El presidente Daniel Ortega dio por sepultado esta semana el “Modelo de Diálogo y Consenso” que por 11 años mantuvo con la empresa privada y a cambio les ofreció un esquema donde solo se limitarían a “contribuir para el desarrollo de la economía del país”, es decir no podrían inmiscuirse en otros asuntos relacionados con la institucionalidad y la democracia.
El nuevo modelo “tendría que ser partiendo estrictamente de lo que es el papel del empresario, en cuanto aportar para el desarrollo de la economía del país, no tanto como lo habíamos incorporado en la alianza, donde partimos que ellos podían participar y opinar sobre diferentes temas”, sostuvo Ortega en una entrevista a una cadena de televisión internacional.
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Con ello, Ortega confirma la ruptura del modelo, que no solo le permitió mantener en crecimiento la economía a costa de demoler la institucionalidad y socavar la democracia, sino que también pudo atraer miles de millones de dólares en inversión extranjera directa.
Por su lado, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que figuró como el principal interlocutor en este modelo, incidió en la aprobación de 124 leyes desde el 2008 hasta 2017 y además consiguió sillas de representación en más de 40 instituciones públicas.
Desde que comenzó la crisis, Ortega dijo que la cúpula empresarial no da señales de querer sentarse otra vez al diálogo, pero advirtió que si estos vuelven habrían nuevas condiciones.
“Estamos abiertos a dialogar y establecer acuerdos partiendo de las nuevas condiciones, de la nueva realidad, porque ya no se puede repetir la historia”, dijo Ortega.
Esta ruptura en el modelo de alianza que tenía el Gobierno con los empresarios ocurre en víspera que el Ejecutivo tiene pendiente aplicar un ajuste fiscal que implicaría la reducción de la exoneraciones y exenciones, una recomendación que había dado el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que estaba en discusión.
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Ortega miente
Ortega admitió que la alianza con la empresa privada los llevo al punto que las leyes en el país no se aprobaban sin consenso entre ambas partes.
“Aquí no aprobábamos una ley sino era en consenso con los empresarios, nosotros mantenemos esa disposición de hacerlo así en el campo de las leyes, de aprobarlas en consenso con los empresarios, pero en otros campos yo diría que se rebasaba el ámbito dándole a ellos participación”, explicó Ortega.
Lo que obvió Ortega es que ante de la crisis, que inició el 18 de abril, se aprobaron cuatro leyes sin consenso, lo que dejaba entrever que el modelo de diálogo que impuso estaba entrando en franco deterioro y apuntaba a su fin.
Primero el Gobierno aprobó unilateral el salario mínimo, al poco tiempo el Ejecutivo apareció con la propuesta de regular las redes sociales, que afectan indirectamente al sector de telecomunicaciones. Después sorprende con un paquete de leyes antilavado que impactaron al sistema financiero. Y por último, impone una reforma a la Seguridad Social.
Ortega culpa a EE.UU. De la ruptura
Pese a ello, Ortega dijo que la ruptura del modelo de diálogo tiene su origen en el injerencismo de los Estados Unidos, que estaba presionando al sector privado con la aparición de la Nica Act, que busca bloquear el acceso de Nicaragua a recursos en los organismos multilaterales y que por ende se dañaría el clima de inversión.
Algunos economistas como Enrique Sáenz, sin embargo, señaló en una consulta enviada por LA PRENSA la semana pasada, que la ruptura del modelo se originó tras el declive de la cooperación de Venezuela.
“La palanca fundamental en estos 11 años fue la cooperación petrolera venezolana, que posibilitó una plataforma de alianza con la cúpula empresarial. Una vez que se desplomó la cooperación venezolana y que la administración norteamericana comenzó a adoptar una posición crítica, se socavaron las bases de la alianza”, afirma Saenz.
Asimismo señala que Ortega no está en capacidad de gobernar ni con empresa privada, ni sin empresa privada, porque el modelo de los años anteriores se desplomó desde su base y no hay condiciones para reeditarlo.
A criterio de Sáenz si la empresa privada regresar a ese modelo de diálogo, “estarían permanentemente con un cuchillo en la garganta. Ese modelo ya no es ni rentable, ni viable, ni sostenible, ni reeditable”.
Al respecto, el economista Alejandro Arauz, dijo que si la empresa privada intentar volver a ese modelo de diálogo con Ortega, para salvaguardar su riqueza, sería un error grave.
“El país institucionalmente está en el piso, las instituciones y los poderes del Estado ya fueron demolidos políticamente, ninguna reconversión política con Daniel Ortega en el gobierno es posible y benéfica para el país, la población y el empresariado lo saben”, dijo.
Por su parte el ex presidente del Cosep, Erving Krüger dijo que sí el presidente Ortega no desea hablar sobre tema del sector privado, “pues él se priva de obtener una opinión sincera de quienes son independientes y no sus subalternos, y que están en contacto con el sentir de los inversionistas, los mercados, y la población, entre otros”.
El castigo a la cúpula empresarial
El Gobierno ha mostrado su molestia ante la ruptura en la alianza con la empresa privada, pero lo que al parecer le duele más al régimen dictatorial de Ortega, es que este sector su uniera con los que él considera sus enemigos.
The Economist Intelligence Unit, con sede en Londres, señala que Ortega ha tratado de castigar al sector empresarial empresarial representada en el Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua por su colaboración con la oposición, apoyando tácitamente las invasiones de tierras y las adquisiciones de propiedades urbanas.
“Hasta ahora, apretar los tornillos no ha llevado a las principales cámaras empresariales que representan a la agricultura, la industria, el comercio y el turismo a ceder a la presión. Los bancos también han rechazado las demandas de que revelen los nombres de los depositantes que han eliminado grandes sumas de dinero del país. Sin embargo, otros segmentos de negocios podrían sucumbir a la presión para volver al lado del gobierno”.
Los empresarios tienen derecho a exigir temas democráticos
El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Erving Krüger explicó que “los ciudadanos que representan a los empresarios privados, además de ser ciudadanos son humanos, y en esas condiciones tienen derechos de ciudadanos y derechos humanos. Uno de estos derechos es el de ejercer sus derechos políticos y esto no lo puede limitar nadie. Los ciudadanos tienen sus derechos y es obligación de ellos el de ejercerlos, y es obligación del Presidente y su gobierno garantizar que los ejerzan libremente, para así cumplir con la Constitución. Esto crea el clima de tranquilidad y confianza necesario para la inversión, la producción, la generación de empleo y el bienestar”.
Además insistió en que es de “interés nacional que las autoridades gubernamentales dialoguen con el sector privado. De ahí resultan mejores políticas económicas para crear más empleo, aumentar la producción, aumentar las exportaciones, generar ingresos, mejorar la productividad y otros. Ambos sectores están obligados a mantener buenas y eficientes diálogos para el bien de la nación”.
Sobre la limitación que Ortega quiere imponerle al sector privado, Krüger considera que “si el Presidente no desea hablar cobre esos temas con el sector privado y auscultar su opinión, pues él se priva de obtener una opinión sincera de quienes son independientes y no sus subalternos, y que están en contacto con el sentir de los inversionistas, los mercados, y la población, entre otros”.