateos y detenciones ilegales pues siguen ejecutando los arrestos sin que presenten orden de captura.

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La CPDH ha conocido que a causa del asedio de los grupos paramilitares, las víctimas se ven obligadas a abandonar sus viviendas.

“Lo irónico es que una vez que abandonan su casa, los grupos paramilitares llegan a saquear y a robar las casas”, denunció Carmona.

Esta situación también la enfrenta el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), donde a diario se observa una mayor demanda de la población, reveló su directora Marlin Sierra.

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Sobre todo por detenciones arbitrarias, muchos de ellos son sustraídos de sus casas, levantados de sitios públicos e incluso de la vía pública, de donde son trasladados en patrullas o en las ya conocidas camionetas Hilux por paramilitares.

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