El 19 de abril, un día después que comenzaron las manifestaciones en Nicaragua, la vida cambió en Villa Progreso y Villa Rubén Darío, dos barrios populares ubicados al este de Managua. Ahora, los pobladores viven, después de más de dos meses, entre barricadas, comercios cerrados, calles destruidas, bolsas de basura en las esquinas, ataques de antimotines y asaltos por parte de los paramilitares, sobretodo por las noches.
La vida en estos dos barrios se transformó, según los pobladores, por una simple razón: bordean a la Universidad Politécnica (Upoli), el recinto donde los estudiantes se atrincheraron y el orteguismo se empeñó en atacar. “La lucha de los universitarios es comprensible y justa, pero si no se hubieran venido a atrincherar a la Upoli, quizás estaríamos como antes”, comenta Carolina Urrutia, de 46 años.
La Upoli, la ciudadela universitaria que retó al orteguismo
Desde que los estudiantes se atrincheraron levantaron barricadas en las vías de acceso hacia el recinto, para evitar los ataques de las turbas sandinistas y los antimotines, cuenta el esposo de Urrutia, quien prefirió ocultar su identidad. En estos dos barrios pocas personas —casi nadie— hablan por temor a represalias por parte del Gobierno. Las puertas de las casas permanecen cerradas y, para observar lo que ocurre afuera, lo hacen por ventanas o rendijas.
Urrutia dejó hace 15 días de trabajar como secretaria en un bufete de abogados. Lo hizo porque desde que el pasado 9 de junio los estudiantes abandonaron su atrincheramiento y los paramilitares orteguistas ahora son la ley en la zona: rondan las viviendas día y noche. El temor está latente. “Es difícil salir a trabajar porque estos hombres andan armados, aquí hay que estar ‘ojo al Cristo’ porque en cualquier momento te pueden robar o hasta matar”, sostiene.
De las barricadas que semanas atrás se mantenían firmes, con hasta dos metros de altura y resguardadas por jóvenes con morteros y bombas molotov, solo quedan algunas: policías encapuchados, paramilitares y personal de la Alcaldía de Managua llegan casi diario para quitarlas, tal y como lo están haciendo también en León, Matagalpa y Masaya bajo el denominado “Plan Limpieza”, encomendado por el gobierno orteguista.
Basura en cada esquina
La basura abunda en la zona porque los camiones de la comuna capitalina no pasan a recolectarla, las moscas se han proliferado y el hedor, dicen, ya comienza a fastidiarles. “Es como un castigo pasar el día dentro de las casas cuando el sol calienta y el hedor se alborota”, confiesa Juana, de 29 años, quien cree que esta es parte de la venganza gubernamental contra los pobladores que en el sector apoyaron a los atrincherados.
“Fuera Ortega”, “Que se vayan”, “Que se rinda tu madre”, “Vivan los estudiantes”, son las pintas que dejaron los jóvenes en casas y comercios ubicados a los alrededores de la Upoli, mismos que están cerrados por temor a los saqueos y a la falta de clientes. “Los dueños estamos perdiendo mucho dinero, mis inquilinos no me han pagado la renta desde hace dos meses. Pero yo no puedo exigirles, porque ellos también están perdiendo”, comenta Luz Palacios, de 36 años, dueña de dos locales en el sector.
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En los alrededores de la Upoli hay exactamente seis barrios, en cuatro de ellos la circulación intenta volver a la normalidad. Pero en Villa Progreso y Villa Rubén Darío son escasos los vehículos que ingresan a la zona porque, según los lugareños, hay callejones que en algunos momentos aparecen paramilitares para intimidar, detener y revisar los autos. Los buses —como la 104— que antes recorrían esta zona, tampoco están pasando cerca.
Varios negocios y casas tienen pegados letreros con la leyenda: “Se vende”. Carolina Urrutia relata que algunos vecinos comenzaron a vender sus viviendas porque buscan cómo salir del país. “Quién va querer estar en este país si no se sabe cuánto tiempo más durará esta crisis”, comenta, mientras su esposo le hace una seña para que ya no diga nada más. Lo hace al escuchar que pasa rápidamente una camioneta Hilux.
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El desempleo, el miedo y la incertidumbre por la crisis que hay en Nicaragua son algunas de las razones que están impulsando a centenares de nicaragüenses a salir del país. Las delegaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) en los departamentos están cerradas, por lo que muchas personas han tenido que viajar hasta Managua para poder tramitar su pasaporte.
Nicaragua atraviesa desde el 18 de abril una crisis sociopolítica que, tras la represión gubernamental, se registran 212 personas muertas y 1,337 heridos hasta el 19 de junio, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta catalogada como la mayor masacre en el país desde el fin de guerra a finales de la década de los años 80.
Elizabeth Cajina, pobladora de Villa Progreso, cuenta que es muy difícil “despertar con ráfagas de disparos, con incertidumbre y angustia. El 16 de junio fue el peor de los días, escuchar tantas detonaciones, por todos lados y tan seguidas. Con el gran temor de salir de nuestros hogares y que nos fueran a matar”.
“Es imposible poder dormir”
Cajina también coincide con Urrutia en que las noches durante estos dos meses han sido angustiantes. “Es imposible poder dormir si sabés que te puede pasar algo a vos en tu propio hogar. Todos estamos expuestos y eso genera temor, intranquilidad, angustia, te desestabiliza completamente”, confiesa mientras agacha su mirada, aún con tristeza.
Pese a que antes de que se retiraran los estudiantes atrincherados, el pasado 9 de junio, luego de que se infiltraron miembros de la Juventud Sandinista, los pobladores ya estaban en medio de los ataques de los antimotines y paramilitares, Cajina cuenta que todos se unieron para apoyar a los jóvenes porque saben que “es una lucha contra un régimen asesino”.
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“Sacabamos baldes de agua con bicarbonato para contrarrestar los efectos de las bombas lacrimógenas, suministros médicos y víveres. Recuerdo que en abril que nos cortaron la luz y atacaron una hora a los estudiantes, los pobladores comenzamos a hacer fogatas para que tuvieran visibilidad, pues son chavalos sin experiencia, pero con coraje”, recuerda Cajina.
La presencia de paramilitares mantienen prácticamente en toda Managua un toque de queda, pero en Villa Progreso y Villa Rubén Darío el asedio es más fuerte. Salir de las casas, aunque sea para tomar aire, según los pobladores, puede ser mortal. Las luces de las viviendas, incluso, tratan de mantenerlas apagadas por las noches. Pero están claros de algo, dicen: “Todo esto que estamos pasando lo tiene que pagar este gobierno”.
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