A petición de las misiones de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos y Perú, la crisis provocada por el sangriento régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo volverá este viernes a la agenda del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para “evaluar, considerar la evolución de la situación” en el país.
Esta reunión de carácter extraordinaria será la segunda de la semana, luego que este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciara la escalada de violencia en Nicaragua.
Está prevista que la sesión se realice a las 3:00 de la tarde en Washington, las 1:00 en Nicaragua, informó de manera sorpresiva este jueves por la tarde la OEA.
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El exembajador de Nicaragua ante la OEA (2005-2006), José Luis Velásquez, calificó como “no usual” la reunión convocada la noche de este jueves.
Además explicó que lo único que se le puede ocurrir es que se haya llegado a algunos consensos que no se pudieron alcanzar el miércoles pasado. Velásquez dijo que, después de una llamada a Washington, capital de Estados Unidos, donde está la sede de la OEA, confirmó que el secretario general Luis Almagro se encontraba reunido con los principales embajadores que tuvieron la iniciativa sobre la sesión extraordinaria.
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Según el exembajador nicaragüense, la resolución tomada ayer en el subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos, en el que se condenó al gobierno de Ortega por la violencia contra los ciudadanos, pudo haber acelerado la decisión de una nueva reunión en el caso de Nicaragua.
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Por su lado, el ex vicecanciller José Pallais aseguró que en esa convocatoria extraordinaria es muy probable que haya un proyecto de condena hacia el gobierno de Daniel Ortega. A criterio de Pallais, “esa convocatoria es una expresión más de que la comunidad internacional está escandalizada por la masacre y las violaciones masivas de los derechos humanos en Nicaragua”.
EE.UU. condena a Ortega
Por su parte, el subsecretario de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, Michael Kozak, responsabilizó ayer a Ortega de ser el único responsable de la violencia generada en los últimos meses en Nicaragua y advirtió que las sanciones impuestas a altos funcionarios del régimen no serán las únicas.
Kozak señaló que existen evidencias sustanciales de que Ortega está dirigiendo a la Policía Nacional, la Juventud Sandinista, pandillas y motorizados para reprimir las protestas, que ha dejado un saldo de más de 264 muertos y más de 1,500 heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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El alto funcionario testificó durante una audiencia en el subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos, junto con el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, y la asistente adjunta para América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Barbara Feinstein.
“Desde que comenzó la crisis actual, hemos estado trabajando con naciones de ideas afines y en foros multilaterales, como la Organización de Estados Americanos, para condenar la violencia y presionar al Gobierno de Nicaragua para que negocie de buena fe el fin de la crisis, a través de un proceso democrático”, dijo Kozak.
Agregó que la crisis en Nicaragua solo puede resolverse permitiendo que el pueblo nicaragüense exprese la decisión de su futuro mediante elecciones anticipadas, libres y justas. En ese sentido dijo que continúan instando al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a avanzar en esfuerzos creíbles para lograrlo. “Reconocemos que esta no es una tarea pequeña y es un trabajo crítico”.
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“Trabajaremos estrechamente con este subcomité para apoyar los esfuerzos del pueblo nicaragüense para lograr un fin democrático a su sufrimiento”, acotó. “Aquellos que continúen colaborando con el régimen en el abuso de los derechos humanos contra el pueblo nicaragüense, impidiéndoles ejercer su derecho democrático a elegir a un gobierno legítimo, enfrentarán la misma situación (de sanciones), incluyendo a sus familias”, agregó.
Kozak destacó que el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones por medio de la Ley Global Magnitsky, a tres altos funcionarios del régimen de Ortega, responsables de abusos a los derechos humanos y por actos de corrupción, y agregó que el secretario de Estado impuso revocaciones revocaciones de visas a 21 funcionarios nicaragüense que se cree son responsables o cómplices de abusos de los derechos humanos.
¿Cafta en peligro?
La presidenta emérita del comité de Relaciones Exteriores del Congreso, Ileana Ros-Lehtinen, sugirió a la administración analizar la situación de Nicaragua en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), que le otorga privilegios a Nicaragua, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos.
La congresista sostiene que Estados Unidos no debe apoyar regímenes dictatoriales y otorgarles beneficios, por tal motivo dijo que continúa haciendo presión en el Senado para que apruebe el proyecto de Ley Nica Act, aprobado por el Congreso en 2017, una legislación que restringiría la aprobación de créditos al Gobierno de Nicaragua ante los organismos financieros internacionales.
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Más presión a Ortega
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, se pronunció a favor de seguir presionando al gobierno de Ortega.
“En respuesta a las violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos por la Policía y otros grupos alineados con el Gobierno es imperativo que sigamos presionando al gobierno nicaragüense para detener la violencia, que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, restaurar las instituciones democráticas y trabajar con la Iglesia en función de una resolución pacífica a la crisis”, apuntó.
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La asistente adjunta para América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Barbara Feinstein, dijo que Estados Unidos es el único donante que continúa trabajando en favor de la democracia, gobernabilidad y derechos humanos y que ese apoyo ha sido crucial para organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, líderes emergentes y medios independientes.