La aparente pasividad del Ejército ante el descontrol de grupos armados que andan matando a mansalva en todo el país, ha generado el debate sobre la responsabilidad que le otorga la Constitución Política de Nicaragua a las fuerzas armadas en esta situación.
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El general en retiro Hugo Torres señaló particularmente el doble rasero de esta institución que se vanagloriaba de combatir el crimen organizado en el campo, pero en la ciudad brilla por su ausencia ante la presencia de paramilitares.
Desde el inicio de la crisis en abril, el Ejército emitió dos comunicados en los que manifestó que no levantará sus armas en contra de la población que se manifiesta en las calles.
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Torres aseguró que por la situación actual es deber del Ejército actuar, como lo ha hecho en el campo contra bandas del crimen organizado, sin esperar órdenes del presidente de la República.
“Las bandas de delincuentes armados, que actúan a la vista y paciencia de todo mundo, se le pasean en la cara al Ejército de Nicaragua. Y el Ejército los ve pasar y ve las camionetas llenas de estos asesinos y sabe de sus fechorías y sabe de sus asesinatos. ¿Tiene que esperar órdenes el Ejército para actuar? Yo creo que no. Es su deber actuar”, opinó Torres.
Torres hizo ver que la única diferencia entre el campo y la ciudad es que el daño que pueden causar las bandas armadas es mayor en la ciudad, por la concentración poblacional.
El coronel en retiro Carlos Brenes opinó que la omisión del Ejército en momentos en los cuales el país es víctima de grupos armados, hace a esta institución corresponsable de que esta situación siga sin solución.
Para Brenes, aunque el Ejército esté acuartelado, mantiene sus funciones de inteligencia, por eso considera que la fuerza armada bien podría rendir un informe tanto al Gobierno como a organismos internacionales, sobre estos grupos irregulares, no identificados, que se desplazan por todo el país cometiendo crímenes a la par de la Policía Nacional.
Pero en cambio, según Brenes, el Ejército no informa quiénes y cuántos están participando en el entrenamiento de los grupos paramilitares, aunque “en las redes sociales se señala la participación de oficiales de todos los rangos, colores, reservistas, milicianos, cachorros, históricos y de todo”.
Varias organizaciones políticas han pedido al comandante en jefe del Ejército, general Julio César Avilés, que desarme a los paramilitares que actúan bajo la dirección del gobierno de Daniel Ortega y su esposa, y que hasta ahora han causado 309 muertes con la colaboración de la Policía Nacional, según organismos de derechos humanos.
El experto en temas de seguridad Roberto Cajina explica en un artículo de opinión publicado este martes en Confidencial que la Constitución Política establece, en el segundo párrafo del artículo 92, que “sólo en casos excepcionales, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá en apoyo a la Policía Nacional ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales”.
Pero ante el hecho de que es el mismo gobierno de Ortega el que dirige a estos criminales, Cajina pone en duda que el mandatario ordene una intervención militar.
Actos son de terrorismo
Los grupos armados y encapuchados, mejor conocidos como paramilitares, comenzaron a aparecer a raíz de las protestas ciudadanas contra el gobierno de Daniel Ortega, que también han sido reprimidas por la Policía desde el pasado 18 de abril.
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Los paramilitares se movilizan en camionetas y recorren las ciudades de todo el país, disparando indiscriminadamente a la población. Uno de los casos más terroríficos fue el asesinato de una familia evangélica, quemada en su casa, ubicada en el barrio Carlos Marx de Managua. Durante el crimen, los paramilitares eran acompañados de oficiales de la Policía Nacional.
Armados sin control
El coronel en retiro Carlos Brenes considera que si el gobierno de Daniel Ortega perdió el control de los paramilitares, como lo admitió el canciller de la República, Denis Moncada, la única solución para desarmarlos sería solicitar ayuda internacional, como los cascos azules. Carlos Tünnermann Bernheim, participante en la Mesa del Diálogo Nacional por parte de la sociedad civil, que busca una salida pacífica y constitucional a la crisis del país, fue quien reveló que en uno de los encuentros con el canciller, jefe de la delegación del Gobierno, admitió que los paramilitares se habían salido de control.