La Policía presentó una supuesta investigación en la que incrimina por el delito de terrorismo a varios miembros de la oposición e integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la cual defensores de derechos humanos y opositores al régimen aprecian una criminalización de la protesta. Esta vez el Gobierno lo hace a través del sistema de justicia.
El expediente policial es parte de la acusación que está en los tribunales contra el dirigente del Movimiento 19 de Abril, de Masaya, Christian Fajardo y su esposa María Adilia Peralta, así como contra Ricardo Rafael Sanarruza y Fernando Alfredo Brenes.
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La Policía tilda de grupos terroristas financiados desde el exterior a los autoconvocados en Masaya que participaron en manifestaciones pacíficas, y les atribuye diversos delitos, entre los que resalta el de terrorismo.
El plan de acción de estos grupos —según dijo el comisionado Farle Roa Traña, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial—, es financiado desde el exterior para adquirir armas de fuego, armas artesanales y morteros, y pagar a las personas para que permanecieran en los tranques en Masaya donde les atribuyen la comisión de una serie de delitos.
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La Policía busca cómo vincular también por financiamiento a los tranques en Monimbó a los miembros de la Alianza Cívica, Jorge Solís, Víctor Cuadras, Lesther Alemán y Kevin Rodrigo Espinoza Gutiérrez.
Igual señalan a Kitty Monterrey, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona, Hugo Tórrez, Víctor Hugo Tinoco y Loyda Valle.
También el grupo delictivo lo integran —según el Gobierno—, Hader Humberto González Zeledón, Cristian David Meneses Machado, Carlos Alberto Vanegas Gómez, Washington Ángel Martínez y/o Washington Alezander Martínez Gómez, Walner Antonio Ruiz Rivera, Miguel Ángel Martínez Gómez, Daniel Antonio Miranda Palacios y Armando de Jesús Meneses Machado quienes son buscados como “terroristas”.
Táctica para intimidar
Suyén Barahona, una de las mencionadas por la Policía, refirió que “esta es otra táctica de tratar de intimidarnos, de amenazarnos, con el propósito de callarnos (…) y querer criminalizar nuestro derecho a la protesta pacífica, la protesta cívica”.
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Barahona consideró que es lo mismo que pretenden hacer con miles de personas en todo el país, donde los juicios han sido impulsados sin sustentos legales. Sin embargo, Barahona advirtió que con estas amenazas no los callarán.
“El objetivo del Gobierno es criminalizar la protesta social y eso significa judicializar a las personas que ellos consideran son líderes o han tenido algún protagonismo (en las manifestaciones)”, dijo el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Juan Carlos Arce.
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También Arce considera que todo esto ha dejado en evidencia el control de las instituciones de justicia, porque dan pase a acusaciones con expedientes inconsistentes, que no dejan claras las responsabilidades de los acusados. La acción estatal está dirigida a generar miedo a través de la persecución judicial, afirma.
“No hay Estado de derecho, no hay independencia de poderes”, por lo que todos estos procesos son nulos, tienen vacíos, tienen inconsistencia y son violatorios absolutamente a los derechos humanos, dijo Arce.
Persecución masiva
Con Arce coincide el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, quien recordó que “hay una situación de asedio, de amenaza, de persecución masiva a través de listados que elaboran los mismos comités sandinistas”.
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Todo lo anterior es el resultado de la violación absoluta de los derechos humanos y de la anarquía reinante en el país, aseguró Carmona.
La ex comandante guerrillera, Mónica Baltodano, refirió que Daniel Ortega “está criminalizando a todo aquel que se le oponga”. Además Baltodano señala que “Daniel Ortega es peor que Somoza, porque Somoza en los primeros 11 años de su mandato no mató como ha matado Ortega (…) y ahora este dispara contra muchachos, muchachas desarmadas, quema casas con niños adentro, es realmente monstruoso”.
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“Como él (Ortega) dice que todos somos golpistas, que todos somos terroristas, entonces va a tener que encerrar a toda Nicaragua”, agregó.
El analista y comunicador Julio López Campos, por su parte, dijo que Daniel y Rosario saben “que desde hace muchísimo tiempo nosotros perdimos el miedo”. Además instó al pueblo de Nicaragua para que “abran sus puertas para proteger a los patriotas nicaragüenses que andan huyendo”.
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“Parece que la gravedad de esta crisis, los impactos de esta crisis, han impactado de manera grave la mente de Daniel (Ortega), Daniel habla de un país que no es el nuestro (…) ve una realidad invertida”, manifestó López, quien agregó que si en el país fungiera una verdadera Asamblea Nacional “seguramente ya lo hubiesen destituido (a Ortega) por problemas de salud mental”.
Denuncian montaje en su contra
La ex comandante guerrillera Mónica Baltodano y Julio López denunciaron la campaña del orteguismo en su contra a través de perfiles falsos en las redes sociales.
“Con nuestra denuncia queremos defender el derecho de los nicaragüenses a proteger a los muchachos, a apoyar a la gente que quiere salir del país”, dijo Baltodano, quien advirtió que la pareja designada por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega y Rosario Murillo, conocen sus domicilios. Pero “no les tenemos miedo”, advirtió.
“Hemos sido atacados y creando falsas acusaciones insostenibles”, dijo Baltodano, al referirse a afirmaciones que les hacen a través de una página falsa, de que en su casa de habitación se escondían jóvenes que huían de la represión.
Hay videos donde hacen aparecer como que en la casa de Baltodano y López recuperaron armas de fuego. Ambos recordaron que de forma pública han respaldado el reclamo de justicia de la población, lo cual no es un delito.