La lista de personas procesadas por haber participado de alguna forma en las manifestaciones cívicas del pueblo nicaragüense en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, crece en los juzgados del país. Del viernes 27 de julio al 30 de este mismo mes, la fiscalía interpuso seis acusaciones por cargos de terrorismo contra manifestantes en Managua, Matagalpa y Juigalpa, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
En estas seis causas están acusadas 48 personas que se suman a las 137 que ya están judicializadas, desde el 23 de abril, cuando se presentó el primer caso, por lo que actualmente hay 185 personas procesadas por el simple hecho de ejercer su derecho constitucional de protestar contra el gobierno, explicó el abogado Julio Montenegro, de la CPDH.
Este dato puede ser superior afirmó Montenegro, porque hay casos donde los jueces no permiten la defensa privada y asignan defensor público, por lo que el caso no se da a conocer públicamente.
Tal es el caso que se presentó el viernes 27 de julio en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua,n donde se les hizo audiencia preliminar a cuatro jóvenes en sala privada y la CPDH no logró conocer del caso.
El caso donde hay más acusados por el momento es el del Alcalde de Mulukukú Apolonio Fargas Gómez, quien fue acusado junto a 17 personas de terrorismo, asesinato y otros delitos.
Otra acusación numerosa es la de Cristian Fajardo dirigente del Movimiento 19 de abril de Masaya, quien fue acusado junto a once personas más y la de once muchachos de Jinotepe y Diriamba, quienes fueron evidentemente torturados, ya que les arrancaron varias piezas dentales.
Todos están acusados de terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos y otros delitos.
Mientras en Matagalpa acusaron a Hugo Ríos Castillo, de 47 años, por aupuesta portación ilegal de armas de fuego en perjuicio de la seguridad ciudadana del Estado de Nicaragua por participar en distintas marchas contra el Gobierno en Matagalpa.
El titular del Juzgado Primero Local Penal en Matagalpa, Harold Aguilar Benavides, en audiencia preliminar realizada este domingo 29 de julio, admitió la acusación presentada por la Fiscalía e impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra Ríos. La audiencia inicial está programada para el próximo 2 de agosto.
En Acoyapa procesan a exdiputado
Lilliam Bravo Borge, esposa de Benjamín Siles Aguilar, denunció la detención y proceso arbitrario al que este es sometido, por el solo hecho de haber participado en marchas pacíficas promovidos por la población autoconvocada en el país.
Siles, oriundo de Acoyapa, fue detenido el 25 de julio como parte del mismo expediente que abrieron en contra del opositor liberal Nardo Sequeira, ambos fueron conducidos a los tribunales de justicia de Juigalpa, Chontales, cuatro días después de haber sido detenidos de forma arbitraria.
Ambos fueron llevados a una audiencia realizada a puerta cerrada, sin permitirles la presencia de su abogado particular, pues pese a que estuvo presente en los portones del complejo judicial no le permitieron acceso.
Bravo consideró que la detención de su cónyuge es política pues “lo acusaron por haber participado en las marchas” de los ciudadanos autoconvocados.
Buscaban armas
La abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Zulma Molina, confirmó que Liliam Bravo y familiares de Nardo Sequeira recurrieron ante esa filial en Juigalpa. Bravo denunció que cuando la Policía incursionó sin orden judicial a su vivienda, alegaron que buscaban armas, y destrozaron la vivienda. En el caso de Sequeira, los familiares denunciaron que este fue conducido la delegación policial de Acoyapa bajo engaños, al asegurarle que debía acompañarlos para realizarle una entrevista sin informarles de qué se trataba.
Más secuestros
Josué Santiago Álvarez Rojas, de 34 años, originario de Jinotepe, propietario del negocio Sublimación ABC en Managua fue secuestrado ayer 30 de julio a eso de las 6:35 de la mañana cuando se dirigía a buscar desayuno. Luego del secuestro, la policía junto a civiles encapuchados abordo de una camioneta llegaron al negocio y entraron a la oficina de Álvarez a revisar las computadoras, denunció Auxiliadora Álvarez, tía del joven, quien ayer acudió a la CPDH a interponer la denuncia.
“Hay incertidumbre de su paradero y nosotros queremos saber dónde está y que no lo torturen ni lo maten”, dijo la tía.
La detención supuestamente es porque la familia de este ayudó a los del tranque de San José en Jinotepe.