Bajo férreo resguardo policial, sin la presencia del abogado de su elección, sin familiares y cabizbajos fueron llevados este martes a audiencia el líder campesino Medardo Mairena junto con su compañero de lucha Pedro Mena Amador. Ambos fueron detenidos desde el viernes 13 de julio en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino por oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial, pero hasta ayer fueron acusados.
Mairena ha participado en el Diálogo Nacional por parte de los autoconvocados y abiertamente ha sostenido que esas conversaciones son para negociar “la salida de Daniel Ortega de la Presidencia, porque mucho daño ha causado a los campesinos y al pueblo nicaragüense en general”.
La acusación fiscal fue interpuesta este martes 17 de julio cerca de las 8:42 de la mañana en el Complejo Judicial Central de Managua.
Los delitos de los que se le acusa a ambos campesinos son terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro simple, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos, lesiones y daños en perjuicio de 23 víctimas, entre estas el Estado de Nicaragua.
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Junto con ellos también fueron acusados Juan Calderón Escobar, Carlos Zamora Salazar, Luis Marenco González, Silvio Pineda Bonilla, Mario Adolfo Jiménez Góngora, Danilo García Medina, Arlen Alcides Lanuza Rayos y José Jesús Hernández Blandón, todos ellos sin arrestar aún, aunque ya el juez Henry Morales giró orden de captura contra todos ellos en audiencia preliminar.
Mencionan a doña Chica
Según acusación del Ministerio Público, Mairena es jefe de un “grupo criminal” que ha venido planificando y orientando actos ilícitos con el objetivo de causar graves alteraciones al orden público y romper el orden constitucional.
Supuestamente orientó la creación de tranques en Boaco, Chontales, Nueva Guinea y Río San Juan para impedir el normal funcionamiento del transporte público y privado, la libre movilidad del pueblo nicaragüense.
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Además, su organización cometió robos con intimidación a ciudadanos que transitaban por los tranques, amenazas, daños a la propiedad pública y privada, asesinatos, lesiones y secuestros, aunque no ofrecen detalles de esos hechos.
Supuestamente la Policía venía dando seguimiento a la organización criminal desde junio pasado y se enteró que Mairena bajaba órdenes a sus miembros a través de Francisca Ramírez Torres (doña Chica), Pedro Mena y un sujeto conocido como el Gringo.
Según la inverosímil acusación, la función principal de Mena era captar fondos de personas que se encuentran dentro y fuera del país, para la compra de alimentos, armas, municiones, combustible y pago a personal que integra los tranques. Además supuestamente es quien orientaba en los tranques de Lóvago, Juigalpa y Morrito qué tipo de vehículos podían pasar.
Ataque en Morrito
La Fiscalía también les atribuye hechos ocurridos el 20 de abril a eso de las 3:00 p.m. frente a la delegación del INSS en Nueva Guinea, donde supuestamente los acusados, por orientaciones de Mairena, lanzaron piedras y dispararon morteros en contra de los trabajadores y la población en general y de policías que se encontraban en la actividad.
Ese día supuestamente causaron daños a la infraestructura del edificio del INSS por 620,000 córdobas, también hicieron daños a Jimmy Martínez González por 6,220 dólares, dueño de tarima y sonido que resultó dañado en el ataque.
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Otro hecho que les acusan son los ocurridos el 12 de julio a eso de las 2:40 p.m., en la delegación policial del municipio de Morrito y Alcaldía de la misma localidad en el departamento de Río San Juan.
Este ataque supuestamente lo realizaron directamente los acusados Carlos Zamora Salazar, alias Pantera; Luis Marenco González, alias Barraco; Silvio Pineda Bonilla, alias la Chancha; Mario Adolfo Jiménez Góngora, alias Mario Porteño, Danilo García Medina, alias Chiripa; Arlen Alcides Lanuza Rayos y José Jesús Hernández Blandón, alias JJ.
Estos supuestamente llegaron en un camión rojo de baranda portando diversas armas, quienes de manera “premeditada y con saña” dispararon a la estación policial privando de la vida al comisionado Luis Emilio Busto López, al suboficial mayor Marlon José Requene López, a Lenín Ernesto Olivas Alanís y Faustino Téllez Vargas y Carlos Zamora privó de la vida al profesor Marvin Ugarte Campos.
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Contrario a esta versión, los lugareños aseguran que no fueron los campesinos quienes abrieron fuego, sino los paramilitares de Ortega.
En ese ataque supuestamente otras personas resultaron heridas y secuestraron y amenazaron a nueve oficiales, quienes fueron despojados de sus armas y trasladados al tranque del empalme de Lóvago, donde permanecieron hasta las 11:00 de la noche.
Imponen defensa
Los acusados por imposición del juez Henry Morales fueron asistidos por defensoría pública, a pesar de que los abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) esperaban el caso desde el domingo pasado.
El judicial admitió la acusación, ordenó prisión preventiva, dio tramitación compleja a la causa y programó la audiencia inicial para el próximo 15 de agosto.
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La imposición de esta defensa pública de parte del judicial, deja en indefensión a los procesados, coinciden defensores de derechos humanos.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, confirmó que es un “juicio político”, porque le hicieron audiencia en un auditorio de poco acceso, con defensa pública, ya había cumplido las 48 horas legales y lo tienen incomunicado con su familia.
“A Mairena y a Mena le ha caído la maquinaria engrasada, para procesarlos y culpabilizarlos de delitos que todo mundo sabe que son inexistentes”, dijo Carmona, quien también sostuvo que esto ha pasado con muchos nicaragüenses.
“Les están violando todos sus derechos y garantías constitucionales, los están dejando en un estado de indefensión total y todo hace indicar que todas las instituciones desde la Policía, la Fiscalía y desde los mismos Juzgados se están confabulando para violarles sus derechos humanos”, agregó Carmona.
La detención de Mairena y Mena fue condenado por el Cenidh que califica la captura de ambos como “una clara medida de persecución política. Su vida y su integridad física están en peligro”.
“Esto es parte del Estado de indefensión que estamos viviendo los nicaragüenses y aquí las instituciones se están confabulando en contra de los derechos y garantías que tenemos como ciudadanos”, aseguró Carmona.