Un grupo de mujeres, entre ellas intelectuales, líderes de la política, empresarias y representantes de organizaciones civiles, mediante una carta pública exigieron al jefe del Ejército, general Julio César Avilés, que esa institución cumpla con la Constitución y desarme a “los grupos parapoliciales que usurpan” funciones y con armamento militar cometen “actos criminales en contra de la población civil”.
“Para que Nicaragua logre salir adelante es indispensable que el Ejército de Nicaragua busque los mecanismos para preservar el orden constitucional y la paz, para lo cual es indispensable desarticular y desarmar estas fuerzas mercenarias que siembran el terror entre la población, librando una guerra ilegal contra el verdadero soberano de la nación, el pueblo nicaragüense”, reclama el grupo de líderes.
La carta la firman Gioconda Belli, Cristiana Chamorro, Vanessa Castro, Ligia Elizondo, Lea Guido, Violeta Granera, María Hurtado, Malena Montis, Josefina Vannini, Mignone Vega, Mónica Zalaquett, Ana Elisa Martínez, Ximena Ramírez, Carmen Elizondo, Grace March y Rita Delia Casco.
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Los paramilitares o parapolicías son utilizados por el gobierno del presidente designado Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, para acabar con la protesta ciudadana que estalló el 18 de abril, en un principio por una fallidas reformas a la seguridad social pero que ahora exige la renuncia de Ortega y Murillo.
Más de cuatrocientas personas han sido asesinadas por la represión a las protestas. Ortega llamó a estos armados irregulares “policías voluntarios”, en una entrevista con una cadena de televisión extranjera.
Estos grupos armados imponen el terror en diferentes ciudades al asediar y secuestrar a quienes participan en las protestas contra el régimen Ortega-Murillo. Además Ortega ha dado más de cuatro versiones sobre quiénes operan a estos grupos armados, aunque en videos que han circulado en las redes se ha visto a los paramilitares expresando su lealtad al Frente Sandinista.
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Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, recordó que la Constitución en su artículo 95 dice que “no puede existir más cuerpos armados en el territorio nacional, ni rangos militares que los establecidos por Ley”.
Además explicó que también el Código de Organización y Jurisdicción Social Militar consigna que el Ejército debe “disponer de sus fuerzas y medios para combatir las amenazas a la seguridad y defensa nacional, y cualquier actividad ilícita que ponga en peligro al Estado nicaragüense, sus instituciones y principios fundamentales de nación”.
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Chamorro expresó que si el Ejército desconoce la Constitución y sus propios códigos “comete una gran falta contra su propia institucionalidad”. «De ninguna manera debe convertirse en cómplice o servidor de las decisiones fuera de la Ley que la pareja gobernante ha impuesto sobre las fuerzas armadas”, dijo.
El Ejército ha dicho y estamos de acuerdo de que es no deliberante y apartidista, así lo queremos siempre. Esto no significa que el Ejército debe desconocer que aquí se ha desatado una represión indiscriminada de parte de los gobernantes contra un pueblo desarmado”. Cristiana Chamorro, firmante de la carta dirigida al jefe del Ejército
No cabe pasividad
Para Violeta Granera, política opositora y una de las firmantes de la carta dirigida al jefe del Ejército, esa institución “no puede seguir presenciando impávidamente la masacre de estos grupos parapoliciales e irregulares sin terminar siendo corresponsables ante la historia de la peor represión” contra el pueblo en los últimos cuarenta años.
Granera dijo que el Ejército también debe explicar por qué armas de guerra se han visto en manos de los paramilitares. Reiteró la demanda a Ortega de cesar la represión, pero si no lo hace, el Ejército no debe acompañarlo.
