Blanca Cajina e Irvin Escobar se conocieron cuando ella estaba en preescolar y él empezaba la primaria, los dos en el mismo colegio: el Francisco de Ossó, de Managua. En la secundaria empezaron a jalar a escondidas de sus padres y hace tres años finalmente se casaron. Ella tiene 25 años, él 29. Ambos son médicos (él odontólogo y ella médico general), ambos son mormones y ambos están muy lejos de la figura de un terrorista, pero como “terroristas” los presentó la Policía Nacional el pasado lunes 16 de julio ante las cámaras de los medios de comunicación de la familia que gobierna en Nicaragua.
Tampoco Hanssel Vásquez podría ser considerado terrorista, si nos apegamos a las normas internacionales y al Código Penal nicaragüense y no a la libre interpretación que un régimen puede hacer de este término estigmatizador, como ya ha ocurrido tantas veces en la historia mundial de los regímenes.
Hanssel tiene 25 años, es periodista y ejerció su profesión durante tres años y medio en Telenica Canal 8, propiedad de los Ortega Murillo. Según su madre, doña Liliam Ruiz, hace cuatro meses renunció a su empleo y se dedicó a su pequeño negocio de publicidad y realización de videos junto con su amigo Marlon Fonseca, también periodista, de 26 años. Y cuando en abril estallaron las protestas ciudadanas, ambos decidieron unirse a estas. Fue así como, en la Universidad Politécnica conocieron a Kevin Rodrigo Espinoza, de 21 años, estudiante de tercer año de Ingeniería Agrícola.
Hoy los tres están siendo procesados por el Sistema Judicial bajo los cargos de “terrorismo, tráfico ilícito de armas y entorpecimiento de funciones públicas”. Para la segunda semana de agosto está programada su audiencia inicial, pero en los medios del Gobierno desde ya son tratados simplemente como “terroristas”.
Fueron aprehendidos por encapuchados la noche del miércoles 11 de julio en Nindirí cuando, según miembros del Movimiento 19 de Abril, trasladaban víveres a la ciudad de Masaya. Y no se supo más nada de ellos hasta que, la noche del jueves, la Policía informó en nota de prensa que los habían detenido en un retén de carretera cuando viajaban a bordo de un vehículo en el que trasladaban “cuatro magazines, 113 proyectiles de bala viva y 20 proyectiles de salva, todos de fusil AK”.
Doña Liliam cree que lo de las municiones no es cierto y Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), también lo pone en duda, pues a su juicio el Estado nicaragüense ha demostrado que “no es transparente”. Sin embargo, afirma, incluso si de verdad te encuentran cartuchos de bala, “eso no te hace asesino ni terrorista”, en todo caso eso sería “tenencia ilegal de explosivos, pero no terrorismo”.
El problema, dice el abogado, es que en Nicaragua las cosas están al revés, de modo que los ciudadanos que han muerto con huleras en la mano “son golpistas y terroristas”, mientras los que andan armados con fusiles Dragunov son “mensajeros de la paz”, “liberadores de tranques”, enviados por el Gobierno. En realidad, afirma Carrión, “el más elocuente crimen organizado es el que organizó a ese ejército de asesinos”, que desde hace semanas se mueve con plena libertad sembrando el terror a lo largo y ancho del territorio nacional.
Se trata del “peor de los terrorismos”, “una verdadera estructura de Estado terrorista” en la que “los escuadrones de la muerte, que se supone no son ni de la Policía ni del Ejército, son los buenos que matan a los malos, los terroristas, los asesinos, los golpistas”, expresa el abogado. Y enseguida afirma, categóricamente: “Pero ninguna de las víctimas de la dictadura ha muerto con un fusil en la mano. Ninguna”.
Por otro lado, a raíz de la reciente aprobación de la Ley contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la nueva Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), “cualquier persona puede ser considerada terrorista por ellos (el Gobierno y el Frente Sandinista)”, debido a que “no solamente están queriendo considerar terroristas a las personas que ejecutan determinados hechos, sino que para involucran a la sociedad en su conjunto cuando están diciendo ‘aquellos que apoyen actos de terrorismo’”, señala Vilma Núñez, presidenta del Cenidh.
En el contexto actual, Álvaro Conrado, el niño asesinado por una bala el pasado 20 de abril, cuando llevó agua a los estudiantes que se encontraban refugiados en la catedral de Managua, fácilmente podría ser considerado un “financiador del terrorismo”.
Por ese delito fue acusado el ingeniero industrial Héctor Arellano Pérez, hijo del reconocido historiador Jorge Eduardo Arellano, este martes 17 de julio. De acuerdo con el Ministerio Público, su “financiamiento al terrorismo” consistía en “comprar materiales para la elaboración de chalecos antibala de fabricación artesanal (…) para posteriormente llevarlos a las instalaciones de la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN-Managua)”, donde decenas de estudiantes permanecían atrincherados.
¿Y qué es terrorismo?
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el terrorismo es una “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror” o bien una “actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. Cuando se piensa en terrorismo, a la mente acude la imagen de encapuchados del Estado Islámico, tiroteos indiscriminados, ejecuciones a sangre fría y bombas activadas en lugares concurridos.
Es decir, la palabra en sí conlleva internacionalmente un terrible estigma social y está asociada a acciones perversas y masivas contra población indefensa; por eso para Alberto Cajina, es un completo “absurdo” que su hermana y su cuñado hayan sido presentados como terroristas.
Origen del terrorismo en el mundo
El terrorismo existe desde tiempos remotos, pero el término como tal apareció hace no mucho en Francia. Según la BBC, el concepto de terrorismo viene del terror de la Revolución Francesa, es decir, “el terror perpetrado por el Estado”.
Ya más recientemente se ha visto al terrorismo como “algo cometido por actores no estatales, como algo esencialmente ilegítimo” y la violencia cometida por el Estado ha sido excluida de la idea de terrorismo.
La primera aplicación que principalmente recibe el terrorismo de hoy día es la que esgrimen “los Estados u otros actores políticos para calificar a la violencia ejercida por grupos o individuos que son percibidos como sus enemigos u opositores”.
Sin embargo, “otros tipos de violencia objetivamente parecidas no son calificados como terrorismo si son llevados a cabo por grupos aliados de esos mismos Estados”.
La segunda, dice la BBC, es la del terrorismo que se refiere a “violencia política”. Pero algunos tipos de violencia son catalogados con mayor facilidad como “violencia política” que otros. No es algo objetivo y la calificación depende de quién esté en el poder.
La tarde que fueron capturados ambos habían estado curando heridos en la catedral de Managua, adonde el sábado 14 de julio fueron trasladados más de 200 jóvenes que durante 15 horas resistieron dentro de una iglesia el asedio de fuerzas paramilitares gubernamentales. No era la primera vez que los médicos socorrían a las víctimas de la represión. El 20 de abril, dos días después de iniciadas las protestas, estuvieron atendiendo heridos en la Catedral Metropolitana y el 30 de mayo, al finalizar la Marcha de las Madres, corrieron hacia la zona donde estaban disparándole a los manifestantes para auxiliar a las personas, relata Alberto.
Lo hicieron porque esa es su vocación, afirma el hermano de Blanca. Pero en Nicaragua “se ha convertido en un delito querer ayudar al pueblo, pensar diferente”.
La madre de la doctora, doña Blanca Urbina, se dio cuenta de que su hija estaba presa porque alguien le mostró la foto donde un policía encapuchado le pateaba la cabeza. Estaba atendiendo su pulpería cuando un cliente le preguntó: “¿Esta no es la Blanquita?” Y ella la reconoció de inmediato por la moñita en el pelo y el suéter a rayas celestes y rosas. Entonces dejó todo y salió corriendo para El Chipote.
Ese mismo día Donald Escobar, padre de Irvin y comerciante de ropa, se enteró de lo sucedido, cuando se encontraba fuera del país y también corrió para subirse a un avión y venir a preguntar por su hijo. “Yo como padre no le hallo sentido a esto, porque yo conozco a mi hijo y yo sé que es un chavalo de bien. Tenemos 18 años de pertenecer a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y nos han enseñado a amar al prójimo, a respetar la vida”, comentaba este martes don Donald, abatido en las afueras de El Chipote, mientras esperaba noticias de su nuera y su hijo.
Otros “terroristas”
En El Chipote y La Modelo se acumulan los detenidos por terrorismo y son tantos que a los organismos de Derechos Humanos les resulta complicado llevar el conteo de los casos, pues priorizan la confirmación de las víctimas mortales de la represión del Gobierno.
Otro de los acusados por terrorismo es el psicólogo Róger Martínez, detenido en Granada el domingo 15 de julio. Martínez asistía a las marchas de los autoconvocados, se expresaba en sus redes sociales y daba consejos y palabras de ánimo para las personas afectadas emocionalmente por la crisis que atraviesa Nicaragua.
Es un profesional, igual que Héctor Arellano Pérez, de 35 años, un hombre que según sus parientes es tan recto que ni siquiera bebe o fuma.
Una y otra y otra vez se repite la acusación: “terrorismo”, “crimen organizado”. Aplica para quienes estuvieron en los tranques que las fuerzas del Gobierno quitaron a balazos en la “Operación Limpieza”, para quienes han resistido la represión atrincherados y para quienes han atendido a los heridos. Aplica para cualquiera, por las nuevas legislaciones y porque desde el inicio existe un problema con la definición del término “terrorismo”, que “se ha prestado a una serie de abusos, sobre todo de parte de las dictaduras militares en América Latina, en la época de la Guerra Fría”, apunta Julio Icaza Gallard, analista político y exembajador de Nicaragua ante las Naciones Unidas.
Para él, es evidente que la Ley recién salida del horno de la Asamblea Nacional “es un nuevo instrumento represivo del régimen Ortega Murillo, para criminalizar la protesta, encaminado a convertir Nicaragua en un inmenso campo de concentración, como única forma de seguir gobernando contra la voluntad soberana del pueblo”.
Por la forma vaga en que está redactada, la nueva norma “admite una amplia interpretación que podría llevar a incluir en la definición de terrorista a personas que simplemente están ejerciendo su derecho constitucional a la protesta”, dice Icaza Gallard. Y dos cosas están claras, subraya el experto: “Ninguno de los supuestos contemplados en las convenciones o tratados internacionales definen que el delito de terrorismo es equiparable al ejercicio legítimo y constitucional del derecho a la protesta. Y por otro lado, ninguna medida autorizada en esos convenios puede estar en contradicción con el Derecho Internacional humanitario y los Derechos Humanos”.
Algo similar hizo notar la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuando denunció que la norma sobre terrorismo aprobada por el parlamento oficialista podía ser utilizada para criminalizar la protesta ciudadana. La respuesta de la cancillería de Nicaragua fue inmediata: “Al cuestionar la Ley, el Alto Comisionado se vuelve cómplice de terrorismo”.
Las leyes internacionales
La Convención Interamericana contra el Terrorismo, del 3 de junio de 2002, se remite a otros convenios o tratados internacionales para definir qué es terrorismo, explica el analista político Julio Icaza Gallard. “Se trata de convenios sobre apoderamiento ilícito de aeronaves y actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil o navegación marítima, convenios contra la toma de rehenes, convenios para la represión de atentados terroristas cometidos con bombas, etcétera”.
“Establece además que nada de lo dispuesto en esta Convención se interpretará en el sentido de que menoscaba otros derechos y obligaciones de los Estados y de las personas conforme al Derecho Internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Derecho Internacional humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los refugiados”, subraya Icaza Gallard, exembajador de Nicaragua ante las Naciones Unidas.
“Estoy orgullosa de mi hijo”
“Él es un joven estudiado, tiene periodismo. Somos de familia cristiana, desde niños. Es un muchacho que nunca ha dado problemas de ningún tipo, me parece que querer luchar por su pueblo, por su país, no lo convierte en un delincuente, mucho menos un terrorista. Él tiene limpio su récord de Policía. Jamás en la vida ha andado en cosas malas”, asegura María José Vásquez, hermana de Hanssel, el joven periodista que actualmente enfrenta cargos por terrorismo y espera audiencia inicial en una celda del Sistema Penitenciario de Tipitapa, junto con sus amigos Kevin y Marlon.
Desde la noche que su hermano fue llevado en una Hilux (según testigos) a El Chipote, María José no puede dormir. Llora todo el tiempo y su madre ya la apodó la Llorona. “Yo lo crie, si lo único que me hizo falta fue parirlo”, protesta ella. La última vez que vio a Hanssel faltaban dos semanas para el 18 de abril.
Luego de la captura del periodista, solo su madre ha podido verlo. Le permitieron hablar con él unos dos minutos luego de la audiencia preliminar en la que junto con Kevin y Marlon fue acusado de haber incendiado las instalaciones de la Radio Ya.
“Lo acusan de saqueo de la radio, homicidio frustrado, robo y el único testigo que tienen es Dennis Schwartz (director de la emisora)”, señala doña Liliam.
Con todo, dice, “yo me siento orgullosa de mi hijo”. “Realmente él está haciendo lo que yo debí haber hecho desde hace muchos años, abrir los ojos y ver que nosotros estábamos viviendo en una dictadura. Más bien me toca a mí pedirle perdón a mi hijo cuando salga de esto, por haber nosotros permitido llegar hasta este momento. Mi voto fue sandinista siempre y por eso yo le tengo que pedir perdón a mi hijo. Que me perdone, por no haberle dado una patria digna”, expresa. Y afirma que seguirá luchando hasta limpiar el nombre de Hanssel, porque los delitos que le imputan no son cualquier cosa, mucho menos la palabra “terrorista”.
La Ley nica contra los terroristas
“La Ley contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, admite, por la forma en que está redactada, una amplia interpretación que podría llevar a incluir en la definición de terrorista a personas que simplemente están ejerciendo su derecho constitucional a la protesta, como advirtió con toda razón el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville”, manifiesta Julio Icaza Gallard, analista político. “Específicamente esta Ley estaría dirigida a castigar a la empresa privada y las organizaciones civiles que apoyan la lucha cívica en Nicaragua, y cuyos miembros podrían ser sujetos a penas que van de 15 a 20 años de cárcel”.
El problema, dice el experto, es la definición de actos terroristas que hace la nueva Ley, en su Artículo 4, numeral 2: “Son aquellos que tengan como objetivo causar la muerte o lesiones físicas y/o psíquicas contra un civil o cualquier otra persona en tiempo de paz o que tome parte activa en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, es intimidar a una población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
A juicio de Icaza Gallard, “esta definición no coincide con la contenida en el Código Penal”: “Quien actuando al servicio o colaboración con bandas, organizaciones o grupos armados, utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas, incendios, inundación o cualquier otro acto de destrucción masiva, realice actos en contra de personas, bienes, servicios públicos y medios de transporte, como medio para producir alarma, temor o terror en la población, en un grupo o sector de ella, alterar el orden constitucional, alterar gravemente el orden público o causar pánico en el país, será sancionado con pena de 15 a 20 años de prisión”.
Y no coincide porque en el Código Penal se exigen varios requisitos, “entre los que está que sea un acto de destrucción masiva”. “¿Cómo determinar que el propósito de un acto sea intimidar a la población u obligar a un Gobierno a realizar un acto o abstenerse de hacerlo? ¿Cómo determinar las lesiones físicas o psíquicas?”, cuestiona el analista.
“Habría que hacer un examen más exhaustivo de la nueva Ley, pero los elementos señalados causan alarma y preocupación. Es una forma también de obligar a las instituciones financieras a romper el sigilo bancario, a través de la UAF (Unidad de Análisis Financiero), objetivo declarado recientemente por la Superintendencia de Bancos, que exigió información sobre los retiros de depósitos”, señala el analista.
LA PRENSA/ Reproducción de Oscar Navarrete