La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este jueves que la cifra de muertos en Nicaragua por la represión orteguista alcanza los 317 desde el 18 de abril, día que iniciaron las protestas en contra del régimen de Daniel Ortega.
Previo a la actualización del total de muertes causadas por la represión gubernamental en Nicaragua durante más de tres meses de protestas pacíficas, la CIDH, en su cuenta de twitter había afirmado que las cifras de fallecidos reflejadas por la CIDH “son austeras” y el resultado de un riguroso monitoreo en el terreno.
A su vez, indica en uno de los tuit ese organismo que “todos los pronunciamientos y datos comunicados por nuestra Secretaría Ejecutiva reflejan una posición institucional y son previamente respaldados y aprobados por la CIDH”. Y que la falta de datos oficiales transparentes y fiables dificulta esa labor, por lo que ha solicitado la lista actualizada de fallecidos y ha pedido reuniones con el Ministerio de Salud, Instituto de Medicina Legal y Ministerio Público, en seguimiento a invitación pública realizada por el Gobierno para ejercicio conjunto de verificación de datos.
De esa forma la CIDH se refirió de forma indirecta a los señalamientos que esta semana hizo el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega a su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, a quien le tildó de mentiroso.
“El está mintiendo, miente y miente todos los días”. “Llega a conclusiones simplemente por lo que escucha”, indicó Ortega a Oppenheimer.
En un comunicado de prensa emitido este jueves, la CIDH destaca la persecución y criminalización existente en el país contra manifestantes por parte del Estado en contra de manifestantes, opositores o personas que de alguna participaron en las diversas formas de protestas a partir del 18 de abril, así como la indefensión en que permanecen los detenidos y las amenazas a las cuales estuvieron expuestas las familias de los detenidos desalojados la semana pasada del Chipote por fuerzas del orteguismo.
Quinta semana de trabajo del Meseni
El comunicado de prensa resume la quinta semana de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que comprende el 19 y 30 de julio y, resalta la agresión contra el periodista Roberto Antonio Collado, corresponsal de Canal 10 en Granada, el de Francisco “Paco” Espinoza, corresponsal en Jinotega del noticiero Acción 10, quien según informes periodísticos habría sido detenido y acusado de secuestro, asalto, tortura, asesinato frustrado y lesiones.
“Dada la importancia de la labor que cumplen los periodistas que cubren manifestaciones y protestas, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función”, dice la CIDH, que también menciona que tuvo noticias sobre la toma de tierras ocurrido el pasado 29 de julio en Chinandega, las que según denuncias las usan “como un mecanismo de represión utilizado por el Gobierno”.
“En el caso mencionado anteriormente, la prensa local dio cuenta de que un grupo de hombres encapuchados, a bordo de camionetas y fuertemente armados, se tomaron tres propiedades del Grupo Coen en Chinandega” , dice la CIDH.
Igualmente indica que recibió información alarmante sobre la activación de prácticas de persecución judicial y criminalización contra las personas opositoras al régimen del Gobierno, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos.
En particular, de la información disponible y los testimonios recibidos, la Comisión advierte que tras el levantamiento de tranques en diferentes lugares del país, mediante el uso de la fuerza, las autoridades habrían realizado numerosas detenciones arbitrarias, efectuadas con violencia por grupos encapuchados y armados, que habrían mantenido personas retenidas contra su voluntad”, indica el comunicado de prensa.
Maltrato y tortura de los paramilitares de Ortega
El informe destaca que estas personas reportaron que sufrieron malos tratos antes de ser entregados a delegaciones de la Policía Nacional o en Auxilio Judicial, en Managua. Según la información recibida, las personas detenidas no son informadas de sus derechos al momento de la detención, ni de los cargos que se les imputan; no se exhiben órdenes judiciales, ni sus familiares reciben información sobre el lugar al que serán llevados.
Menciona las detenciones de la líder de los comerciantes autoconvocados del Mercado Oriental, Irlanda Jerez, bajo el supuesto de haber sido encontrada culpable de fraude y estelionato, pero “presuntamente habría sido interrogada por su rol en las manifestaciones iniciadas el 18 de abril en Nicaragua”.
De igual manera, el Meseni recibió información sobre la detención, el 23 de julio, en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, de Christian Rodrigo Fajardo Caballero y María Adilia Peralta Cerrato, integrantes del movimiento 19 de abril en Masaya, quienes estarían siendo acusados de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos. Adicionalmente, se conoció la situación de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, quienes habrían permanecido detenidos en el Chipote, hasta el 25 de julio, lugar en el que habrían recibido golpes y malos tratos; posteriormente, habrían sido trasladados a las instalaciones de la cárcel Modelo.
Capturan y torturan hasta a niños
“Hemos tomado conocimiento con suma preocupación del aumento vertiginoso de personas detenidas sin las garantías del debido proceso y hacemos un llamado urgente al Estado a asegurar el estricto cumplimiento de la ley y demás garantías procesales de todos las personas detenidas, de conformidad con los estándares internacionales en esta materia. El Estado debe dar pronta liberación a todas las personas detenidas arbitrariamente y bajo cargos infundados”, manifestó el comisionado Joel Hernández, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas se la Libertad.
Y uno de los casos sobre los cuales expone preocupación el Meseni está relacionado con la detención en Masaya de dos niños, de catorce y quince años de edad, que habrían sido trasladados y mantenidos en el Chipote por cinco días.
“De acuerdo con los testimonios recibidos, al momento de ser detenidos y durante su traslado, uno de los niños habría sido víctima de quemaduras de cigarrillo en el cuello y el otro habría sufrido torsiones provocadas por el peso de uno de los captores sobre su cuerpo, con el objetivo de que proporcionaran mayor información sobre otras personas que participaban en los tranques. Los niños fueron liberados la mañana del sábado 21 de julio”, dice el comunicado de prensa.
La CIDH aprovecha para reiterar al Estado la recomendación de elaborar y dar a conocer un registro público que contenga información oficial entre la que detalla como requerimiento número de personas que han sido detenidas desde el inicio de las protestas del 18 de abril; causas de detención; duración de la privación de libertad; lugar de detención; número de personas que actualmente se encuentran detenidas con motivo de las protestas que han tenido lugar desde el 18 de abril; y número de personas excarceladas.
La información debe incluir aspectos relacionados con el género, edad y ocupación de las personas.
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Además, la CIDH advierte que el uso de la persecución judicial y la criminalización se enmarca en un contexto de declaraciones estigmatizantes e intimidatorias por parte de las autoridades estatales, como es el hecho de calificarlas como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes” en el contexto de investigaciones judiciales en curso.
También ese organismo señala como preocupación la falta de respuesta estatal a las peticiones hechas por la CIDH para visitar de manera regular y sin limitaciones los principales centros penitenciarios y entrevistarse con los detenidos en el contexto de la actual crisis.
Mientras el director para las Américas del organismo Human Rights Watch, Miguel Ángel Vivanco, a través de su cuenta de twitter demanda redoblar vigilancia sobre Ortega. La solicitud va acompañada de un video con una serie de hechos violentos perpetrados por las fuerzas paramilitares del régimen.
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“La Comisión Interamericana condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes. El Estado debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes”, expresó la relatora de país, Comisionada Antonia Urrejola, citada en el comunicado de la CIDH.
Previo al 19 de julio, el Meseni “constató y documentó en terreno la intensificación de la represión y los operativos desplegados por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales”, afirmó la CIDH.
En el informe anterior a este, la Comisión contabilizaba 295 muertos.