Lanzar a las calles a las tropas del Ejército podría acuartelar en cuestión de minutos a los paramilitares y fuerzas especiales de la Policía. Que esas mismas tropas, con artillería mecanizada, se unan con los policías para barrer los tranques, provocaría un mar de sangre de mayúsculas proporciones.
En un país con gran arraigo militar, la intervención del Ejército es vista como la clave para inclinar la balanza para cualquiera de los bandos. Sin embargo, hasta el momento la institución para lo único que ha actuado públicamente es para negar su participación en el conflicto y comprometerse en no empuñar sus armas contra los manifestantes.
Si Daniel Ortega, al igual que de la Policía Nacional, es el jefe supremo del Ejército, ¿por qué no ha utilizado las fuerzas militares contra los protestantes?
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En LA PRENSA consultamos a expertos en seguridad y analistas políticos, quienes valoran si con su actuación el Ejército está siendo cómplice de Ortega o le está dando la espalda. Además, desentrañan qué efectos provocaría la intervención militar en este contexto.
Intereses económicos
A través de su vocero, coronel Manuel Guevara Rocha, jefe de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua, se ha negado cualquier tipo de involucramiento de la institución durante la crisis. Guevara Rocha ha aclarado sobre la participación de militares en el aeropuerto, hospitales, entre otras instituciones públicas.
El 12 de mayo, tres días antes del primer día del Diálogo Nacional, el Ejército emitió un comunicado ambiguo, a través del cual hacía un llamado a la no violencia, respaldaba el diálogo y a la Conferencia Episcopal, pero no condenaba las muertes provocadas por las fuerzas del Gobierno.
Para Roberto Cajina, experto en temas de seguridad, el contenido del comunicado sugiere que el Ejército está guardando las distancias y se está desmarcando de Ortega. “El comunicado es sibilino, porque apoyan el diálogo, la paz, la conferencia episcopal. Se solidarizan con las víctimas, pero no condenan la represión”, dice Cajina.
LA PRENSA solicitó una entrevista con el coronel Guevara Rocha, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
La principal razón para que el Ejército esté guardando distancias es porque está cuidando sus intereses corporativos y económicos, según Cajina. Además de las inversiones en Nicaragua, la institución militar tiene acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y otras inversiones en Estados Unidos.
De manera que involucrarse directamente con Ortega en este contexto podría generarles sanciones económicas contra la institución y miembros de la cúpula militar, así como el Gobierno de Estados Unidos ya empezó hacer la semana pasada contra miembros de la Policía, entre otros funcionarios públicos.
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Otra de las razones para no intervenir a favor de Ortega es que la situación de inestabilidad en el país, así como con los empresarios, está poniendo en riesgo las inversiones del Ejército en Nicaragua.
Sin embargo, otras de las teorías es la de preservar las institucionalidad en una transición política, ya que el Ejército, hoy por hoy, a diferencia de la Policía, es una de las pocas instituciones públicas que no tiene las “manos manchadas de sangre”, según Cajina.
En la actualidad el Ejército goza de reconocimiento internacional. Por ejemplo, el Comando Sur de Estados Unidos ha reconocido públicamente el papel de la Fuerza Naval de Nicaragua en la lucha contra el narcotráfico. En general, las relaciones entre Estados Unidos y el Ejército de Nicaragua son buenas y de forma frecuente funcionarios de la embajada norteamericana en Nicaragua se reúnen con oficiales del Ejército.
Señalamientos
A pesar que de forma oficial el Ejército ha mostrado distancia con respecto al Gobierno, se han dado varios señalamientos donde se involucran a instituciones o miembros del cuerpo militar.
Hay varios videos donde se ve que entran y salen dos camionetas con paramilitares del Hospital Militar. La institución confirmó que el video era real, al asegurar que ese día, el 30 de mayo, en ese momento ingresaban varios policías heridos durante el enfrentamiento que hubo en Managua, en las afueras de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde murieron al menos diez personas. En el comunicado del Ejército, aclaran que les quitaron las armas a los oficiales heridos y las entregaron a la Policía por medio de actas.
Otro hecho que levantó sospechas de la relación del Ejército y el Gobierno fue la presencia de dos helicópteros que escoltaron a Daniel Ortega durante el primer día del Diálogo Nacional, sumado a todo el aparataje de seguridad que desplegó el comandante aquel día.
Las denuncias sobre francotiradores especializados. Sobre este tema, cabe señalar que la Dirección de Operación Especiales de la Policía también tiene francotiradores. El Ejército todos los años los muestra en sus desfiles, aunque la Policía no. Los especialistas descartan que los francotiradores sean paramilitares, ya que para cumplir con esa función se necesitan varios años de entrenamiento. Las dos instituciones que utilizan armas dragunov son el Ejército y la Policía.
El último señalamiento son las declaraciones de un ciudadano que reconoció a dos militares —a los que les dio clases de taekwondo— que golpearon a su hijo.
¿A quién obedece?
Por mando constitucional, Daniel Ortega es el jefe supremo del Ejército de Nicaragua. Sin embargo, “sólo en casos excepcionales el Presidente de la República, en Consejo de Ministros podrá, en apoyo a la Policía Nacional, ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales”, según el artículo 92.
La Constitución dicta que “el Ejército de Nicaragua es una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante”.
Al igual que con los miembros de la Policía Nacional, los militares “no podrán desarrollar actividades político-partidistas ni desempeñar cargo alguno en organizaciones políticas”.
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Otra ley que Ortega tendría a su favor es la aplicación de la Ley de Seguridad Soberana, aprobada el 26 de diciembre de 2015, que con base en conceptos de “soberanía” y “seguridad”, da funciones a los militares para “anticiparse” a posibles actos de “amenazas o riesgos” contra “objetivos” fundamentales del Estado, como narcotráfico, crimen organizado, traición a la patria, desestabilización, y otros conceptos, que a criterio de los expertos, mezclan funciones de seguridad pública con la defensa nacional y antepone mano militar a asuntos del orden civil, como las protestas políticas y reclamos de oposición.
La Ley de Seguridad Soberana se “estira” como un elástico, ya que habla de la aplicación en vista de amenazas y riesgos a la seguridad nacional, pero deja a la discrecionalidad de la institución determinar cuáles son estos riegos y amenazas.
“Yo todavía no veo al Ejército apoyando a la Policía, porque tomaría partido. Como todas las instituciones señaladas ahorita. Si Ortega no ha aplicado la Ley de Seguridad Soberana, es porque es posible que los mandos militares se hayan negado y se lo advirtieron a Ortega”, dice Roberto Cajina.
Fuerza Orteguista
Un exretirado del Ejército, que omitió su nombre, dijo que en la actualidad no debe haber ni ochenta miembros del Ejército que empezaron como oficiales después de saltar de la guerrilla sandinista. Desde hace un tiempo ese sector es minoría dentro del Ejército. Es por eso que este gobierno ha impulsado reformas al Código Militar, en tiempo de servicio, edad de jubilación, entre otras leyes para preservar a la vieja guardia sandinista.
Esto resuelve el problema de inmediato a favor del mandatario pero genera un problema a futuro, ya que se está creando un tapón en la estructura vertical del Ejército: en donde hay un proceso de ascenso en el cual los tenientes tienen la oportunidad de ser comandantes en jefe.
Roberto Cajina dice que Julio César Avilés es el único comandante en jefe —que por ascender desde la contrainteligencia y no de las tropas— no tiene la autoridad política para golpearle la mesa a Ortega, a diferencia de los exjefes retirados Humberto Ortega, Joaquín Cuadra, Javier Carrión y Omar Halleslevens.
El dilema militar
LA PRENSA buscó la opinión de los exjefes del Ejército, generales en retiro Joaquín Cuadra y Javier Carrión, sin embargo, ambos prefirieron no opinar. La última vez que se supo algo de ellos fue cuando Joaquín Cuadra dijo el 23 de abril, cinco días después de haber iniciado la crisis, que la posibilidad de una intervención militar era muy remota.
“No la veo (intervención militar) absolutamente. Sería un error histórico, de incalculables magnitudes para el Ejército y Gobierno de Nicaragua”, agregó Cuadra.
“El papel de las fuerzas armadas está bien claro en la Constitución y las leyes, y sobre todo, bien claro en la doctrina militar que se vino desarrollando con la profesionalización”, explicó Cuadra.
Ante el recrudecimiento de la represión y masacre, algunas voces de disidentes sandinistas exhortan al Ejército a que cierre filas con los manifestantes. El cofundador del Frente Sandinista, Óscar René Vargas, dijo que el Ejército no puede vivir durante esta revolución cívica en una burbuja al margen de la suerte del país. “El Ejército deberá optar abiertamente entre la república democrática o la dictadura”, añadió.
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Para Vargas, la prudencia actual del Ejército indica que tiene intereses más amplios que los que ofrece el marco jurídico viciado del orteguismo. “El Ejército, para su sobrevivencia, tiene que separarse de los errores irreparables del gobierno Ortega-Murillo”, refirió.
El comandante de la revolución Luis Carrión Cruz expresó en el programa de televisión Esta Noche que el Ejército de Nicaragua debe abandonar la posición de “complicidad pasiva”.
“Cuando esto empezó y el Ejército declaró que no iba a intervenir, eso fue visto como una declaración positiva, porque se asumía que mal que bien —aún con represión policial— esta era una lucha cívica, una lucha política, pero Daniel Ortega ha desatado el terror; ha armado civiles, y les soltó la mano para reprimir”, reveló.
El analista político Fernando Bárcenas considera que ante esta situación, cuando la patria se debate entre la justicia o el crimen, el Ejército deberá optar abiertamente entre la nación y la dictadura. “Lo decisivo en el análisis, entonces, es el carácter de la institución armada: mafioso o patriótico, no hay término medio.
Probablemente, un Ejército mafioso decida hundirse históricamente con Ortega, y arrime también su silla a la del tirano sobre los escombros de la sociedad. Pero la prudencia actual del Ejército indica que tiene intereses más amplios que los que ofrece el marco jurídico viciado del orteguismo”, anotó.
Régimen militar
Aunque el Ejército, de llegar a intervenir, pueda inclinar la balanza a favor de los protestantes, las repercusiones políticas pueden ser muy costosas. “El riesgo es darle un poder que no le corresponde y que nunca debe tener en sus manos. La medicina puede ser peor que la enfermedad”, manifestó Cajina.
El problema central es que se convertiría en un árbitro político que decidiría sobre la patria. Tendría poder sobre una sociedad donde lo militar siempre ha tendido un papel preponderante en toda su historia: con Zelaya, Somoza y la Revolución sandinista de los años 80.
“Darle este poder político es entrar en una régimen militar”, aseveró Cajina.
El 14 de mayo la investigadora y experta en seguridad Elvira Cuadra escribió en su blog que una de las peores decisiones del Gobierno sería involucrar al Ejército en las acciones de represión contra la población, porque la consecuencia generaría un grave escalamiento de la violencia.
“Que el Ejército se mantenga en sus cuarteles es una decisión sensata y necesaria no solo para evitar mayores niveles de violencia, sino también porque su intervención quebraría la posibilidad de una salida pacífica y democrática donde prevalezca la voluntad de la sociedad nicaragüense. El Ejército no puede ser el fiel que incline la balanza. No en esta ocasión. El fiel de la balanza es la fuerza de la sociedad nicaragüense”, escribió en la entrada de su blog “El vacío de autoridad, el ejército y el diálogo”.
Tanto en la crisis de Venezuela como en la de Nicaragua, los ciudadanos han pedido la intervención del Ejército. Sin embargo, el rol de los militares no debe ser el orden político, sino la defensa de la soberanía, integridad territorial y la independencia nacional, como en la mayoría de instituciones armadas.
“Se le estaría dando al Ejército el poder de aparecer como salvadores de la patria, cuando en realidad no lo sería porque si interviene lo haría para salvaguardar sus propios intereses corporativos”, dijo Roberto Cajina,