Al menos cuatro de los agredidos el lunes en la Basílica de San Sebastián, en Diriamba, están entre los beneficiados con protección de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que indica, para defensores de derechos humanos, que el Estado de Nicaragua no cumple con las mismas, pese a que es firmante de los acuerdos internacionales con ese organismo, por tanto deben ser cumplidas.
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Entre las personas que fueron agredidas verbal y físicamente por paramilitares en la basílica, estaba el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, que tiene medidas cautelares.
Otros que también tienen medidas cautelares y fueron agredidos en Diriamba son el sacerdote Edwin Román, de la parroquia San Miguel, de Masaya; el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva, y Danilo Martínez, delegado en Masaya de esa misma organización.
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Leiva expresó que esta situación vivida por ellos en Diriamba demostró que el Gobierno incumple con las medidas cautelares, aunque a su vez admitió que estas medidas nunca han sido cumplidas por el régimen.
Entre los casos históricos de incumplimiento menciona el relacionado con la violencia de los pueblos indígenas en el Caribe Norte, donde la CIDH ha emitido varias medidas cautelares bajo la administración sandinista. Ninguna la ha cumplido.
“Ha habido falta de voluntad política de garantizar el cumplimiento de lo establecido por las instancias de Derechos Humanos internacionales”, refirió Leiva, quien relató que en su caso hubo “un intento claro de secuestro (en Diriamba), cuando paramilitares me arrastraron diciendo que me iban a llevar con ellos, en el tumulto sentí un roce a mi chaleco”.
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Tras la trifulca, Leiva dice que observó en su chaleco un corte, que cree que por el tipo de cortadura fue hecho con arma blanca.
Más incumplimiento
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, recordó que el Gobierno nunca ha acatado las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Núñez afirmó que tanto ella como el Cenidh cuentan con medidas cautelares desde el 2008, pero la persecución y agresiones verbales son constantes contra ella y la organización.
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No obstante, considera Núñez, que por lo menos queda el récord de la CIDH sobre el nivel de riesgo y la agresión de la que son víctimas las personas. “Eso contribuye para ir configurando la situación de Estado violador de derechos humanos”, dijo.
Estuvieron en peligro sus vidas
Según el padre Román, él sufrió puñetazos en la cabeza y en todas partes del cuerpo, mientras monseñor Báez fue golpeado fuertemente en el estómago y le hirieron el brazo con un tubo.
Pero la vida de todos ellos estuvo en riesgo, porque a la parroquia ese día entraron paramilitares con armas de fuego, machetes y armas hechizas.
Román dice que a la basílica incursionó gente “que yo me atrevo a decir que son gente del Ejército, porque es gente muy fuerte, que contaba con experiencia en medio de la multitud, eso no lo va a hacer cualquier chavalo de la calle”.
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A su vez, precisa que a Diriamba fueron trasladadas personas que son consideradas como tomatierras en Santa Teresa y “azuzadores encapuchados”.
Obligación del Estado
En todos los casos la CIDH señala que, al otorgar las medidas cautelares a una persona, el Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros. Asimismo, solicita al Estado de Nicaragua concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios, esto no se ha dado.