La Comisión Permanente de Derechos humanos (CPDH), ya remitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), videos con los testimonios de testigos que mencionan haber visto que paramilitares fueron trasladados al barrio Carlos Marx, en camionetas rotuladas con nombres de instituciones del Estado, el sábado 16 de junio día de la masacre de la familia Velásquez Pavón.
La identidad de los testigos es protegida por la CPDH por su seguridad, señala el asesor legal de esa organización, Pablo Cuevas.
“Yo miré camionetas del Magfor, de la DGI y de la Alcaldía, camionetas civiles, así Hilux de los famosos escuadrones de la muerte, sin placas”, refiere en su testimonio del testigo proporcionado a la CPDH.
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“Los hombres ¿cómo andaban vestidos?”, preguntó Cuevas al testigo, quien recibió por respuesta, “encapuchados, los Juventud Sandinista, con camisas de la JS y detrás iba la Policía tirando también. Ellos iban adelante disparando y después la Policía los iba acuerpando de trás a ellos. Eran como unas quince, veinte camionetas las que iban”.
Según indicó el testigo, los hombres portaban fusiles de guerra y en el trayecto iban disparando, “a tirar a matar, no iban respetando ni a niños, ni ancianos, ni tamaño ni color”.
El testigo explicó que aunque quisieran apoyar para rescatar a la familia nada podían hacer porque “el sector estaba rodeado de policías y de la Juventud Sandinista agarrándonos a balazos a matar, allí lo que hicimos fue correr y buscar como salvar nuestras vidas”.
El mismo testigo relató a Cuevas que después de haber cometido la masacre la caravana de paramilitares amparados por la Policía tomaron con rumbo a los semáforos del Mercado de Mayoreo y al que encontraban en la carretera “le iban volando balas”.
“Hechos como este solos puede hace un Gobierno que tiene una tendencia genocida”, expresó Cuevas, quien manifestó que el propio día del múltiple crimen enviaron los testimonios la CIDH iniciaron el proceso para pedir medidas de protección para tres sobrevivientes.
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Armando Aníbal Beteta Sevilla, de 61 años, denunció en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que a su hijo Enmanuel Beteta Espinoza, de 29 años, lo pretenden involucrar en el múltiple crimen.
Beteta Sevilla, aseguró en el Cenidh que el sábado pasado él fue advertido a través de una llamada telefónica que a su hijo “lo estaban involucrando que había sido una de las personas que había estado metido en lo que fue el incendio desastroso, ese la quema, la masacre que hicieron allí en el barrio Carlos Marx en una colchonería”.
Las amenazas contra Beteta Espinoza han subido de tono, pues la denuncia fue subida a las redes sociales, lo que ha provocado la animadversión en su contra que ponen en riesgo su seguridad y la de su familia, denunció su progenitor quien considera que son personas que usan perfil falso.
“Me están acusando sin tener ninguna prueba”, sostuvo Beteta Espinoza quien alegó su inicencia.
No hay a quién recurrir dice Cenidh
Gonzalo Carrión explicó que en el caso de Enmanuel Beteta Espinoza buscarán implementar todas las medidas legales de prevención a su favor, aunque recordó que los recursos internos son ineficaces.
Esto porque reflexionó Carrión “¿quién lo va a proteger? ¿Lo va a proteger la Policía para que no le pase nada? no, si es la Policía la que lo estaría persiguiendo?¿Lo va a proteger la Fiscalía para que no le pase nada? (…) no porque son parte”.
Carrión llega a la conclusión que estas estructuras conspiran contra la justicia, porque no hay un caso donde estén acusados los agentes del terror.