La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en su último informe sobre la crisis en Nicaragua, que el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo están “criminalizando la protesta”, pues han recibido informes de detenciones arbitrarias “dirigidas” hacia manifestantes y les hacen “acusaciones falsas” y les niegan el derecho a su defensa.
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Una muestra de estas persecuciones selectivas e ilegales de parte de fuerzas paramilitares y policías ocurrieron ayer con la detención de 11 miembros del Movimiento Estudiantil 19 de Abril de La Trinidad, Estelí, Matagalpa y Managua.
“El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) documentó actos de represión selectiva por medio de detenciones arbitrarias, por medio de allanamientos ilegales de viviendas en busca de personas que participaron en protestas y tranques y opositores”, se lee en el informe de la CIDH.
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Los líderes estudiantiles Kevin Rodrigo Espinoza Rodríguez, Marlon José Fonseca Ramón y Hansel Manuel Vásquez Ruiz fueron detenidos el miércoles 11 de julio, por la Policía Nacional y son señalados de terrorismo, crimen organizado y posesión ilegal de armas de fuego.
Mientras, ayer se informó de la captura, en Matagalpa, de Juana María Gutiérrez Ponce, Nayrobi Miranda Zeledón y Sergio de Jesús López y en Estelí se reportó la captura de Cairo Moreno, Allan Moreno, David Gaitán, Querubín Rodríguez y Ana Mairena. Todos relacionados con su participación en la protesta contra el gobierno de Daniel Ortega.
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En el caso de Kevin Espinoza Rodríguez tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH por ser “objeto de amenazas, hostigamientos y hechos de violencia”, pero no son respetadas por el Gobierno.
Según el informe del Meseni, los allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias en diferentes ciudades del país son facilitadas por los Consejos de Poder Ciudadano, estructura política del partido de gobierno en los barrios.
Falta de información
“La información recibida indica que las personas detenidas habrían sido víctimas de violencia, malos tratos e incluso tortura antes de ser trasladadas al Auxilio Judicial de la Policía Nacional, conocido como El Chipote”, se lee en el informe.
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Además, estas detenciones se hacen sin orden judicial, no se les informa a las personas detenidas sobre la causa de detención, no son puestos a disposición de juez y no informan a sus familiares de su paradero.
“Una vez la persona se encuentra detenida ilegalmente se imputarían cargos falsos, sin ser la familia y/o representante legal informada oportunamente de la audiencia preliminar”, agrega.
En el mismo sentido, el abogado Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), afirmó que el Gobierno está criminalizando la protesta a través de todas las instituciones penales y judiciales.
Además niegan al procesado el derecho de asignar a su abogado de preferencia y usan “mañas” para evitar que abogados de ese organismo asuman las defensas.
“Están acusando tipos penales que están en Ley especial para asegurarse la condena y la prisión preventiva. Muchas veces los delitos de crimen organizado, terrorismo, los aplican de manera arbitraria, porque no se subsumen o no encajan dentro del tipo penal que están acreditando ni tienen elementos de prueba suficientes para ni siquiera admitir la acusación”, señaló Montenegro.
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El Meseni expresa que la incomunicación de las personas detenidas y falta de control judicial constituye una violación al derecho a la integridad personal, a la vez que constituye un incumplimiento del Estado de su deber reforzado de garante de las personas privadas de libertad.
Acusan terrorismo
Harry Jonathan y Orlando Alexander Valverde Ortiz, de 20 y 31 años, respectivamente; Eddy Gertrudis González Padilla, de 26, y Richard Sebastián López, de 28, son los diriambinos acusados de terrorismo, robo agravado, daño agravado, incendio, entre otros delitos.
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Según Fiscalía, desde junio la Policía le daba seguimiento a los acusados. Señalan que los acusados financiaban con dinero a varios antisociales de Diriamba, que estaban en los tranques.
También los señala de ocultar armas y de quemar las oficinas de la Fiscalía. Los acusados fueron detenidos el 9 de julio de 2018, y les hallaron dinero y armas, según acusación.