Ante la decisión gubernamental de no entregar los avales de exoneración que requieren los empresarios para sacar de aduana sus productos importados, la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Fedepricap), mediante un comunicado manifestó su preocupación por el deterioro del comercio regional y flujo de mercancías que está siendo afectado.
Las exoneraciones era un beneficio que había mantenido la empresa privada durante 11 años, en el marco de su modelo de diálogo-consenso que tenía con el Gobierno y que ahora se roto, luego que el sector privado le exigiera realizar reformas que encaminen a Nicaragua a la democracia.
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La Fedepricap, el ente regional que agrupa a cien mil empresas formales de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, además lamentó la muerte de más de trescientos ciudadanos nicaragüenses y centenares de heridos, como consecuencia de la represión ejercida por el Gobierno de Nicaragua.
Fedepricap considera que la situación política se está deteriorando a pesar de los pronunciamientos de entes regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA). “En tal virtud, considera que si los hechos de violencia y represión persisten, es importante que los gobiernos de los Estados miembros de Fedepricap tomen acciones más allá del diálogo que pongan fin a los enfrentamientos y así evitar más pérdidas de vidas humanas de los nicaragüenses”.
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Asimismo, manifestó su preocupación por la pérdida de 215 mil empleos hasta junio, por el cierre de empresas y la inversión extranjera que está abandonando Nicaragua. “También expresa preocupación porque esa falta de empleo como consecuencia del cierre de empresas, terminará ocasionando una crisis migratoria que afectaría a los países Centroamericanos”, se lee en el comunicado.
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Condenan la represión en Nicaragua
Por otra parte la Cámara de Industrias y Producción (CIP) con sede en Quito-Ecuador también sacó un comunicado condenando la represión y agresiones, así como los ataques a los estudiantes y miembros de la iglesia católica.
“Exhortamos al gobierno nicaragüense a garantizar los derechos humanos de toda la población civil, al mismo tiempo que sanciones a los miembros de la fuerza pública que atentaron contra la integridad de otros ciudadanos, de forma cruel y premeditada”, se lee en el comunicado.
Asimismo instó a la OEA a que aplique lso mecanismos consagrados en la Carta de la OEA, la Convención Americana de los Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales.