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El ataque en la marcha del Día de las Madres ha sido una de las jornadas más violentas en el contexto de las protestas en Nicaragua. LA PRENSA/W. López

Los 7 puntos claves del informe de la CIDH sobre la represión orteguista en Nicaragua

Además de los 212 muertos, la CIDH detalla otras violaciones del Gobierno de Nicaragua como la negación de la atención médica, las amenazas y la falta de investigación

En dos meses, 212 personas han muerto debido a “la acción represiva del Estado” contra las manifestaciones que los nicaragüenses iniciaron desde el 18 de abril contra el Gobierno de Nicaragua, concluyó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una visita de trabajo al país. El informe, presentado este viernes en la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), revela además siete puntos claves sobre la represión estatal y la violación de los derechos humanos en Nicaragua.

1- El uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial. Desde que iniciaron las protestas en Nicaragua, el Gobierno envió a grupos de antimotines a reprimir a los jóvenes que estaban en Camino de Oriente manifestándose de forma pacífica. Desde ese momento, toda manifestación ha sido reprimida con balas mientras la población se ha defendido con morteros y piedras.

En este sentido, la CIDH “advierte que la magnitud de la violencia estatal y el tipo de estrategias implementadas hacen evidente la existencia de acciones coordinadas para controlar el espacio público y reprimir los reclamos sociales”. En las protestas también se ha denunciado la presencia de francotiradores y la CIDH menciona en su informe el uso de “armas letales” por parte de la Policía Nacional, incluso contra niños y adolescentes.

Un antimotín dispara en contra de estudiantes en el sector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el 28 de mayo de 2018. LA PRENSA/ JADER FLORES
Un antimotín dispara en contra de estudiantes en el sector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el 28 de mayo de 2018. LA PRENSA/ JADER FLORES

2- El uso de grupos parapoliciales o grupos de choque. Las manifestaciones también han sido reprimidas por paramilitares armados que han actuado a la vista de agentes policiales. Estas fuerzas de choque han sembrado el terror en los tranques, las barricadas, los barrios y en las marchas pacíficas.

La CIDH evidenció, mendiante testimonios y pruebas, “que desde el inicio de las protestas ha existido la participación de grupos de terceros armados y grupos parapoliciales, quienes han realizado acciones violentas en conjunto con la Policía Nacional o con su aquiescencia para amedrentar, vigilar y reprimir, inclusive mediante actos violentos, a los manifestantes que se oponen al gobierno”.

La información incluida en el informe de la Comisión detalla que “en muchos de estos casos dichos grupos actúan por instrucciones de la misma Policía Nacional, o incluso que son organizados, armados y accionan por instrucciones de alcaldes locales o de secretarios políticos barriales”.

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Los paramilitares se movilizan armados en camionetas Hilux sembrando el terror en la población. LA PRENSA/Oscar Navarrete

3- Obstáculos en el acceso a la atención médica. Como forma de represalia, los hospitales públicos han negado la atención médica a los manifestantes que han resultado heridos. Uno de los casos más emblemáticos es el de Álvaro Conrado, el niño de 15 años a quien un supuesto francotirador le disparó mientras el menor pasaba agua a los jóvenes que se defendían del ataque policial en la Catedral de Managua. Conrado fue trasladado al hospital Cruz Azul pero le negaron la atención, confirmaron los padres del niño. Aunque fue trasladado a otro hospital, el niño murió por no recibir atención médica inmediata.

En su informe, la CIDH menciona que recibió información sobre “órdenes de restringir la salida y el tránsito de ambulancias y el trabajo de personal de asistencia humanitaria como bomberos, personal de la Cruz Roja, así como de personal médico, paramédico, estudiantes de medicina y personas voluntarias”.

4- Detenciones arbitrarias de jóvenes y adolescentes. Desde que iniciaron las protestas y hasta el pasado 6 de junio, la CIDH documentó los casos de unas 507 personas que fueron detenidas arbitrariamente por participar en las protestas en contra del Gobierno o que simplemente transitaban en vías públicas en la zona de los incidentes. La mayoría de los detenidos han sido jóvenes y adolescentes.

La CIDH asegura que las detenciones se realizaron “mediante el uso arbitrario y desproporcional de la fuerza y no se basaron en los motivos previstos en la ley ni cumplieron las formalidades previstas en la misma, sino que constituyeron más bien un castigo”.

Asimismo, las personas detenidas arbitrariamente relataron a la CIDH que fueron sometidas a distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. “Algunos de los tratos descritos alcanzan el umbral de tortura, durante el momento de su aprehensión y mientras se encontraban privadas de su libertad”, documenta la CIDH en su informe.

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La Policía ha asesinado, golpeado y capturado a los manifestantes que protestan contra el Gobierno. LA PRENSA/Jader Flores

5- Campañas de estigmatización y censura directa e indirecta. Desde el segundo día de protestas en Nicaragua, Rosario Murillo, vicepresidenta designada de Nicaragua, llamó a los manifestantes “minúsculos grupos que azuzan y desestabilizan para destruir Nicaragua”, estigmatizando así a los manifestantes a un pequeño grupo. La CIDH recoge en su informe otros adjetivos que Murillo y los medios del gobierno han usado para describir a los manifestantes. Se acusa a quienes protestan, especialmente a jóvenes que organizan cortes de ruta, de “delincuentes” o “vándalos” que cometen “actos terroristas y de crimen organizado” y causar “caos, dolor y muerte” en el país y violar el derecho al trabajo de las familias nicaragüenses”.

La CIDH documenta también los casos de censura directa e indirecta “que restringen la más amplia información pública sobre lo que está sucediendo en el país”. Algunos medios de comunicación y periodistas enfrentan obstáculos para realizar sus labores, especialmente los medios de comunicación independientes. “Durante las manifestaciones algunos medios fueron sacados del aire, un periodista fue asesinado y otros fueron heridos”, concluye la CIDH.

6- Intimidaciones y amenazas contra líderes de movimientos. Ataques, actos de intimidación, amenazas, incluidas de muerte, y campañas de desprestigio son parte de la información recogida por la CIDH que han sufrido los manifestantes, líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos, familiares de víctimas y religiosos. En este sentido, la CIDH concluye que estas personas “se encuentran en una situación de grave riesgo. En razón de ello, la CIDH ha solicitado al Estado nicaragüense adoptar de forma inmediata medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de varias personas”

De igual forma, trabajadores del Estado brindaron su testimonio a la CIDH y afirmaron haber sido coaccionados a “participar en actos a favor del gobierno bajo amenaza de ser despedidos o que han sido despedidos bajo ‘órdenes superiores’ por haber apoyado las protestas”.

Silvio Báez, protestas en Nicaragua
Silvio Báez es uno de los religiosos que han sido amenazados de muerte por afines al Gobierno. LA PRENSA/J. Estrada

7- Falta de investigaciones. La CIDH observa “serias” vulneraciones en el acceso a la justicia de las víctimas y familiares “que se reflejan principalmente en la falta de diligencia del Estado de investigar las muertes y lesiones ocurridas en el marco de las protestas, así como irregularidades en la determinación de los hechos ocurridos”.

La CIDH logró constatar las irregularidades en el registro de información para el esclarecimiento de los hechos, entre estos la no realización de autopsias e investigaciones y peritajes tardíos.

“La CIDH constató con gran preocupación el hecho de que a familiares de personas fallecidas se les instruyó a firmar actas de desistimiento de traslado de los cuerpos a Medicina Legal y a desistir de la presentación de denuncias como requisito para entregar las actas de defunción”, dice la CIDH en su informe final.

De igual forma, la CIDH documentó el clima de desconfianza por parte de las víctimas, familiares y representantes a en presentar denuncias ante las instituciones encargadas de investigar los delitos cometidos en el marco de las protestas por la falta de credibilidad en la Policía Nacional y el Ministerio Público.

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