Después de invadir las tierras, saquear los negocios y chantajear a la banca nacional para que violentara el sigilo, ahora el Gobierno de Daniel Ortega se lanzó contra las exoneraciones que durante 11 años garantizó a la empresa privada, en el marco de su modelo de diálogo-consenso que impuso y ahora ha dado por roto luego que el sector privado le exigiera realizar reformas que encaminen a Nicaragua a la democracia.
La Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin), la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan) y la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda) denunciaron este viernes que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, está negándose a entregar los avales de exoneración que requieren para sacar de Aduana sus productos importados.
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Tras conocerse públicamente la queja del sector privado el jueves, por la noche el Gobierno de Ortega emitió un comunicado negando que la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) esté reteniendo la mercadería importada, pese a “los acontecimientos extraordinarios provocados por los golpistas”.
Gobierno no menciona que Ministerio de Hacienda no entrega avales
Pero en la misma aclaración, enviada por la vicepresidenta designada Rosario Murillo a los medios de comunicación, el Gobierno no explica por qué Hacienda no ha emitido los avales de exoneración que necesitan las empresas, pese a que estas están otorgadas por ley.
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“A pesar de los ataques al sistema informático aduanero, nunca hemos suspendido las comunicaciones para garantizar la digitación, liquidación, pago de tributos en linea y despacho de las declaraciones aduaneras de exportación e importación; siendo totalmente falso que se haya efectuado acciones de presión contra el sector privado nicaragüense, quien por el contrario ha promovido acciones invitando a un paro de labores que no ha sido atendido por el pueblo trabajador ni el gobierno”, se limita a explicar el Gobierno en su comunicado.
Las excusas que Hacienda da a empresarios
Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), explica que “desde los años 50 esta política (de exoneración) se viene aplicando para garantizar que los alimentos de la canasta básica y otros productos no paguen IVA (Impuesto al Valor Agregado), pero desde hace más de un mes el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público argumenta que el sistema no está funcionando y que por eso no está cumpliendo lo establecido en la ley”.
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El sector denuncia que esta negativa no solo está afectando a las importaciones sino también las compras locales y aunque esta medida está dirigida contra los empresarios, señala que a quien más perjudicará será a los consumidores finales que deberán asumir el incremento de precios que provocará la decisión gubernamental.
Afecta importaciones y compras locales
La decisión gubernamental afecta las “importaciones y compras locales de materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios para la maquinaria y equipos, destinados al uso de las actividades propias de los productores de la micro y pequeña empresa, por medio de listas taxativas aprobadas”, detalla Maltez.
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En el caso de las importaciones al no tener el aval, los empresarios no pueden sacar sus mercancías de las aduanas a menos que paguen los impuestos respectivos. Esto incrementaría el costo de producción en toda la cadena de valor, alza que luego es trasladada al precio que paga el consumidor final. Lo mismo ocurriría con las compras locales, que no reciban el beneficio.
Empresas despedirán personal
Además de afectar a la población con el incremento de los precios, de los productos de la canasta básica, la medida reducirá la competitividad de la base exportable del país y dada la crisis que enfrentan actualmente, obligará a muchas empresas a despedir personal.
“Hay empresas que están en capacidad de pagar los impuestos y lo pueden hacer y al final van a trasladar ese costo al consumidor final, pero hay otras que no tienen capacidad de hacerlo y esto agravará aún más la critica situación que enfrentan”, sostiene Maltez.
Por su parte el presidente de la CCSN, Rosendo Mayorga considera que esta medida agudiza la situación que enfrenta el sector comercio que ha sido el más afectado por la crisis. “No tenemos un cálculo específico de la afectación que esto provocará, pero nos afectará a todos”, dice Mayorga.
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Para evitar estos incrementos y la afectación que provocará a la población, en el últimos mes las empresas han solicitado el restablecimiento del mecanismo ante el Ministerio de Hacienda. Ante la falta de respuesta, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) denunció el jueves a través de un comunicado la retención de mercadería en las aduanas.
Otra medida de presión
Los dirigentes de las cámaras empresariales consideran que la medida impulsada por el Gobierno, además de ser un claro incumplimiento de la ley, constituye una medida más de presión contra el sector privado nicaragüense, desde que se iniciaron las protestas cívicas en demanda de justicia y democracia en el país.
Pese a que en los últimos años organismos internacionales en diversas ocasiones aconsejaron al Gobierno eliminar las exoneraciones, el sector privado logró mantenerlas, aunque en la última reforma fiscal se establecieron condicionamientos vinculados a resultados. No obstante, la eliminación de este beneficio que sigue vigente en la ley, requiere de una reforma fiscal.
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Esta no es la única medida de presión que el Gobierno está impulsando en contra de los empresarios. Desde hace varias semanas simpatizantes del gobernante Frente Sandinista han invadido decenas de propiedades urbanas y rurales, muchas de las cuales ya han sido lotificadas.
Además, en los primeros días de la crisis sociopolítica que inició el 18 de abril muchos negocios fueron saqueados y otros quemados. Muchos de los negocios afectados y propiedades invadidas pertenecen a empresarios que han asumido liderazgos en las protestas.
En los 101 días de crisis sociopolítica que enfrenta el país, se han registrado más de cuatrocientos muertos, miles de heridos y decenas de desaparecidos y encarcelados. Además, las afectaciones económicas superan los cuatrocientos millones de dólares.