El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han cometido delitos de lesa humanidad durante los tres meses de protesta ciudadana en busca de justicia y democracia en Nicaragua.
Estos delitos son de orden internacional porque ofenden directamente los derechos humanos que son de carácter universal. Además pueden ser juzgados en cualquier tiempo porque no prescriben. Estos delitos están tipificados en el Código Penal de Nicaragua.
Art. 484 Genocidio (20 a 25 años de prisión), comete este delito quien con el propósito de destruir total y parcialmente a un determinado grupo de personas, por razón de su nacionalidad, raza, creencia religiosa o ideología política, cause muerte de uno o más miembros del grupo.
El 16 de junio las hordas paramilitares quemaron vivos a seis miembros de la familia del pastor Oscar Velásquez Pavón, en el barrio Carlos Marx, Managua, entre ellos dos niños. Aseguraron la quema disparando contra quien se acercara a ayudar.
Art.486 Tortura, (7 a 10 años de prisión) quien someta a otra persona a cualquier tipo de tortura física o psíquica con fines de investigación penal, como medio intimidatorio… Fuerzas paramilitares y policías secuestraron a Marco Novoa, estudiante de 25 años, por apoyar las protestas cívicas, fue “torturado y sodomizado” por ocho días por paramilitares y policías.
El torturador jugaba a la ruleta rusa con él, le metieron un mortero en el ano, lo patearon hasta hacerlo sangrar y lo obligaron a declararse culpable y ser miembro de una banda organizada, relató el joven a medios internacionales, porque tuvo que salir del país.
Relatos como el de Novoa son cientos en Nicaragua. Incluyen desprendimientos de uñas, choques eléctricos y quema con ácido y combustible. Denuncias han sido recibidas por organismos de derechos humanos.
Art. 488 Desaparición forzada de personas, (pena 6 a 10 años de prisión) al detener arbitrariamente a centenares de personas en todos los departamentos del país, sin dar razones de su paradero a sus familiares ni a organismos de derechos humanos. A diario se suman madres de todos los departamentos frente al Chipote (cárcel de tortura) en busca de sus hijos y esposos, sin obtener respuestas.
Art. 489 Ataque a personas protegidas (5 a 10 años de prisión) El 9 de julio turbas orteguistas asediaron, golpearon e hirieron a monseñor Silvio Báez, al nuncio apostólico Waldemar Stanisław Sommertag, al sacerdote Edwin Roman, al cardenal Leopoldo Brenes y al Monseñor Miguel Mántica, quienes llegaron a la Basílica San Sebastian en Diriamba a rescatar a pobladores manifestantes que estaban acorralados por fuerzas paramilitares. Las agresiones sucedieron a vista de la Policía Nacional que no hizo nada.
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Art.496 Actos médicos dañinos (pena 5 a 10 años de prisión) La ministra de Salud Sonia Castro orientó al personal médico no asistir a personas que llegaran heridas por participar en las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega, según han denunciado médicos y ha quedado en evidencia. Producto de esa orden el primer adolescente en fallecer fue Alvaro Conrado, de 15 años, el 20 de abril, no lo recibieron en hospital Cruz Azul. Pobladores denunciaron este tipo de acciones en diversos hospitales de todo el país, cuyos familiares morían abandonados en camillas sin ser atendidos.
Art. 497Ataque indiscriminado a población civil (pena de 15 a 25 años de prisión) El gobierno de Ortega-Murillo ha mandado a la policía y paramilitares a realizar la “operación limpieza”, a costa de lo que sea, según declaraciones del Comisionado Ramón Avellán, a todos los departamentos del país. Este ataque indiscriminado y excesivo en relación a la ventaja militar concreta, afecta a población civil a sabienda que causará muertos y heridos entre dicha población.
Se entiende por ataque indiscrimando todo aquel que no esté dirigido contra un objetivo militar concreto. El pueblo está desarmado.
Art. 498 Ataques contra actos inequívocos de rendición ( pena de 15 a 25 años) Policías y paramilitares atacaron el 14 de julio a estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua) a pesar que ya estaban abiertas las pláticas para una desocupación espontánea y pacífica del recinto universitario con la CIDH de mediadora. El ataque fue desmedido, asesinaron a dos estudiantes y causaron incendio y destrucción. Ese mismo día atacaron el tranque de Lóvago, ubicado al norte del país, a pesar que campesinos manifestantes lo levantaron a cambio de su líder Medardo Mairena, pero en la retirada los emboscaron y asesinaron a varios. Se desconoce cifra, porque paramilitares dominan aún la zona.
Art. 499 Violación de Tregua (Pena 5 a 10 años) Aunque en la mesa del Diálogo Nacional los representantes del pueblo y el gobierno de Ortega acordaron dos días de tregua el 19 y 20 de Mayo, las hordas paramilitares atacaron la Universidad Nacional Agraria (UNA).
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Art.500 Uso indebido de emblemas e insignias (pena seis meses a 3 años de cárcel) El gobierno ha utilizado ambulancias del sistema de salud pública para el traslado de armas y paramilitares e internarlos de forma camuflada a las zonas donde atacan a la población civil. Fotos y videos de los pobladores han mostrado la estrategia de paramilitares.
Art.504 Detención ilegal de personas protegidas (pena de 5 a 8 años de prisión) El gobierno de Nicaragua ha detenido y acusado penalmente a universitarios y líder campesino Medardo Mairena a pesar que estos tienen medidas cautelares otorgadas a su favor por la CIDH.
Art. 505 Incumplimiento del debido proceso (pena de 5 a 8 años de prisión) el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha privado a decenas de personas a ser juzgadas conforme a las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución Política de Nicaragua y el Código Procesal Penal. El Ministerio Público está parcializado a favor del gobierno y ha criminalizado la protesta acusando a manifestantes de terrorismo, asesinato, crimen organizado, incendio y otros delitos solo por el hecho de participar en marchas, barricadas, tranques, llevar alimentos, medicina y ropa a quienes estaban atrincherados en protesta contra la represión. El poder judicial realiza audiencias privadas, no se permite al acusado elegir a su defensa y los dejan sin pruebas.
Art. 506 Omisión y Obstaculización de medidas de socorro y asistencia humanitaria (pena de 4 a 8 años de prisión) el gobierno en estos tres meses de protesta ha obstaculizado la asistencia humanitaria a favor de la sociedad civil, incluso han destruido medicamentos y material de primeros auxilios en universidades, casas e iglesias donde se presta socorro a manifestantes.